Por: Rafael A. Torrech San Inocencio

Un viejo chiste dice que los puertorriqueños primero armamos las cosas y después leemos las instrucciones, especialmente si sobran piezas.  Podemos reírnos de nuestra capacidad de improvisación, pero en ciertos asuntos como la mitigación de riesgos, esta improvisación pone en peligro la vida y propiedad en caso de un desastre futuro.

El sábado pasado, miles de agencias estatales, municipios y organizaciones sin fines de lucro radicaron a ciegas sus cartas de intención para obras de mitigación de riesgos y desastres. Lo hicieron sin instrucciones, ya que los planes de mitigación municipales y estatales no están actualizados.  Algunos expiraron.  Prácticamente todos son de antes del Huracán María, y no integran sus efectos, las lecciones aprendidas, ni los cambios pos-desastre en los mapas de inundaciones.

Resulta bizarro que para una isla caribeña en plena ruta de huracanes no sea una prioridad vital contar con planes de mitigación actualizados.  Estos planes identifican las zonas más vulnerables y propensas a sufrir daños repetitivos; y definen obras y proyectos prioritarios para evitar que se pierdan vidas y propiedades cuando nos azote un desastre natural.

Si esta justificación no basta, contar con un plan de mitigación es un requisito ineludible para acceder a fondos federales para obras y proyectos que aumenten nuestra resiliencia a desastres.  Se proyecta que Puerto Rico contará con más de 12 mil millones combinados de FEMA y HUD para obras de mitigación.  Para ser elegibles, todas y cada una de estas obras tienen ser parte de un plan de mitigación aprobado por FEMA.

En su portal cibernético, FEMA reporta que ha aprobado poco más de un tercio (36%) de todos los planes de mitigación de Puerto Rico: 38% están expirados; 18% están en revisión; y 8% están en progreso. Y posiblemente ninguno de los aprobados sea pos-desastre.

Sería fácil echarle la culpa a los municipios. Últimamente son el blanco fácil de toda culpa.  Pero justo después de María, la Junta de Planificación asumió la responsabilidad de actualizar todos los planes de mitigación y para eso recibió una millonaria asignación de FEMA.  La Junta (que delegó el proceso a una firma foránea por contrato) y la Oficina Central de Recuperación/COR3 ahora se cantan sin personal para actualizar los planes de mitigación.

Esta semana millones -quizás billones- en obras de mitigación fueron radicadas “sin instrucciones”.  Sus proponentes no saben cómo estas obras serán reconciliadas con los planes de mitigación futuros para acceder a los fondos federales; pero sobre todo, para que todas estas obras respondan a una visión planificada para la previsión de desastres.

En un mundo ideal debimos haber trabajado primero los planes de mitigación con amplia participación ciudadana.  Y contando así con prioridades precisas, proponer las obras a financiarse con los fondos federales.  Así debió ser, pero parece que el gobierno armó el proceso sin haber leído las instrucciones.

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