Sin padrinos para conseguir ayuda, salvavidas, para la administración de la colonia, y evidentemente no tiene padrinos que lo asesoren correctamente sobre el Imperio.

Durante la semana que comenzó el 23 de abril de 2017, dos figuras políticas del Partido Nuevo Progresista (PNP) se enfrentaron a unos eventos que los han dejado atolondrados.  Ambos parecen pasar por la triste condición de no contar con un padrino, el Gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., en Nueva York y aquí en Puerto Rico y  el representante José Luis Rivera Guerra en Puerto Rico. Empecemos por el representante que sufrió como parte de una trifulca provocada por él en el Capitolio de Puerto Rico unos golpes.  Además, sus problemas de falta de padrino datan de hace más de cinco años atrás.

Mientras disfrutaba de un tercer término como legislador  en la Cámara de Representantes de Puerto Rico allá para fines del 2011 y principios del 2012, Rivera Guerra era objeto de unas graves acusaciones relacionadas a la casa en la que vivía.  En aquel entonces enfrentaba unas  irregularidades en el cumplimiento con unas obligaciones   con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en torno a una casa que había construido, casa que tomaba la energía eléctrica y el agua de una casa vecina y no de una conexión directa de parte de la AEE y la AAA.  Las acusaciones acapararon  gran parte de las páginas principales de los periódicos de Puerto Rico habiendo la Presidenta de la Cámara de aquel entonces,   Jennifer González,  referido el asunto a la Comisión de Ética del cuerpo que  dirigía, Comité que despachó dos querellas relativas a la conducta admitida públicamente por el representante por falta de conocimiento personal de los querellantes.

Poco después del referido, la Senadora de aquel entonces  Lucy Arce Ferrer, del PNP también,  manifestó que como el legislador no tenía padrinos que lo bauticen, no ha podido lograr obtener los permisos necesarios a través de las agencias del gobierno de Puerto Rico para poner los asuntos de su casa en orden. Sus palabras a una  periodista de El Nuevo Día fueron: “es lamentable que el que no tiene padrino no se bautiza porque unos reciben los permisos en 24 horas y otros no”. Veamos qué hay de cierto tras lo que dice la Sra.  Arce, que debiera sentirse avergonzada por lo que dijo,  ya que con sus palabras estaba  haciendo una grave admisión y un ataque  sobre  cómo trabajan las agencias administrativas y los empleados públicos  de Puerto Rico, si fuera cierto lo que decía,  tras los tres años que llevaba   dirigiendo el gobierno de  la Isla junto a su partido político y a su gobernador.

Partimos de cómo el representante Rivera Guerra obtuvo la dicha de contar con el terreno en el que construyó una de sus casas. A uno de los medios de prensa, su abuela, Aurea Castro, le dijo que ese terreno era de una herencia y que ella se lo regaló  a él.  En Puerto Rico existe un registro, conocido como el Registro de la Propiedad, en el que se inscriben los derechos de las personas sobre las propiedades que adquieren, entre otros derechos sobre la propiedad que son susceptibles de inscripción. La idea tras ese Registro, entre otros propósitos,   es el de asegurar que los títulos sobre las propiedades no solamente estén debidamente inscritos, pero que también cuando una persona vaya a comprar una propiedad a otra, que del Registro claramente se desprenda que quien vende es el verdadero dueño. También la certeza del título y las fechas de los mismos nos confiere las referencias de los momentos en que los dueños pasan a ser responsables de sus obligaciones contributivas sobre la propiedad ante el gobierno.

Cuando se obtiene un terreno por herencia o por regalo, es decir, por donación, es entonces  necesario preparar una documentación legal de forma tal que se haga el traspaso de título de la persona fallecida o del donante al nuevo dueño. Dicha documentación requiere que se prepare un escrito llamado comúnmente Instancia, a través de la cual se acredita la forma en que el título sobre la propiedad pasó del fallecido a los herederos con los documentos acreditativos de la herencia,  y en caso del donante, hace falta una escritura de donación cuya copia certificada el Notario Público ante quien se suscribe presenta ante el Registro de la Propiedad.  Ambas transferencias, la de la herencia y la de la donación, requieren de antemano la presentación de una planilla ante el Departamento de Hacienda a través de la cual se acredite que la propiedad y la persona fallecida o el donante están libres de cargas contributivas. Una vez el Departamento de Hacienda aprueba las planillas,  entonces se puede dar curso a la transferencia del título en el Registro de la Propiedad.  Nos preguntamos si todo esto ocurrió en el caso del Representante Rivera Guerra, y si la prueba de ello se trajo a la atención de la Representante González en aquel entonces.

