Nuevamente ocurren desastres naturales en Puerto Rico y una vez más el Gobierno demuestra no estar preparado.  Si bien no era predecible el momento o lugar en que podían ocurrir movimientos sísmicos mayores, como los recientes terremotos en el suroeste de Puerto Rico, desde hace décadas los expertos vienen señalando la probabilidad, cada vez más cierta, de que nuestra isla sea el escenario de movimientos sísmicos de gran impacto.

Ante esa incapacidad del Gobierno para enfrentar la situación, crece cada vez más la desconfianza del pueblo en las instituciones estatales, e incluso con respecto de las buenas intenciones de los personeros que las ocupan. Y es que el comportamiento generalizado de la clase política nos demuestra que suelen estar más preocupados con adelantar sus intereses personales, económicos y politiqueros, que en procurar ayudar genuina y desinteresadamente a los compatriotas víctimas de la devastación que emerge tras estos fenómenos naturales.

La repugnancia que han generado los políticos y funcionarios gubernamentales a cargo es evidente y justificable, cuando vemos cómo descaradamente han pretendido valerse del dolor humano de las personas afectadas para adelantar objetivos partidistas o electorales.  Igual repulsión genera ver como toda determinación de ayuda a las víctimas de los desastres queda subordinada a otras consideraciones corruptas de tipo ideológico y también de tipo económico, relacionadas a cómo aprovechar la situación de necesidad para justificar el desembolso de fondos públicos de emergencia para la contratación de personas allegadas a los círculos de poder colonial.

Lo anterior, hasta el punto de que se ha generalizado una conciencia colectiva de que las ayudas a las personas damnificadas no deben de ser canalizadas organizadamente a través del gobierno, sino que es preferible la gestión directa de la ciudadanía, para evitar que el gobierno se las robe o las utilicen para sacar partido políticamente.

En nuestra concertación ciudadana Vamos promovemos la autogestión comunitaria como una de nuestras bases programáticas para superar la dependencia y gestar nuestra soberanía como pueblo. Para ello es indispensable contar con una ciudadanía activa y responsable, comprometida con generar lazos comunitarios de convivencia y solidaridad.

No obstante, no por ello debemos asumir la postura de conformarnos con tener un gobierno inoperante, relevando al Estado de su responsabilidad fundamental de procurar el bien común y de operar en función de las urgentes necesidades de los sectores mas desventajados del país. Nuestra ciudadanía no debe desligarse de la operación del Gobierno, pues es precisamente ese distanciamiento entre el pueblo y sus gobernantes, producto de una clase política esencialmente corrupta y oportunista, la que nos mantiene estancados en el terrible estado en que nos encontramos hoy.

Recordemos que el proyecto neoliberal que ha arropado al mundo promueve reducir el papel de los Estados a meros promotores de la actividad económica del capital, mientras se desmantelan otros tipos de estructuras establecidas para procurar una mejor distribución de las riquezas y la asistencia a las víctimas del sistema económico desigual, entre otros:  los programas de ayuda a las poblaciones más necesitadas en casos de desastres naturales.

Ese neoliberalismo que postula que cada cual es responsable de velar por sus propios intereses individualmente y rechaza la responsabilidad social y comunitaria de unos para con otros, es la ideología responsable del fracaso operacional de muchos estados y gobiernos, al promover su desmantelamiento y desvinculación de los verdaderos procesos de participación democrática.

Ante la tragedia que viven hoy nuestros compatriotas del sur, pensemos en cómo de mejor preparados hubiésemos estado si no se hubieran reducido los presupuestos universitarios dirigidos a la investigación de los fenómenos sísmicos, si no se hubiera desmantelado nuestro antiguo sistema de salud primaria, o si no hubiera eliminado ese cuerpo de voluntarios debidamente entrenados para atender situaciones de desastre como lo era la Defensa Civil.  La adopción de políticas neoliberales llevó a la eliminación de esas y otras muchas áreas de gestión gubernamental a favor del pueblo.

Por eso la incapacidad de nuestro aparato gubernamental de atender situaciones de tragedia colectiva como la que hoy padecen nuestros hermanos y hermanas del sur no debe tolerarse. Por muchos años permitimos el Estado fuera secuestrado por esos patanes que han desviado la mira del quehacer gubernamental de los objetivos del bien común hacia los del beneficio del poder político y económico de unos pocos. No podemos esperar a corregir esa situación ya endémica de nuestro gobierno, para correr a prestar auxilio a nuestras y nuestros compatriotas. Pero tampoco podemos conformarnos con su inoperancia y desentendernos de los asuntos de gobierno y administración pública.

Nuestras comunidades tienen que procurar ser lo más soberanas y menos dependientes posibles en términos del control de los factores que determinan su vida en social, sin desentendernos de nuestras responsabilidades políticas colectivas.

Aceptar el fracaso del Gobierno no puede ser una opción para un pueblo con tanta necesidad. Hoy mas que nunca, ante la evidente y generalizada crisis gubernamental, nuestra ciudadanía debe rescatar la verdadera política fundada en consideraciones de responsabilidad social y búsqueda del bien colectivo de las mayorías necesitadas, y plantearse retomar el gobierno para el pueblo, limpiando la administración pública de tanta escoria indeseable.

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