Por: Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez

Abogado y Profesor de Derecho

Yo acuso.

Y acuso con plena conciencia de lo que significa hacerlo en un momento histórico como este. No acuso por efectismo ni por provocación. Acuso porque el fascismo, cuando no se nombra, se normaliza; y cuando se normaliza, se consolida. La historia del siglo XX es clara al respecto, y fingir sorpresa ante lo que hoy ocurre es una forma sofisticada de negación y complicidad.

El título de esta columna no es una licencia literaria. Es una referencia deliberada y necesaria a J’Accuse…! de Émile Zola, publicado en 1898 para denunciar la corrupción moral del Estado francés en el caso Dreyfus. Zola entendió algo que sigue siendo incómodo más de un siglo después: que las grandes injusticias no se sostienen solo por la acción de un poder autoritario, sino por la colaboración activa o pasiva de instituciones, élites políticas, medios de comunicación y comentaristas que prefieren el orden a la verdad. Zola no escribió para convencer a los poderosos; escribió para dejar constancia histórica de quiénes sabían y aun así callaron. Esa es la función de esta acusación.

Hablar de fascismo hoy incomoda porque obliga a abandonar la ficción de que se trata de un fenómeno superado, confinado a libros de historia o a imágenes en blanco y negro. Pero el fascismo no es una estética ni un recuerdo; es una forma concreta de organización del poder que emerge cuando el capitalismo entra en crisis estructural y ya no puede gobernar mediante consensos democráticos mínimos. En ese momento, el capital recurre al Estado autoritario para asegurar la continuidad de la acumulación, el control de poblaciones consideradas excedentes y el dominio sobre territorios y recursos naturales estratégicos.

El fascismo no surge contra el capital, sino como su tabla de salvación. Cuando la desigualdad se vuelve insostenible, cuando los derechos sociales estorban la rentabilidad, cuando las mayorías comienzan a reclamar justicia material, el sistema responde sustituyendo la política por la fuerza, el derecho por la excepción y la ciudadanía por la obediencia. El enemigo, real o fabricado, se vuelve indispensable para justificar ese tránsito. Ayer fue el judío, el comunista o el gitano. Hoy es el migrante latino, el pobre, el disidente, el que protesta y el Antifa.

En la Alemania de los años treinta, nada de lo que ocurrió comenzó con cámaras de gas. Comenzó con decretos. Con listas. Con discursos que hablaban de “invasiones”, “enemigos internos” y “restaurar el orden”. Comenzó con jueces que miraron hacia otro lado, con empresarios que aplaudieron, con periodistas que justificaron y con políticos que calcularon que podían convivir con el monstruo. Así ocurrió en la Europa de entreguerras del siglo XX. Así ocurre hoy, con nuevas tecnologías, nuevos lenguajes y redes sociales, pero con las mismas lógicas de fondo.

Al principio persiguieron a otros y muchos guardaron silencio, convencidos de que no les concernía. Luego, la injusticia avanzó, apresando a más personas, y aun así, la comodidad, el miedo o el cálculo político impusieron la mudez. Cada atropello tolerado fue allanando el camino al siguiente, hasta normalizar el abuso como si fuera ajeno o inevitable. Como advirtió el pastor alemán Martin Niemöller, cuando finalmente fueron por quienes callaron, ya no quedaba nadie con la voz intacta para protestar.

Bajo ese marco histórico y económico, lo que representa Donald Trump no es una anomalía personal ni una excentricidad ideológica. Es la expresión coherente de un proyecto autoritario que responde a un capitalismo estadounidense en crisis, decidido a preservar su hegemonía mediante la fuerza, el miedo y el despojo. El lenguaje de “invasión” para describir la migración no es un exceso retórico: es la deshumanización necesaria para suspender derechos y normalizar la violencia estatal. Cuando se declara una invasión, se habilita el estado de excepción. Cuando se declara un enemigo interno, se justifica su persecución y asesinato.

