El debate sobre el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña ha trascendido la mera controversia administrativa. No se trata solo de un documento emitido por el Departamento de Estado, sino de un cuestionamiento sobre cómo Puerto Rico se define a sí mismo, la relación entre ciudadanía e identidad nacional, y quién tiene la autoridad para determinar qué implica ser puertorriqueño.

El 21 de agosto de 2026, la Cámara de Representantes aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 348, presentada por el representante del Partido Nuevo Progresista Ángel Morey Noble. Esta resolución ordena al Departamento de Estado detener la emisión de Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña y derogará el Reglamento 7347 que regula dicho proceso. La propia legislación confirma que la medida fue presentada el 11 de mayo con esta finalidad. Según Metro Puerto Rico, su base legal sostiene que la ciudadanía puertorriqueña no es una ciudadanía soberana e independiente de la estadounidense.

Aún no es ley. Según la información disponible, la resolución debe pasar por el proceso legislativo y, finalmente, contar con la firma de la gobernadora Jenniffer González. Sin embargo, reducir este asunto a una simple cuestión técnica sería ignorar su gran carga histórica.

La ciudadanía puertorriqueña no es algo reciente. En 1997, en Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, el Tribunal Supremo de Puerto Rico afirmó que existe una ciudadanía puertorriqueña en el marco de la Constitución local, aunque no una ciudadanía soberana, internacional e independiente de Estados Unidos. Además, el tribunal destacó que esta ciudadanía está vinculada al Estado Libre Asociado y que sus antecedentes se remontan a las leyes Foraker y Jones.

Una década después, el Departamento de Estado empezó a emitir certificados formales. Juan Mari Brás recibió el primero en septiembre de 2007. Para abril de 2008, se habían entregado 1,510 certificados. El secretario de Estado en ese momento, Fernando Bonilla, calificó la respuesta de significativa. Como miles de boricuas, yo también obtuve y conservo mi Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña.

Por eso, el documento tiene un significado que trasciende cualquier trámite burocrático. Para muchos puertorriqueños, simboliza algo fundamental: que Puerto Rico desarrolla una identidad política propia, que existe un pueblo puertorriqueño distinto y que esa identidad merece ser reflejada institucionalmente. Ahí está, señoras y señores, el dilema para el PNP: la estadidad que desean es incompatible con una identidad puertorriqueña propia, política y con gran orgullo. Para que la unión con Estados Unidos sea remotamente posible, es necesario disminuir y borrar la identidad nacional puertorriqueña.

España y una definición jurídica extraordinaria de Puerto Rico

Aquí aparece una dimensión poco conocida de este debate: España.

El marco jurídico español ofrece una descripción de Puerto Rico mucho más clara de lo que la mayoría de los puertorriqueños sabe. En una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado del 25 de junio de 2007, publicada en el Boletín Oficial del Estado, España reafirmó los criterios ya establecidos en resoluciones de 1996 y 2004.

La resolución describe a Puerto Rico como “un país iberoamericano, de cultura y lengua hispánica” y aclara que el concepto español de país iberoamericano integra elementos americanos con una herencia cultural y lingüística española o portuguesa. La distinción es significativa.

Esto no implica que España reconozca diplomáticamente a Puerto Rico como un Estado soberano independiente. En cambio, indica que, en ciertos aspectos del derecho español de nacionalidad, existe un reconocimiento explícito de la condición de Puerto Rico en el ámbito iberoamericano como país y nación.

El Código Civil español ofrece a los ciudadanos de países iberoamericanos una vía privilegiada para obtener la nacionalidad española: solo dos años de residencia legal, en lugar de los diez años generalmente requeridos. La resolución de 2007 incluso señaló que un puertorriqueño que obtiene la nacionalidad española no necesita renunciar a su ciudadanía estadounidense, ya que España considera a Puerto Rico parte del espacio iberoamericano.

Este dato tiene un gran valor simbólico. Mientras el derecho federal de EE. UU. incluye a Puerto Rico como territorio bajo la soberanía del Congreso (y no reconoce a Puerto Rico como país o nación), una institución jurídica española se refiere explícitamente a Puerto Rico como un país de cultura y lengua hispánicas. Es decir, aunque el gobierno de EE. UU. rechaza la identidad distinta y la cultura puertorriqueña, España sí la reconoce, la respalda y la valora.

El certificado no crea nuestra identidad

También es importante evitar exageraciones en este punto. Quitar el certificado no borraría automáticamente la consideración de Puerto Rico como país iberoamericano según España, ni necesariamente impediría que los puertorriqueños usaran la vía especial establecida en el Código Civil español. Esta doctrina se basa en la legislación española y no en una decisión de la Legislatura de Puerto Rico.

Tampoco se ha probado que la motivación de la Resolución 348 sea impedir que los puertorriqueños obtengan la ciudadanía española. Lo que se puede afirmar claramente es que hay una contradicción política evidente: algunos sectores estadistas y asimilistas ven la institucionalización de la ciudadanía puertorriqueña como una amenaza, innecesaria o jurídicamente confusa, mientras que otros la consideran una afirmación esencial de su identidad cultural, nacional e histórica. Por eso, el certificado se ha convertido en un símbolo en una lucha más amplia por el significado de ser puertorriqueño.

