El Código Civil es una ley general sumamente abarcadora que contiene disposiciones para regir las relaciones privadas entre las personas y entre éstas y sus bienes, en las más distintas áreas de nuestras vidas cotidianas. Entre otras, el Código regula todo lo relativo a la capacidad de las personas para gobernarse a sí mismas, sobre las relaciones de familias, la normas sobre la tenencia de bienes mueble e inmuebles y la disposición de tales; los contratos entre las personas, las herencias, y la responsabilidad extracontractual por daños, entre otras.

Se trata de una ley de leyes cuya importancia es fundamental para establecer la forma y manera en que las personas nos relacionamos unas con otras en sociedad. No se trata de normas que se puedan pretender modificar atropelladamente o por descargue. En cualquier caso, la aprobación de un nuevo Código debe agotar los procesos legislativos requeridos para la debida ponderación y análisis de la pieza legislativa, brindando oportunidad para la más amplia participación de todos los sectores del país interesados en el asunto mediante celebración de vistas públicas.

Como muy bien resumiera el asunto Eva Prados, representante del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y de la campaña Construyamos Otro Acuerdo: “El Código Civil dispone de forma detallada cómo vamos a ejercer nuestros derechos desde que nacemos hasta que morimos y después. Afecta toda la vida. Una ley así: ¿no crees que en una democracia debió contar con el apoyo de todos y todas? NO ha sido así”. (enlace al video)

VAMOS se opone a la utilización de los procesos legislativos para impulsar agendas excluyentes y discriminatorias contra distintos sectores sociales, o encaminadas a que grupos particulares, en vez de procurar convencer democráticamente a la población sobre sus creencias y visión de mundo mediante procesos de diálogo y formación de consenso ciudadano, pretendan utilizar sus accesos al Estado para imponerlas forzosamente al resto de la sociedad atentando contra derechos ciudadanos esenciales a la protección de la vida íntima y familiar, la libertad de credo y pensamiento, y la separación de iglesia y Estado.

Igualmente objetamos legislaciones de privilegio que permitan el acaparamiento privado y uso exclusivo de los bienes comunes que deben estar al servicio y disfrute perenne de todo el pueblo de Puerto Rico, como lo son sus playas y acuíferos, para que, por ejemplo, no puedan ser vendidos o entregados a intereses privados en pago de la deuda pública.

Independientemente de cuál sector o partido hoy o en el día de mañana tenga control del gobierno, siempre defenderemos el derecho supremo del pueblo a ejercer su soberanía popular, y por tanto, que toda nueva legislación sea el producto de procesos democráticos que permitan una amplia consideración y discusión pública y la participación ciudadana directa del pueblo y sus organizaciones.

Mientras más profundo sea el impacto social de una medida de ley, y mientras más abarcadora en términos del número de personas que se afectarán, mayores y más extensos entendemos que deben ser los mecanismos y espacios participativos disponibles para la población. En el caso del Código Civil se trata de una legislación de ramificaciones demasiado amplias y profundas como para que se apruebe en desconocimiento del pueblo.

Y no olvidemos ni por un instante que, al final, quien determinará si el atropellado nuevo Código Civil propuesto se convierte en ley es una persona que está ejerciendo la posición de Gobernadora del país sin haber sido electa, luego de que una ciudadanía indignada consiguiera sacar al entonces gobernador electo.

Una Gobernadora que sabemos que ni siquiera cuenta con un apoyo unificado de su propio partido. Un partido que no ganó las elecciones contando con una mayoría de los votantes; sino que solo obtuvo un 41.80% de los votos emitidos. Unas elecciones en las que tan solo votó el 55.45% del padrón electoral, por lo que tan solo un 23.18% de la ciudadanía efectivamente favoreció al partido que hoy nos gobierna y que pretende imponernos su voluntad a la cañona, presentándose falsamente como si se tratara una fuerza mayoritaria, cuando en realidad tan solo gobierna gracias a unas reglas amañadas y muy poco democráticas.

En esas circunstancias en las que se ostenta el control del gobierno por carambola, lo menos que podemos exigir de los gobernantes es que ejerzan sus funciones con prudencia y autocontrol, reconociendo la necesidad de generar consenso fuera de líneas partidistas y de fanatismos de todo tipo.

Que sean honestos en reconocer que nunca han contado con un mandato verdaderamente mayoritario en cuanto a su agendas particulares de gobierno, por lo que necesitan construir consensos, pues de lo contrario seguirán actuando sin legitimidad democrática.

Para una discusión de los aspectos más importantes relacionados al nuevo Código Civil invitamos a nuestro Pueblo a no dejarse manipular y a informarse desapasionadamente con las informaciones balanceadas provistas por importantes sectores cívicos y organizaciones de probada trayectoria en defensa de nuestros derechos civiles y democráticos como, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Más allá de toda consideración respecto a si alguna parte del extenso Código pueda ser “buena”, “mala” o “regular”, tenemos que exigir que la determinación final sea el resultado de un verdadero proceso democrático participativo, ponderado y responsable, que permita que todas las perspectivas sean tomadas en consideración, y en respeto absoluto de los derechos civiles de todas y todos.

* Declaración pública de VAMOS, 19 de mayo de 2020, San Juan, Puerto Rico.

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MENSAJE DE EVA PRADOS

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