Quienes amamos la Universidad de Puerto Rico (UPR) hemos tenido las manos llenas tratando de defenderla por más de una década, y eso nos lleva muchas veces a resaltar lo mucho que la Universidad aporta al país, a través de sus estudiantes, sus programas de apoyo a comunidades –CAUCE, ENLACE y la Clínica Legal son solo unos pocos—y la investigación y creación de sus docentes. Pero pregúntale a cualquiera que trabaja o estudia en la UPR, y las quejas, las odiseas y las historias de abuso no tardan en aflorar. Amamos y defendemos a la Iupi quizás más por la esperanza futura que representa, que por su realidad cotidiana.

Como estudiante que fui por seis años, y docente hace ya casi 15, puedo resumir en dos características lo peor que tiene la institución: es autoritaria, y está atravesada por la política partidista. Eliminar, hasta donde se pueda, esas dos características es de lo que precisamente se trata el proyecto de Reforma Universitaria que, en febrero, se plasmó en el Proyecto del Senado 172. Pero primero, vamos a retroceder en el tiempo porque esto no empezó aquí.

La UPR se fundó en el 1903, cinco años después de la invasión norteamericana. Fue pieza central del proyecto educativo de aquella primera etapa del colonialismo norteamericano, que pretendía “americanizar” –valga el absurdo—a Puerto Rico a través de un sistema educativo hecho para crear personas leales al nuevo imperio, y capacitadas para las tareas que requeriría su aparato gubernamental y productivo. La primera misión de la UPR fue formar maestras y maestros, pero pronto empezaron a graduarse personas inconformes con el imperialismo económico, político y cultural de entonces, y las protestas no tardaron en registrarse. Para el Partido Popular, durante su hegemonía de 1941 a 1969, la UPR no era menos importante: había que formar profesionales y gerentes para la nueva economía industrial, y apuntalar el Estado Libre Asociado como auspiciador de una cultura autóctona, celebrando la puertorriqueñidad de maneras que las autoridades norteamericanas no habían hecho. Entonces, nuevamente, la UPR fue fuente de disidencia. En el 1948 hubo un cruento conflicto cuando desde el estudiantado se levantó el reclamo de que Pedro Albizu Campos, recién excarcelado, se dirigiera a la comunidad en el Teatro. El entonces rector Jaime Benítez no dudó en reprimir ese reclamo.

El propósito del PPD para la UPR no era menos fundamental para su proyecto de gobierno que lo que había sido para los gobernantes estadounidenses que le precedieron. En dos ocasiones, controlando plenamente el gobierno, el PPD aprobó leyes fundamentales para la Universidad: en 1942, y nuevamente en 1966. En ambos casos, la comunidad universitaria reclamó independencia del gobierno; en ninguno de los dos fue escuchada por la Legislatura. En el 1966, sí se aprobó la Ley #2, que estableció un nivel fijo de apoyo fiscal para la UPR, que eventualmente se aumentó hasta alcanzar el 9.67% del presupuesto del gobierno central. Esto liberó a las autoridades universitarias de tener que justificar una asignación presupuestaria cada año, y fue una medida importante de autonomía; sin embargo, la mayoría de los miembros del cuerpo rector de la Universidad –Consejo de Educación Superior, Junta de Síndicos, ahora Junta de Gobierno—siempre fueron nombrados por Fortaleza, contrario a lo que reclamaba el claustro de la UPR.

El principio del mérito es fundamental en cualquier universidad, sobre todo para el personal docente, y eso también ha protegido a la UPR de la politización abierta que tanto daño ha hecho al resto de las instrumentalidades del gobierno. Se “colocan” personas allegadas a figuras políticas en puestos no docentes o administrativos, pero los reglamentos dificultan que se haga lo mismo en puestos docentes. Mínimamente, el “amigo del alma” necesita un doctorado para que lo “acomoden” como profesor.

Dificulta, pero no impide: recordamos la plaza docente que se le concedió, por fiat desde la Junta de Gobierno, a un Ricardo Rosselló recién graduado en el Recinto de Ciencias Médicas. Recientemente el mismo cuerpo restregó su poder en la cara de la comunidad universitaria, concediéndole una plaza en Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras a Jorge Haddock. Esto en recompensa por haber aceptado, sin chistar, los recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal, y cambiado el sistema de correo electrónico universitario de Google a Microsoft, en plena pandemia y sin razón alguna que no fuera beneficiar con un contrato a un cliente de un allegado de un inquilino de Fortaleza.

