A toda la comunidad de la UPR y la población puertorriqueña en general:

El Rector interino del RUM, Miguel Muñoz, ha amenazado con crear confrontación en el Recinto, mediante un comunicado que va en contra de las mejores tradiciones y prácticas universitarias.

La Política de No Confrontación ha rendido frutos por décadas, en varios recintos incluyendo el de Mayagüez. Estudiantes, docentes y no docentes han alcanzado acuerdos de escucharse, y evitar a todo costo la violencia.

Los paros estudiantiles han sido abrumadoramente expresiones pacíficas, de discusión libre y participación democrática. La historia de violencia, desde la década del 1970 y pasando por las huelgas estudiantiles de 1981, 2010 y 2011, ha demostrado las nefastas consecuencias de intentar aplastar la protesta usando la fuerza policiaca.

La violencia, y sobre todo del estado, es absolutamente incompatible con la vida universitaria. Exigimos a la Presidencia que reafirme la prohibición de la intervención policiaca en cualquier recinto de la UPR.

Similarmente, repudiamos cualquier intento de designar espacios restringidos como las únicas áreas permitidas para la manifestación estudiantil, ya que ello constituye una vio-lación directa a la Sección 4 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que garantiza sin ambages la libertad de palabra, de prensa y el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica.

Aunque el Estado puede reglamentar el tiempo, lugar y modo de expresión, cualquier restricción debe ser proporcional, neutral al contenido y dejar canales abiertos de comunicación; confinar la protesta a zonas predeterminadas y alejadas del espacio público convierte los foros tradicionales de expresión en territorios prohibidos y constituye a su vez una restricción previa (prior restraint), mecanismo presuntamente inconstitucional bajo la doctrina reiterada por los tribunales, que priva a la ciudadanía de impugnar la medida antes de que se le aplique, violando el debido proceso.

Lejos de evidenciar voluntad de diálogo en buena fe, esta práctica demuestra un propósito de obstaculizar, marginalizar y censurar la expresión legítima al hacerla invisible e inefectiva (precisamente cuando más impacto político y simbólico tiene) en clara contradicción con los valores que deben regir la vida universitaria y democrática.

¡NINGÚN SECTOR UNIVERSITARIO LO ACEPTARÁ!

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