San Juan, Puerto Rico (8 de mayo de 2026) — El Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), reunido en sesión extraordinaria el 7 de mayo de 2026, aprobó una resolución conjunta de los caucuses claustrales y estudiantiles en la que rechaza categóricamente la propuesta legislativa presentada por el representante Jorge Navarro Suárez, titulada “Ley para la Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico de 2026”.

La resolución advierte que el proyecto centraliza la totalidad del poder institucional en una Junta de Gobierno ampliada por un periodo de cinco años, eliminando las facultades decisionales de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros, y reduciendo estos cuerpos a funciones meramente consultivas. Según el Senado Académico, esta medida constituye una intervención desproporcionada, incompatible con los principios de autonomía universitaria y con los estándares de gobernanza establecidos por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).

El Senado alertó que la suspensión de la gobernanza interna pone en riesgo las 258 acreditaciones vigentes del sistema universitario, la acreditación institucional ante la MSCHE y la elegibilidad para fondos federales del Título IV, afectando directamente a más de 42,000 estudiantes.

Asimismo, la resolución señala que la propuesta legislativa crea un conflicto de intereses estructural, al convertir a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a las once rectorías en miembros con voto de la Junta de Gobierno, permitiendo que supervisados se conviertan en supervisores de sí mismos.

El Senado Académico recordó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la UPR no es una agencia ordinaria y que el Estado no puede intervenir de forma que desnaturalice su estructura interna o su misión académica. La centralización total del poder institucional, según la resolución, violenta este principio y constituye una delegación legislativa excesiva sin estándares claros.

El Senado reafirmó su respaldo al Proyecto de la Cámara 880 (PC 880) de nueva ley universitaria, al que describió como la ruta legítima y democráticamente respaldada para la transformación universitaria. Destacó que este proyecto fortalece los Senados Académicos, los Claustros y la representación estudiantil, y establece mecanismos robustos de rendición de cuentas sin desmantelar la gobernanza interna.

El cuerpo académico exhortó a la Asamblea Legislativa a no considerar propuestas que pretendan desmantelar la gobernanza participativa bajo el pretexto de estabilización o emergencia. Además, exigió que cualquier medida que afecte la estructura de gobernanza universitaria sea discutida en vistas públicas amplias, accesibles e inclusivas, convocadas con al menos 30 días de anticipación y con participación real de todos los sectores universitarios y agencias acreditadoras.

Rechazan interdicto preliminar contra estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM)

En otra resolución aprobada ayer, los senadores rechazaron enérgicamente la radicación de una demanda para un interdicto preliminar en el tribunal contra los estudiantes en huelga en dicho recinto.

El Cuerpo reafirmó su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos universitarios, expresando su firme oposición a intervención policiaca como mecanismo para forzar la apertura de recintos. La entidad instó a la presidenta Zayira Jordán Conde a retomar el diálogo con los estudiantes y a retirar la solicitud de interdicto preliminar presentada ante el tribunal.

Asimismo, se reiteró la vigencia de la Política de No Confrontación como herramienta esencial para garantizar procesos universitarios libres de violencia. El Senado Académico exigió la destitución de la presidenta Jordán Conde.

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