Las políticas migratorias de Trump no buscan regular flujos; buscan disciplinar poblaciones. Las redadas masivas, las detenciones administrativas sin debido proceso real, el uso de la fuerza letal por parte de ICE y la defensa automática de los agentes que matan civiles responden a una lógica clara: el Estado no rinde cuentas cuando ejerce violencia contra quienes han sido previamente despojados de su condición humana. El asesinato de la activista Renee Nicole Good en Minneapolis y la reacción oficial que lo justificó y encubrió no son accidentes; son la consecuencia directa de ese marco autoritario. Cuando la protesta que sigue a la muerte se criminaliza y se califica de terrorismo interno, el círculo se cierra: la violencia estatal se legitima y la disidencia se convierte en delito.

A esta arquitectura del miedo se añade un elemento fundamental del fascismo contemporáneo: el uso de la tecnología y de bases de datos civiles para la persecución política y social. El control ya no requiere campos de concentración; requiere información, cooperación administrativa y gobiernos locales dispuestos a servir de engranaje. Y aquí es donde la clase política de Puerto Rico deja de ser un espectador distante para convertirse en cómplice.

Puerto Rico, como colonia, ha sido históricamente un territorio funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Lo nuevo es la naturalidad con que su gobierno electo se integra al proyecto autoritario sin siquiera intentar disimularlo. La entrega por parte de la gobernadora Jennifer González de información confidencial de inmigrantes con licencia de conducir a agencias federales represivas no fue un acto neutral ni inevitable. Fue una decisión política consciente que colocó a la colonia al servicio de una maquinaria de persecución. Defender esa entrega en nombre del “cumplimiento de la ley” es repetir, palabra por palabra, el argumento clásico de los burócratas que hicieron posibles las peores atrocidades del siglo XX.

El silencio de la gobernadora Jennifer González ante el uso de fuerza letal contra una activista por parte del aparato federal no es prudencia; es complicidad. La celebración de la militarización del Caribe y de Puerto Rico bajo la doctrina de “America First” no es estrategia; es alineamiento ideológico y sumisión. La firma de legislación que facilita la militarización de las escuelas públicas no es una política educativa inocente; es la normalización de la lógica castrense en la formación de menores, especialmente de aquellos provenientes de sectores empobrecidos que el sistema ya considera prescindibles salvo como carne de cañón.

Lo mismo ocurre con la política energética. El giro hacia combustibles fósiles y la adopción de la narrativa de “dominación energética” no responden al bienestar colectivo, sino a la lógica del saqueo capitalista. El fascismo siempre ha protegido intereses corporativos estratégicos mediante el Estado autoritario, sacrificando derechos sociales, ambientales y comunitarios en nombre de la seguridad y el crecimiento. Puerto Rico, una vez más, se ofrece como territorio de extracción y laboratorio de políticas regresivas.

La acusación se vuelve aún más grave cuando el poder local no solo calla, sino que aplaude la violencia imperial. El respaldo público de la gobernadora al secuestro extraterritorial del presidente Nicolás Maduro, independientemente de cualquier juicio político sobre su gobierno, revela una aceptación abierta del principio fascista según el cual la fuerza sustituye al derecho y el multilateralismo es un estorbo. El fascismo siempre desprecia la legalidad internacional porque reconoce límites; y el autoritarismo no tolera límites.

Nada de esto ocurre en el vacío. Su gabinete ejecuta o tolera sin cuestionar. La prensa dominante normaliza, minimiza o diluye la gravedad de los hechos. Los comentaristas repiten los marcos del poder y llaman extremismo a la denuncia. Así fue en la Alemania nazi. Así fue en la Italia fascista. Así fue en todas las experiencias autoritarias que luego afirmaron no haber sabido lo que ocurría.

Por todo lo anterior, yo acuso.

Acuso a la gobernadora de Puerto Rico de haberse colocado conscientemente del lado equivocado de la historia. No por error, no por ingenuidad, sino por alineamiento político con un proyecto fascista contemporáneo. Acuso a su gabinete de administrar sin escrúpulos un poder que persigue, silencia y militariza. Acuso a la prensa y a los comentaristas que le hacen coro de contribuir a la normalización de lo inaceptable.

La historia no juzga discursos; juzga consecuencias. Y cuando este ciclo de autoritarismo deje tras de sí el daño que siempre deja, no habrá espacio para la excusa del desconocimiento. Como entendió Zola, hay momentos en que escribir es acusar, y acusar es un deber.

Yo acuso.

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