Quienquiera que padece por la verdad y la justicia, ese es mi amigo. –Hostos

Desgraciadamente, uno de los signos que caracteriza los complicados tiempos que vivimos, es que cualquier mentira que incite pasiones, valdrá mas, y logrará, por tanto, mayor difusión y credibilidad que cualquier verdad.  Mentir descaradamente a los efectos de manipular la opinión pública a favor propio y en perjuicio de quienes se consideran adversarios, se ha convertido en la forma de operar de la generalidad de aquellos poderosos que tienen acceso a los medios de comunicación masivos.  Cualquiera que sea capaz de, mínimamente algún grado de pensamiento independiente, sabe que la clase política puertorriqueña es experta en valerse regularmente de la mentira para adelantar sus intereses particulares; hasta el punto, de preguntarnos a veces si se trata de una compulsión que parecen no tener capacidad de controlar.  Y cuando en un país la mentira se convierte en el modo de operar de los poderosos, no queda institución inmune a su carcoma, ni siquiera los sistemas judiciales.

Presisamente, debido al fenómeno global de extender el ajedrez de las maquinaciones e intrigas políticas a la cancha de los tribunales, utlizándolos viciosamente para propósitos políticos y corrompiendo su función de impartir justicia imparcial en sagrado apego a la verdad, es que ya se reconoce como una nueva categoría social el concepto del lawfare.  Se entiende por lawfare el fenómeno de utilizar indebidamente el sistema judicial de los países con fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación reputacional y jurídica de los adversarios políticos.

Los estudiosos del tema reconocen que el lawfare consiste en un esquema que usualmente “combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”. Así, el lawfare se fundamenta por un lado en utilizar el sistema de justicia como medio para pretender darle legitimidad a procesos motivados políticamente, y de otro, se manipula la opinión pública para juzgar a la víctima seleccionada en los medios, y justificar así el ejercicio viciso del poder acusatorio del Estado. En ese contexto, hay víctimas inmediatas, que serán usualmente aquellas personas específicas cuya gestión se busca descarrilar o a quienes se pretende expulsar de la vida pública.

Pero también el propio pueblo se convierte en víctima indirecta, pues tales acusaciones falsas tienden a ser promovidas por sectores corruptos, contra personas honradas que obran en defensa de los intereses del pueblo. Por ejemplo, la acusación contra Lula en Brasil, trasciende cualquier interés de hacerle daño a él personalmente, para tratarse en última instancia de un intento de impedir el ascenso al gobierno de un proyecto político que busca defender al pueblo y combatir los privilegios de esos poderosos que se resisten al cambio.

La lcda. Zulma Fúster, esposa de Leo Díaz (el primo de Edwin Miranda, el que aspira a “un bello futuro sin puertorriqueños”), fiscal especial “independiente” del caso de Carlos Severino comparte con sus amigos.

Esos mismos elementos del lawfare se encuentran presentes en las viciosas y falsas acusaciones contra el Rector Carlos Severino, en relación al asunto de las becas presidenciales. Quienes hemos seguido el asunto de cerca sabemos que la remoción del Rector de su cargo se produjo como consecuencia de una disputa política interna en la Facultad de Derecho, la cual el comentarista radial Carlos Díaz Olivo se encargó de convertir en una absurda maraña de acusaciones sobre el proceso de otorgación de becas presidencales en la UPR. Ante la presión pública creada por el pseudoanalista y expolítico de carrera, las autoridades universitarias removieron de sus cargos a Severino y al Presidente Uroyoán Walker a base de las conclusiones de un supuesto informe que se fundamentó en alegada normativa universitaria que era inexistente.

El asunto pudo haber quedado ahí, pero el Rector Severino, a quien nunca se le dio oportunidad de poder objetar los absurdos de aquel informe, produjo un escrito en su defensa que obligó a la UPR a contratar los servicios de una nueva investigadora (la exjueza Mercedes Marrero de Bauermeister a quien Díaz Olivo también pretendió desacreditar públicamente), para volver a investigar el asunto. El resultado de dicha investigación efectuada posteriormente y no bajo la presión de la campaña mediática de Díaz Olivo, fue que se exonera totalmente a Severino de acciones violatorias de ley o reglamento alguno. Ese informe fue entonces acogido como la nueva posición oficial de la UPR con respecto del asunto de las becas, y , aunque Severino no fue devuelto a su puesto, fue reivindicado en su honesto proceder, e incluso recibió excusas de miembros de la Junta de Gobierno que aceptaron haber sido inducidos ellos mismos a error en su momento, debido a la presión mediática.

De haberse tratado el tema de un asunto verdaderamente universitario, ahí hubiera quedado, pero no. La entrante administración del PNP se encargó, nada más y nada menos que por boca de Elías Sánchez, de adveritir que tan pronto asumieran el gobierno procederían a radicar cargos criminales contra Severino y Walker. Y es que radicar cargos contra estos resultaba necesario a los fines de adelantar la agenda del nuevo gobierno contra la UPR. No bastaba con haber conseguido descabezar la institución para  “liberarla” del liderato de personas comprometidas con un proyecto universitario nacional y a favor de los más pobres y que defenderían la institución de las políticas de desmantelamiento del nuevo gobierno, sino que había también que continuar cultivando la idea desmovilizadora de que no se puede confiar en nadie.

Lo anterior se sumó al hecho de que surgió que cuatro rectores afiliados al PNP resultaron acusados de mal manejo de fondos, lo que les requería mantener acusaciones contra Severino y Walker, aunque fuera falsamente, para balancear la ecuación. Así, Elías Sánchez traza la agenda anti-universitaria, Wanda Vázquez refiere el asunto al FEI, en el FEI el caso es asignado a la Lcda. Zulma Fúster, esposa de Leo Díaz (el primo de Edwin Miranda, el que aspira a “un bello futuro sin puertorriqueños”); y la jueza de vista preliminar fue la que no encontró causa contra Roselló padre por el caso de la pensión Cadillac ilícita.

En esas circunstancias es que se produce la determinación parcial de causa para juicio contra Severino y Walker recientemente. En el caso de Severino, quien no tenía ninguna facultad para otorgar becas, se le pretende juzgar, por haber referido como candidadtos elegibles a unas personas que en ningún momento se ha establecido, ni mucho menos  determinado, que no lo estuvieran; y cuando no existe duda de que Severino no tenía ni poder de convocatoria, ni de selección de los becarios.

Se trata por tanto, de acusaciones viciosas que se mantienen meramente como consecuencia de lo que ha sido, en última instancia una agenda, no contra esos dos académicos, sino contra la institución universitaria en sí misma. Por eso hemos apoyado y continuaremos apoyando la defensa de Severino en cuanto a este asunto, pues en última instancia se trata de un hombre honesto que está siendo persegido por su compromiso con la justicia, la verdad y con una universidad verdaderamente al servicio del pueblo puertorriqueño. Por eso recabamos el apoyo de la gente consciente en este momento tan difícil.

Es importante que aprendamos a distinguir el grano de la paja, porque, si bien es cierto que existe mucha corrupción institucionalizada en nuestro país; no es menos cierto que los corruptos buscan atacar falsamente las reputaciones de gente honrada, para borrar en la consciencia pública las diferencias entre unos y otros. Y para eso, siempre habrá peones de la mentira y el veneno al alcance del mejor postor. Desde VAMOS Puerto Rico reiteramos nuestro apoyo a Carlos Ernesto Severino Valdez, miembro de nuestro Círculo de Oficiales, y recientemente exaltado a Vicepresidente de la concertación.

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