Denunciaron que no haya un plan íntegro, serio y urgente que garantice la vida de miles

A un mes de los eventos sísmicos distintas organizaciones de la sociedad civil catalogaron como insuficiente, negligente y criminal las acciones gubernamentales para atender la emergencia provocada por el fenómeno.

“El desastre que hemos visto es reflejo de lo que sabemos desde antes del Huracán María y que se ha acentuado con los terremotos. No es solo que no saben atender esta emergencia, es que llevan décadas ausentes, pendientes a otros intereses, sin atender necesidades”, explicó Roberto Vélez Vélez, miembro de la Brigada Solidaria del Oeste.

Las organizaciones denunciaron que es inaceptable que no haya un plan íntegro, serio y urgente que garantice derechos básicos, a pesar de haber recursos económicos en cuentas del Banco Popular ascendentes a los $8.8 mil millones, esperando formar parte del repago de la deuda.

“Lo que la Gobernadora Wanda Vázquez y su equipo presentó la semana pasada como un ‘plan’ realmente es la reorganización de los programas de asistencia que ya existían, no presenta soluciones nuevas y no corresponde a la magnitud de la necesidad, ni a la urgencia. Decirle a familias que van a estar 60 días más en las condiciones que hemos visto, no es aceptable”, comentó Ariadna Godreau Aubert, Directora de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).

Las organizaciones exigieron que se abran las escuelas públicas y que el Departamento de Educación sea responsable con las evaluaciones que está realizando. De las 857 escuelas activas, 68% siguen cerradas. Las inspecciones no determinan resistencia a sismos futuros y circula evidencia de ser poco confiables.

Tampoco se ha informado públicamente cuáles de las 562 escuelas que se han cerrado desde el 2014 están en condiciones para reabrirse. Actualmente hay más de 15,000 educadores y 200,000 estudiantes y familias que no han sido convocados a asambleas informativas.

“Enviar a la niñez a escuelas no siendo resistentes a un sismo es un acto criminal que atenta contra la vida de todos los que allí laboran y estudian. Nos escondieron los suministros tras María, y ahora nos niegan la lista de las escuelas que fueron reforzadas, y podrían abrirse. Todo esto genera una incertidumbre que es parte un plan de capitalizar sobre la emergencia, y con la vida de nuestros estudiantes y maestros no se puede jugar”, concluyó Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

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