España reaparece en el debate puertorriqueño

Esta controversia también refleja un fenómeno interesante: el resurgimiento del debate sobre las relaciones entre Puerto Rico y España.

En octubre de 2024, el jurista y profesor Rafael Maldonado de Guevara propuso una Ley de Nacionalidad Española Reparativa para Puerto Rico. La propuesta, basada parcialmente en la legislación española para descendientes de sefardíes, argumenta que España debería ofrecer voluntariamente la nacionalidad a los descendientes de puertorriqueños que dejaron de ser españoles tras la guerra del 1898.

La propuesta ha llegado más allá de los círculos académicos, siendo debatida en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y luego destacada en el Primer Congreso Internacional Puerto Rico y España, celebrado en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón.

En enero de 2026, Aguadilla fue el primer municipio en Puerto Rico en adoptar oficialmente una adhesión a la propuesta de nacionalidad reparativa, según informó Metro Puerto Rico.

El Diario de Nueva York también entrevistó a Maldonado de Guevara y señaló que el proponente enfatiza el apoyo recibido tanto en Puerto Rico como en España.

Eso no representa una encuesta científica ni indica apoyo mayoritario. Sin embargo, muestra que la iniciativa dejó de ser una curiosidad marginal y ahora participa en universidades, medios, instituciones municipales y espacios públicos de debate.

Del hispanismo cultural al reunificacionismo

En paralelo ha aparecido una nueva corriente política puertorriqueña que plantea algo más ambicioso: la reunificación política de Puerto Rico con España (como Comunidad Autónoma) como posible fórmula de descolonización. Existe un movimiento organizado, con asociaciones activas, presencia mediática y comparecencias internacionales. En julio de 2026, por ejemplo, Radio Libertad entrevistó al presidente de Adelante Reunificacionistas, José Lara Fontánez, sobre el crecimiento y las estrategias de la organización.

Para algunos de sus seguidores, España ya no es solo la potencia que gobernó Puerto Rico desde 1493 hasta 1898. Ahora también representa una nación hispánica moderna, en la que la constitución protege el idioma español, las identidades regionales y las autonomías territoriales. Para los reunificacionistas, España simboliza el país del que nuestros ancestros puertorriqueños formaron parte como ciudadanos, disfrutando del primer gobierno autónomo español en las Américas.

De ahí surge una interesante paradoja histórica: algunos puertorriqueños que desean proteger su identidad nacional boricua ven en España un Estado que reconoce legalmente la conexión cultural de Puerto Rico con Iberoamérica, pero, al mismo tiempo, temen que desde Puerto Rico se eliminen símbolos institucionales de esa identidad.

Un documento con una pregunta enorme

El Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña no otorga a Puerto Rico el estatus de estado independiente ni es reconocido internacionalmente, salvo por España. Además, no reemplaza un pasaporte estadounidense ni resuelve nuestra situación política y colonial.

Los símbolos son importantes porque reflejan nuestra identidad. Puerto Rico ha resistido más de un siglo de americanización, manteniendo su idioma, cultura, tradiciones y un sentido colectivo de identidad plenamente puertorriqueña. La ciudadanía estadounidense y la identidad puertorriqueña han coexistido durante generaciones. No hay razón lógica para destruir una para aceptar la otra.

La identidad nacional puertorriqueña se ha construido a lo largo de los siglos y sigue vigente en nosotros; en cambio, la ciudadanía estadounidense fue impuesta unilateralmente por el Congreso en 1917, con el fin de ejercer mayor control y enviarnos a sus guerras. Es decir, la ciudadanía estadounidense no iguala en valor ni en significado a la identidad nacional puertorriqueña.

Por ello, la controversia respecto a la Resolución 348 va más allá del PNP, del independentismo y del reunificacionismo. La cuestión fundamental tiene raíces más antiguas:

¿Puede Puerto Rico conservar institucionalmente el derecho de llamarse a sí mismo pueblo, país y comunidad nacional?

Sí. Puerto Rico, como nación, tiene derecho a definirse como pueblo, país y nación. El PNP y los asimilistas que niegan a Puerto Rico y rechazan llamar a Puerto Rico una nación - prefiriendo el término estéril de “jurisdicción” - ven el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña como amenaza, por lo que buscan eliminarlo.

España, paradójicamente, ya ha respondido en parte desde su propia perspectiva: Puerto Rico forma parte del mundo iberoamericano y tiene una cultura, identidad y lengua española propias. Ahora es tarea de los puertorriqueños decidir cuánto valoran que sus instituciones sigan reconociendo la existencia de una ciudadanía puertorriqueña.

Sobre Javier A. Hernandez

Javier A. Hernández es un autor, escritor, empresario, asesor y defensor de la soberanía y la descolonización puertorriqueño radicado en Nueva Jersey y Puerto Rico.