San Juan, Puerto Rico – Las legisladoras municipales del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en San Juan, Daisy Sánchez Collazo y la Dra. Norma Devarie, denunciaron que el Proyecto de Ordenanza Núm. 55 representa un peligroso precedente para la protección del patrimonio público al abrir la puerta a la privatización de una porción del Parque del Tercer Milenio mediante la concesión de un derecho de superficie de hasta noventa (90) años para la construcción y operación de un estacionamiento privado.

La propuesta autoriza al Municipio de San Juan a conceder el uso y administración del área de estacionamiento del Parque del Tercer Milenio a la empresa Smart Parking System, LLC, para desarrollar una instalación de aproximadamente 950 espacios, sin recurrir a un proceso de subasta pública. Las legisladoras sostienen que la medida no puede evaluarse únicamente como un proyecto de infraestructura, sino dentro de un contexto de posibles irregularidades jurídicas, ambientales y administrativas que anteceden la propia ordenanza.

“Existen serias dudas sobre la legalidad de la transferencia del Parque del Tercer Milenio al Municipio de San Juan en el año 2011, ya que la legislación vigente entonces prohibía expresamente el traspaso de parques nacionales a los municipios. Si esa transferencia fue contraria a derecho, el Municipio tendría que demostrar que posee autoridad legal para conceder un derecho de superficie sobre esos terrenos”, expresó la legisladora municipal Daisy Sánchez Collazo.

Sánchez añadió que “ninguna administración puede comprometer un bien público durante noventa años sin antes demostrar absoluta transparencia sobre la titularidad del terreno, las restricciones de uso existentes y las obligaciones legales que acompañan ese patrimonio. El interés público no se presume; se demuestra.”

Las legisladoras también señalaron que el Parque del Tercer Milenio fue objeto de importantes inversiones con fondos federales, por lo que cualquier alteración de su uso podría estar sujeta a estrictas condiciones legales y reglamentarias. Advirtieron, además, que el proyecto debe examinarse a la luz de la legislación ambiental, las políticas de protección del litoral, los planes de ordenamiento territorial y las garantías de acceso público a las costas.

Por su parte, la Dra. Norma Devarie sostuvo que “el Escambrón no necesita más cemento; necesita protección. En momentos en que Puerto Rico enfrenta una crisis climática, la erosión acelerada de nuestras costas y la pérdida constante de espacios públicos, resulta incomprensible que la respuesta sea entregar por casi un siglo parte de uno de los parques costeros más importantes del país.”

“El litoral es un bien común. Pertenece a todas las personas, no a intereses privados. Cada decisión que reduce los espacios verdes, aumenta la presión sobre nuestros recursos naturales o limita el disfrute colectivo del litoral debe ser examinada con el máximo rigor y con la participación activa de la ciudadanía”, añadió Devarie.

Las legisladoras municipales del MVC también cuestionaron que una medida de esta magnitud avance sin un proceso amplio de participación ciudadana y sin que se haya divulgado información esencial sobre la titularidad del terreno, las posibles restricciones derivadas de la escritura de cesión, las obligaciones relacionadas con fondos federales y el cumplimiento con la normativa ambiental aplicable.

Como parte de su gestión fiscalizadora, solicitaron formalmente al Municipio de San Juan:

• La divulgación de la escritura mediante la cual se transfirió el Parque del Tercer Milenio al Municipio y toda la documentación relacionada con esa cesión.
• La publicación de todas las restricciones de uso que recaigan sobre el terreno.
• La entrega de la información relacionada con los fondos federales invertidos en el parque y las obligaciones legales asociadas a dichos fondos.
• La paralización de cualquier trámite relacionado con la Ordenanza 55 hasta que concluya una evaluación jurídica y ambiental independiente.
• La celebración de un proceso amplio, transparente y vinculante de participación ciudadana.

“Lo que está en juego trasciende un estacionamiento. Estamos hablando del futuro del litoral sanjuanero, del acceso equitativo a nuestros espacios públicos y de la responsabilidad que tiene el gobierno municipal de proteger un patrimonio que pertenece a toda la ciudadanía. El desarrollo no puede servir de excusa para privatizar lo que es de todos”, concluyeron las legisladoras.

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