El caso contra siete estudiantes que participaron en la huelga de la Universidad de Puerto Rico durante 2017, destapó la creación de un grupo especial de fiscales y agentes policiacos para investigar las manifestaciones que se desarrollaron en el transcurso del conflicto estudiantil.

El propio fiscal a cargo del caso, Ángel García, reveló la información durante su argumentación final en corte abierta en la etapa de vista preliminar. Ante cuestionamientos de la defensa relacionados al proceso de identificación de los acusados, García indicó que había cumplido con las directrices especiales designadas a un grupo de trabajo creado específicamente para las protestas que se desarrollaban durante 2017. Acto seguido, la defensa solicitó que se entregara el documento que delineaba la creación del mencionado grupo especial y el protocolo que les instruyeron para estos casos.

“En la argumentación final el fiscal dijo que la Fiscalía General había creado un grupo de agentes y fiscales para investigar los hechos de la Universidad. En mayo 30 de este año pedimos se nos entregara ese documento donde se crea el grupo. Ellos se negaron diciendo que era un documento privilegiado. La jueza determinó que no era privilegiado, además de que el propio fiscal lo había utilizado durante la vista preliminar.” señaló Juan Ramón Acevedo, quien forma parte del equipo de defensa.

La aplicabilidad del memorando no se limitó a las protestas universitarias, pues el fiscal mencionó en sala que era la guía procesal para trabajar situaciones que involucraran activistas que participaban de manifestaciones masivas durante 2017.

El ministerio público acudió sin éxito al Tribunal Apelativo luego que la jueza de primera instancia, Wanda Cruz Ayala, ordenara la entrega del memorando. Tras el revés, fiscalía acudió al panel del Tribunal Supremo el cual también denegó su petición. Las partes esperan la determinación de este cuerpo ante un recurso de revisión que sometió fiscalía la semana pasada.

La jefa de fiscales, Olga Castellón, tuvo a su cargo la creación del memorando bajo órdenes de la entonces secretaria de justicia y actual gobernadora, Wanda Vázqez Garced. El contenido específico del documento se desconoce ya que el ministerio público ha utilizado todos los recursos legales disponibles para evitar entregarlo a la defensa. Castellón brindó una explicación que choca con lo expresado en sala por el fiscal Ángel García. Esta indicó recientemente a otro medio que el documento no contiene nada fuera de lo ordinario y que se limitaba a establecer horarios especiales para los fiscales.

El equipo de defensa se mantiene suspicaz en cuanto al contenido y las instrucciones delineadas al grupo especial ya que no concuerda con la manera en que se trabajan situaciones en las que hay posible comisión de delito.

“Esto sería una situación anómala. Para algo existen agencias investigativas que entran una vez hay comisión de un posible delito. No hace sentido que haya un grupo de fiscales y agentes cuya tarea fuera estar pendientes a ver qué sucedía allí en la huelga estudiantil. Eso me suena a carpeteo.” añadió el licenciado Juan Ramón Acevedo.

El proceso de ley establece que los agentes de la Policía de Puerto Rico están encargados de investigar casos de posible comisión de delitos. En base a esto, proceden a consultar con fiscalía, que es la entidad responsable de someter acusaciones.

El lunes 16 de septiembre habrá una vista de desestimación de los cargos contra los siete estudiantes, que fueron parte de un grupo de más de 50 universitarios que lograron acceso a una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR. En el cónclave se disponían a aprobar recortes y aumentos en los costos de matrícula para el año académico 2017-2018. Se desconoce si para ese día el Tribunal Supremo tendrá una respuesta al recurso de revisión.

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