Pero el PNP no se inventó la politización de la UPR; solo la continuó. En el 1967, Jaime Benítez despidió al Dr. Richard Levins, una de las figuras de mayor prestigio que han pasado por la UPR, por apoyar al movimiento independentista y la revolución cubana. Levins, casado con una puertorriqueña y enamorado de la isla, fue obligado a irse a Estados Unidos, a enseñar en la Universidad de Chicago y luego Harvard, y hacerse mundialmente famoso. Aquí no se le permitió trabajar por su activismo político.

En los años 90, durante la administración de Pedro Rosselló, la comunidad universitaria eligió un Comité para la Revisión de la Ley UPR, y la legislatura recibió un proyecto redactado por él, producto del importante consenso en toda la comunidad universitaria: mayor autonomía, para la Universidad y los recintos dentro de ella. En el proceso legislativo, sin embargo, otro proyecto enviado por la Junta de Síndicos –que por supuesto preservó la estructura de gobernanza jerárquica—tuvo mayor peso, y el resultado fue un proyecto que dejó intacto el control de Fortaleza sobre la Junta de Síndicos, y afianzó el poder de Administración Central sobre el resto del sistema. En el 2017, el PNP tomó control de las tres ramas del gobierno. Se rumoraba que existía ya un proyecto de ley listo para aprobarse, el cual reharía la UPR como aquel partido la quisiera. Tal vez porque pronto estalló la huelga estudiantil, el entonces senador Abel Nazario accedió a considerar un proyecto de reforma que viniera de la propia comunidad universitaria.

Así se creó, con el aval del Senado de Puerto Rico, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria. Aquella comisión, con representación docente y estudiantil de los 11 recintos y también de sus comunidades aledañas (el sector no docente fue invitado pero declinó participar), hizo docenas de reuniones, y logró consensos sobre una gran variedad de asuntos. Presentó borrador tras borrador en cada recinto, y en varias facultades de Río Piedras. Pidió insumo, lo recibió, y lo incorporó. Contra la resistencia pasiva de Presidencia y las rectorías, los senados académicos y la Junta Universitaria avalaron el anteproyecto que produjo la Comisión, y –justo antes de la pandemia—se presentó en el Senado como el P.S. 1536, con auspicio de miembros de los tres partidos representados y el senador independiente José Vargas Vidot.

No se llegó a considerar en el atropellado fin de la pasada sesión legislativa, ni la gobernadora lo incluyó, pese a reclamos insistentes de la comunidad universitaria, en la agenda de la sesión extraordinaria que la siguió. En julio del 2020, tras serle requerido, el presidente Haddock finalmente se expresó en contra del proyecto, con un memorial de 15 páginas que alegaba que podría poner en peligro las acreditaciones. La Comisión pacientemente refutó ese memorial, en un escrito igual de largo, y sometió nuevamente, con más revisiones, el proyecto al Senado. En esta ocasión, designado P.S. 172, contó con el auspicio de 14 senadores y senadoras, lo que representa mayoría en ese cuerpo.

Fue en este contexto que algunos rectores acudieron a la prensa a mediados de febrero, repitiendo los argumentos del memorial de julio pasado. La Comisión, el mismo día, le refutó en conferencia de prensa. La esencia de esta Reforma Universitaria se resume en dos palabras, antónimos de las dos que mencioné al principio: autonomía y democracia. Estas se reafirman por comités representativos de la comunidad universitaria en dos décadas diferentes.

Según el P.S. 172, el gobernador escogería la mayoría de miembros del cuerpo rector, pero lo haría a partir de listas de personas sometidas por la comunidad universitaria: ya Fortaleza no puede nombrar a quien le plazca. Los puestos directivos dejarían de ser puestos de confianza, y serían evaluados por las unidades que administran. Estudiantes y docentes tendrían voz en la gobernanza universitaria. Se garantizaría el derecho a negociación colectiva. Se volvería a garantizar un apoyo del 9.67% del fondo general para la UPR. En fin, el gobierno de turno no podría controlar la alta gerencia de la UPR como lo hace ahora, ni esa gerencia podría hacer lo que le plazca (o lo que se le ordene desde más arriba) sin contrapeso desde las bases.

Ninguna estructura institucional es perfecta. Todas tienen debilidades. Pero este proyecto de ley, consensuado por años entre gente universitaria, contiene los reclamos históricos de la comunidad universitaria, y atiende los problemas principales que ha sufrido la UPR en las pasadas décadas. Merece nuestro apoyo.

Sobre Jimmy Seale Collazo