Hay momentos en la historia en que un gobierno deja de comportarse como gobierno y empieza a comportarse como si presintiera su final. No lo dicen en voz alta, pero se les nota en los gestos, en la prisa, en la forma en que firman leyes como quien firma testamentos, en la manera en que reparten permisos, contratos y territorios como si el país fuera una herencia que deben liquidar antes de que llegue el relevo. Esa es la sensación que hoy se respira en Puerto Rico: la de un liderato que actúa como si supiera que su tiempo político se acaba y, en vez de corregir rumbo, acelera el desmantelamiento.

Se comportan como quien recibe un diagnóstico terminal y decide quemar las naves. No para salvar al país, sino para asegurarse de que, cuando ya no estén, todo quede amarrado a su conveniencia. Por eso cambian el Código Electoral con una urgencia que no muestra preocupación democrática, sino miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que la voluntad del pueblo no les favorezca. Miedo a que el 2028 llegue como una sentencia. Y ese miedo se traduce en leyes que alteran las reglas del juego, que reescriben procesos, que buscan garantizar ventajas futuras aunque el país entero pague el precio.

La misma prisa se ve en la forma en que han ido desmontando protecciones ambientales, como si las costas, los suelos y los recursos naturales fueran obstáculos y no patrimonio. Permiten proyectos que alteran comunidades enteras, que privatizan accesos, que levantan muros frente al mar como si el mar no tuviera memoria. Y lo hacen con la frialdad de quien sabe que no tendrá que enfrentar las consecuencias. Como si el país fuera un tablero que pueden abandonar cuando ya no les sirva.

La ciudadanía protesta, pero ellos legislan para que protestar sea más difícil. La prensa exige transparencia, pero ellos cierran puertas, archivan documentos, retrasan respuestas, entorpecen el acceso a la información pública. La opacidad se convierte en política de Estado. No es casualidad: es estrategia. Un gobierno que teme ser relevado necesita silencio. Necesita sombras. Necesita que nadie vea cómo se reparte lo que no les pertenece.

Y mientras más se acercan las elecciones, más evidente se vuelve la carrera contra el reloj. No gobiernan: aseguran. No administran: blindan. No planifican: amarran. Actúan como si supieran que el país está a punto de cambiar de manos y quieren dejar todo atado, firmado, aprobado, construido, vendido, antes de que llegue el día en que ya no puedan hacerlo. Es la política del “después de mí, el diluvio”, pero aplicada a un territorio que no les pertenece.

Lo más inquietante es la naturalidad con la que lo hacen. Como si fuera normal que un gobierno legisle para sí mismo. Como si fuera aceptable que se eliminen derechos, se debiliten protecciones, se silencie la protesta y se oculte información. Como si el país fuera un botín y no un bien común. Como si la democracia fuera un trámite y no un compromiso.

Pero un gobierno que actúa así no es un gobierno seguro de sí mismo: es un gobierno que teme. Y un país que observa, que denuncia, que exige, que recuerda, es un país que no se deja enterrar con ellos. La historia demuestra que ningún poder que se aferra al control mediante el miedo, la opacidad y el desmantelamiento logra sostenerse indefinidamente. La prisa con la que actúan no es fortaleza: es confesión.

Porque cuando un gobierno empieza a quemar las naves, no es el país el que está muriendo: es su poder. Y el país, aunque ellos no lo acepten, sigue vivo, sigue despierto, sigue reclamando lo que es suyo. El país no les pertenece. Y el tiempo, aunque intenten estirarlo, tampoco.

Sobre Daisy Sánchez

Su labor profesional en el campo del periodismo y la investigación le han merecido varios reconocimientos. Dos de sus libros han sido premiados: "Cita con la Injusticia" y "La que te llama vida: In?