Por Eduardo A. Lugo Hernández *

En los próximos días se continuará el debate en el Senado de Puerto Rico el Proyecto del Senado 184, el cual tiene como propósito prohibir las mal llamadas terapias reparativas o de conversión.

A pesar de algunos argumentos diseñados para distraer y tergiversar información, es claro que en este proyecto trae a sus espaldas a quien responderá nuestra Asamblea Legislativa, a la voz profesional del país en materia de salud y derechos humanos o a un sector religioso que intenta imponer sus visiones de mundo.

En las pasadas semanas hemos visto como un sinnúmero de organizaciones profesionales y sectores de nuestra sociedad se han pronunciado enérgicamente a favor del P de la S 184 argumentando como las terapias reparativas, no solo no reparan nada (porque no hay nada que arreglar), sino que pueden ser traumáticas para las personas que han pasado por estos procesos.

Estos grupos incluyen a la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes (APPNA), la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico, la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, Impacto Juventud GC Inc., la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, el Colegio de Médicos, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, el Secretario de ASSMCA, el Secretario de Justicia y el Gobernador Pedro Pierluisi, entre otros.

Esta lista solo incluye a organismos profesionales, organizaciones sin fines de lucro y funcionarios de gobierno local. Sin embargo, a nivel internacional son muchos los organismos que se han pronunciado en contra de estos procesos para intentar cambiar la identidad de género y orientación sexual de las personas. La evidencia profesional es contundente e inequívoca.   

Los argumentos en contra de la aprobación del proyecto provienen de sectores fundamentalistas que por años han secuestrado la política en Puerto Rico y que tienen visiones no basadas en ciencia acerca de la homosexualidad y la identidad de género de las personas.

Hago la salvedad de que no se trata del sector cristiano de manera general, ya que hay muchas personas y organizaciones cristianas que apoyan la prohibición de estas torturas. Es el grupo usual de “mercaderes del templo” que intentan controlar la política del país, los cuerpos y moralidad de todos. Estos sectores lograron en el pasado detener este proyecto sin mucho revuelo usando la demagogia para lograrlo. Ahora, liderados por Proyecto Dignidad y un grupo pequeño de voces disidentes intentan hacer lo mismo.

Sin embargo, la voz profesional es contundente. Esto simboliza un momento crucial para nuestra legislatura. No aprobar el proyecto dejará en clara evidencia su sesgo por este sector religioso fundamentalista. En esta ocasión el mensaje sería más nefasto. La Asamblea Legislativa diría a los siete vientos, preferimos salvaguardar los votos del sector fundamentalista por encima del bienestar de la niñez y juventud LGBTQ+.

Profesarían: “Preferimos las alianzas con este sector que prevenir los problemas de salud mental, suicidios y otras consecuencias nefastas de estos procesos.” Dirían, en materia de salud mental y física preferimos la opinión del sector fundamentalista sobre la de los profesionales expertos en esta área.

La bola está en su cancha. Los derechos de la niñez LGBTQ+ están en juego. Legisladores y legisladoras, Esperamos para ver quienes son y a quién responden. Nuestros votos también cuentan.

*El autor es Catedrático Asociado del Dept de Psicología del RUM y director ejecutivo de Impacto Juventud

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