(San Juan, 10 de julio de 2026) --La Junta de Directores del Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) condenó hoy las acciones tomadas desde La Fortaleza para censurar un trabajo periodístico en proceso según declaró bajo juramento el ex secretario de Desarrollo Económico Sebastián Negrón Reichard. El OPC solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que detenga esta práctica, que es un patrón dentro de su administración.

Los miembros de la Junta del OPC no pueden dar fe del contenido de las comunicaciones que se unieron como evidencia a la declaración jurada del exsecretario ante el Senado. Ahora bien, los periodistas que componen esta Junta, así como varios de sus miembros, sí pueden afirmar que el trámite que sigue el Gobierno sobre las solicitudes de información que hacen los periodistas es muy similar al descrito por el exfuncionario, quien ahora informa de esos hechos ocurridos en octubre del año pasado.

“Esta conversación sostenida entre los licenciados Domenech y Negrón Reichard no pueden tomarse livianamente, como si fuera un asunto excepcional provocado por un chisme político entre dos bandos del Partido Nuevo Progresista”, dijo la presidenta del OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía. “Esas conversaciones demuestran un patrón diseñado por la administración González-Domenech para impedir que el pueblo de Puerto Rico conozca información que la administración entiende que les puede afectar políticamente. Es censura previa, expresada de una forma absolutamente burda”, agregó.

Las conversaciones demuestran la brutal centralización de las comunicaciones en el Gobierno de Puerto Rico en las que un Secretario de la Gobernación usurpa las funciones que les corresponden a los jefes de agencia en su interacción con la prensa y, lo que es peor, con su deber ministerial de divulgar información pública.

El intercambio entre los dos funcionarios de gobierno, en ese entonces, demuestra que, de ordinario, por La Fortaleza tienen que pasar las solicitudes de información que la prensa hace a las agencias e incluso las preguntas de seguimiento que no son requerimientos de información bajo la Ley de Transparencia. Esto provoca una centralización que impide que avance la entrega de información, la publicación de un reportaje y, finalmente, logra que el público no conozca las acciones de su gobierno, se entere tarde o de manera parcial.

Esas comunicaciones muestran, además, que no solo se recibe la petición de información sino también el nombre del periodista y el medio para el que trabaja. Factores que, en la práctica, los periodistas hemos visto cómo influyen para que se dé o no una información, para que se ignore o no las preguntas de un periodista.

“Aunque son muy tristes y peligrosos para la democracia, es bueno que el pueblo de Puerto Rico lea estos textos y vea con sus propios ojos las trabas que, a propósito y concertadamente, la administración González-Domenech le pone a la prensa. Es un horror, pero no una sorpresa para los periodistas, que el Secretario de la Gobernación diga que está tratando de matar una historia o que ordene a un funcionario a que entregue tarde una información para ‘comprar tiempo’”, continuó Maldonado Arrigoitía.

Lo que se ha develado en esta declaración jurada es vergonzoso y muestra un patrón cuando Negrón Reichard declara que en el Gobierno de Puerto Rico se estila notificar al Secretario de la Gobernación sobre los asuntos con interés mediático. También lo demuestra; el comentario del licenciado Domenech de que impedir una publicación es algo que él hace todo el tiempo.

“No solo el Gobierno de Puerto Rico tiene que dar explicaciones, sino también el medio de comunicación aludido. Le corresponde a Noticel dar explicaciones a su audiencia y con toda transparencia explicar qué comunicaciones recibió —si alguna —, qué se le solicitó, quién lo solicitó y cómo protegió el trabajo de su periodista y, finalmente, a su audiencia”, dijo la presidenta del OPC.

Cuando un medio de comunicación cede a presiones para que no se divulgue información pública, incumple con la responsabilidad con su audiencia, deja a sus periodistas desprotegidos y sus peticiones de información pierden fuerza, mina el prestigio de sus trabajadores y los desmoralizan. Sabe el Gobierno que esos medios no demandarán en el Tribunal para insistir en la información y el derecho constitucional a la libertad de prensa se viola descaradamente.

La Junta de Directores recordó también a los relacionistas públicos que sirven al Gobierno de Puerto Rico que deben respetar los códigos de ética que rigen esa profesión. También le pidió a los periodistas, incluyendo a quienes están en cargos gerenciales, que se aferren a los principios éticos del periodismo y los defiendan.

“No nos queda duda de que existe un patrón para afectar el derecho a la información, no solo son estos textos, sino también con los formatos de las conferencias de prensa, la determinación administrativa — con el aval del Tribunal Supremo— de definir quién es o no periodista y obligarnos a portar una identificación emitida por el Gobierno, y las enmiendas que empeoraron la Ley de Transparencia —en complicidad con la Asamblea Legislativa—”, dijo Maldonado Arrigoitía. “Nuestro llamado a los periodistas es que sigan haciendo su trabajo, que sigan haciendo las preguntas incómodas pero necesarias y que denuncien cualquier presión indebida que reciban del Gobierno o de sus patronos que limiten la independencia del trabajo periodístico. La OPC estará aquí para apoyarlos”, añadió la presidenta.

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