por Eduardo A. Lugo Hernández, PhD

Por los pasados tres años no ha habido adjetivo más utilizado para describir a los puertorriqueños y puertorriqueñas que resilientes. Resiliencia es un concepto que algunos erróneamente definen como la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Y digo erróneamente porque las concepciones más recientes del concepto no aluden a una “capacidad” sino a la disponibilidad de recursos en el ambiente que las personas o comunidades puedan utilizar para superar esa adversidad y desarrollar o identificar estrategias noveles para lidiar con la misma. Al no ser una capacidad, no es algo innato que tenemos. Los puertorriqueños y puertorriqueñas no nacemos con la resiliencia en nuestro ADN. Por ende, no podemos localizar la responsabilidad solamente en el individuo, sino hay que evaluar los sistemas que están estructurados alrededor de esa persona o comunidad, que proveen el andamiaje para propiciar la resiliencia.

Lo que no se ha hablado mucho después de María es que para que una persona o comunidad tenga la necesidad de ser resilientes, debe experimentar adversidad. Es en la adversidad que utilizamos los recursos que tenemos disponibles en nuestros ambientes para navegar la situación e identificar otros que nos puedan ayudar en sobrellevarla y sobreponernos. Hay adversidades que suceden como parte natural de la vida y no tenemos el control para evitarlas. Por ejemplo, desastres naturales, los cuales sabemos, que con la crisis climática que enfrentamos, sucederán con mayor frecuencia. Pero hay otras que podemos prever dándonos la oportunidad para prepararnos y planificar para mitigar el daño, que nos pueden hacer o facilitar nuestra recuperación. Esto aplica a nivel individual, comunitario y de país.

Después de la desgracia del Huracán María, fueron evidentes los problemas severos que tiene el archipiélago para enfrentar y superar una catástrofe de esta magnitud; o peores. Desde problemas de infraestructura hasta problemas de gobernanza que afectaron nuestra habilidad de proteger y apoyar a nuestra gente. La respuesta lógica a esto hubiese sido, analizar las deficiencias, corregirlas dónde fuera posible y diseñar planes regionales y nacionales que tomaran en consideración el insumo de nuestras comunidades, de científicos y de otros expertos.

Sin embargo, es evidente que esto no ha pasado. Algunos podemos argumentar que estamos hoy en un mayor grado de vulnerabilidad que en el 2017. No sólo no corregimos las deficiencias que teníamos en ese momento, sino que enfrentamos amenazas significativas que han aumentado nuestra vulnerabilidad. Repasemos algunas de estas amenazas. Por más de cinco años, la Junta de Control Fiscal ha implantado una dosis violenta de medidas de austeridad que han socavado la infraestructura del país y afectado los servicios básicos de nuestra gente. Hoy tenemos menos escuelas, muchas que servían de refugios, un sistema de salud precario, Municipios al borde del colapso y una población con altos niveles de problemas de salud mental. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver esto último con la JCF? En muchos de los países, donde se han implantado medidas fiscales como las que impone la JCF, el deterioro de la salud mental de la ciudadanía ha sido evidente. Por ende, era previsible lo que experimentamos hoy día.

La vulnerabilidad se agrava cuando analizamos qué a pesar del efecto de María en nuestros recursos, en especial nuestras costas, el gobierno de Puerto Rico, ha continuado con prácticas que atentan en contra del ambiente y que ponen en peligro nuestras comunidades. Expertos y expertas en el país, llevan mucho tiempo alertando sobre esto, pero sus voces han sido ignoradas. Esto nos pone en peligro a todos y todas, pero en particular de comunidades más vulnerables. María fue una señal clara del efecto de la crisis climática en nuestro archipiélago, señal que ha sido ignorada. Ignorarla costará vidas.

No todos estamos en el mismo nivel de vulnerabilidad. Nuestros hermanos y hermanas de Vieques y Culebra siguen enfrentando una crisis humanitaria con la ausencia de un hospital y  de un sistema de transporte consistente. La vulnerabilidad que esto provoca, no hay que explicarla. Nuestra gente de la montaña, que lleva décadas en el olvido, enfrenta los mismos retos y vulnerabilidades que en el 2017, por áreas propensas a derrumbes, que no han sido atendidas, la ausencia de apoyo para el acceso a energía renovable y otros retos estructurales que precarizan sus vidas. La desigualdad en el país, que algunos solo ven en momentos de desastres, pone en peligro miles de vidas.

El huracán LUMA que ha llegado con una ráfaga de apagones, problemas de voltaje y aumentos tarifarios es otra amenaza. La amenaza de su ausencia de responsabilidad en caso de desastres apunta a una necropolítica, que debería tenernos a todos y todas en la calle protestando. En adición, el no tener la intención de propiciar una movida a energía renovable y perpetuar nuestra dependencia a combustibles fósiles, raya en lo criminal.

Entonces miramos a nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Aunque algunos apuntarán a las mal llamadas ayudas federales como bonanza de esta relación, argumento en este escrito que las Leyes de Cabotaje, generaron una gran vulnerabilidad post María. Desafortunadamente, pero de manera predecible, la administración del gobierno Biden reafirmó su oposición a derogarlas. Aunque es cierto que en estados de emergencia el gobierno Federal puede suspender estas leyes, la realidad es que su imposición está relacionada con la pobreza en el archipiélago, y la pobreza a su vez con carencias que impiden nuestra preparación efectiva.

Este panorama incompleto (porque hay muchas más instancias de vulnerabilización), apunta a un patrón de negligencia (violencia), del gobierno local y federal que nos vulnerabiliza. Entiendo que es menos glamoroso hablar de cómo nos han vulnerabilizado, que hablar de resiliencia. Pero es momento de entender qué, aunque debemos ser resilientes ante la adversidad, las decisiones gubernamentales y el contexto colonial siguen aumentando la peligrosidad de los eventos naturales y minando nuestros recursos para ser resilientes. El discurso de la resiliencia no puede ser una cortina de humo para esconder las constantes violencias a la que nos exponen los administradores de la colonia. Los recursos que tenemos para ser resilientes se agotan. El aumento en problemas de salud mental son señal de esto. La fatiga por compasión que experimentan muchas personas que trabajan en profesiones de ayuda, incluyendo aquellas personas que trabajan en Organizaciones sin Fines de Lucro, es otra señal. Estas personas no sólo atienden las necesidades de otros y otras y trabajan de la mano de nuestras comunidades para llenar los vacíos gubernamentales, sino que experimentan sus propios traumas asociados a la realidad del país.

Exigir resiliencia sin recursos adecuados, es una de las más crueles violencias que puede experimentar el país. Y aunque la resiliencia no se lleva en el ADN, hay evidencia de que los traumas sí y estos pasan de generación en generación. Nuestras vidas no son un slogan, nuestro sufrimiento es real. Basta de hablar de resiliencia y hablemos de la responsabilidad gubernamental para reducir nuestra vulnerabilidad. Vulnerabilizar es violencia; es precarizar vidas. Sin recursos adecuados, no hay resiliencia. Sin recursos adecuados hay sobrevivencia.

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