El ex gobernador, Ricardo Rosselló Nevares aseguró cerrar su gestión gubernamental con un duro golpe a la ciudadanía, limitando el acceso a la información gubernamental. Haciendo alardes de la conducta mostrada en los famosos chat de Telegrama, Rosselló convirtió en ley dos proyectos  que limitan el acceso a la información de los trabajos gubernamentales a los ciudadanos. Según la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), la firma de las leyes 122 y 141 atentan contra la transparencia y el acceso a la información pública a la que tiene derecho toda la ciudadanía y la prensa.

Estas leyes pasaron por el proceso legislativo sin vistas públicas y se aprobaron en contra de las recomendaciones de periodistas y entidades dedicadas a los temas de transparencia y acceso a la información, como es la Asppro, el Overseas Press Club (OPC), el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la entidad no-gubernamental, Espacios Abiertos.

“Dos días antes solicitamos directamente a Rosselló, al igual que lo hicieran otras organizaciones, que no convirtiera en ley los dos nefastos proyectos y no solamente lo hizo, sino que no se lo dijo al pueblo. A esta hora, ni La Fortaleza, ni el Departamento de Estado han dado a conocer este último acto de repudio contra la democracia” puntualizó Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

Por su parte, la presidenta de la Asppro,  Damaris Suárez, dejó ver la incomodidad del gremio de periodistas con la acción de Rosselló. “Es una vergüenza para Puerto Rico que su Gobierno vaya en contra de las tendencias mundiales y las mejores prácticas de transparencia. Ambas leyes constituyen un retroceso en los avances de años para dar mayor transparencia a la gestión pública y facilitar el acceso a información”, manifestó Suárez.

Tras los escándalos de corrupción gubernamental de las pasadas semanas  y en medio de la terminación abrupta del primer ejecutivo, el país debe tener certeza y claridad de las acciones gubernamentales.  Ambas leyes, en conjunto, crean un periodo automático de 10 días laborables de espera para solicitar información al Gobierno, término que podría aumentar a 25 días, antes de que ciudadanos (incluyendo periodistas) tengan acceso a lo solicitado.

Las leyes eliminan las solicitudes de información de forma verbal, limitando el fácil acceso a la documentación pública.  Las enmiendas introducidas en el proceso legislativo limitaron intencionalmente los mecanismos que utilizan los periodistas y los medios noticiosos para solicitar información, denunció la Asppro.

Ahora, los ciudadanos y periodistas tendrán que recurrir exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan si quieren buscar un remedio judicial cuando les denieguen o ignoren su pedido de información. Esto tendrá un impacto oneroso para los periodistas, individuos  y organizaciones comunitarias que deseen acceder a información pública.

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