Si la propiedad que la abuela de Rivera Guerra le regaló, era solamente una parte  de un terreno, era necesario que un agrimensor hiciera una mensura del área del terreno que le iba a regalar. Luego de hacer la mensura, el agrimensor tenía que hacer un plano que tenía que ser presentado y aprobado por las agencias gubernamentales correspondientes. Después de esa aprobación,  era necesario que se preparara una escritura de segregación de forma tal que se pudiera presentar en el Registro de la Propiedad para que así constara ese solar como uno independiente a nombre de quien fuera a era dueño del mismo. Una vez se hace la segregación, o una vez se transfiere la propiedad al nuevo dueño, en este caso el representante Rivera Guerra, era necesario que como parte de esos trámites que se notificara con los formularios correspondientes la transacción al CRIM para que el CRIM tomara nota de la nueva propiedad y que le asignara un nuevo número catastral (número de propiedad) con la tasación del valor del terreno para fines de las contribuciones que se tienen que pagar anualmente.  Nos preguntamos si el representante o sus familiares hicieron estos trámites cuando la herencia o la donación ocurrió y si la prueba de ello se trajo a la atención de la Representante González en aquel entonces.

Pero no conforme con obtener un terreno, el representante decidió construir en él una casa, a lo cual tiene perfecto derecho. Pero construir una casa para fines residenciales en Puerto Rico no es lo mismo que construirle a una hija una casita de muñecas en el patio  o a un perro una casita para que duerma afuera libre de la lluvia y el sol. Para construir una residencia hay que contratar a un profesional, arquitecto o ingeniero, para que haga un plano de la casa. Ese plano tiene que pasar por las aprobaciones de las agencias gubernamentales correspondientes para fines de obtener lo que la ley llama un permiso de construcción, permiso que una vez es conferido permite que se proceda con la construcción bajo las condiciones que el gobierno establezca y de conformidad con lo que dice el plano preparado por el profesional.   Nos preguntamos si el representante cumplió con  esos trámites y si la prueba de ello se trajo a la atención de la Representante González en aquel entonces.

Una vez se termina la construcción, entonces hay que acudir a las agencias gubernamentales pertinentes para que las mismas aprueben la construcción y confieran el permiso de uso de la casa, permiso necesario para que  la AEE y la AAA no pueden proveer los servicios de energía eléctrica y de agua  correspondientes.  Nos preguntamos si el representante cumplió con  esos trámites y si la prueba de ello se trajo a la atención de la Representante González en aquel entonces.

Una vez se obtiene el permiso de uso, el propietario de la residencia tiene que también notificar la construcción de la misma al CRIM, para que esa agencia tase la estructura e incorpore la misma a los datos del número catastral para la determinación de la contribución que el propietario tiene que pagar  y por la estructura. Nos preguntamos si el representante cumplió con  esos trámites y si la prueba de ello se trajo a la atención de la Representante González en aquel entonces.

Si el representante hubiera cumplido con todos estos trámites después de tantos años, él no hubiera  pasado por la novela que protagonizó en aquel entonces, ni hubiera tenido la necesidad de bautizarse con un padrino, contando con una residencia en la cual tuviera su propio contador de luz y de agua, para recibir todos los meses las facturas correspondientes de luz y de agua.  Hubiera podido entonces,  como todos los demás ciudadanos cumplidores de la ley,  pagar por los servicios a tiempo o con atrasos. Pero se equivocó la Senadora Arce. El representante Rivera Guerra tenía  más de un padrino.  Tenía  los padrinos de la Cámara de Representantes que a pesar de que él había  admitido que no había  cumplido con algunos de los trámites que aquí se señalan, le archivaron las  querellas éticas por ese asunto.

Pero esos padrinos no fueron lo suficientemente poderosos en aquel entonces, para impedir que Rivera Guerra se tuviera que enfrentar a un Panel del Fiscal Especial Independiente y  a la Justicia declarándose al final del proceso culpable por vivir en una residencia que no tenía permiso de uso y por no informarle a la Oficina de Ética Gubernamental la construcción de una piscina.  Por ello  lo sentenciaran solamente  a 40 horas de servicio comunitario y multas de $2,900 por violaciones éticas.  Otra consecuencia de lo ocurrido fue que su partido  no le permitió postularse nuevamente al cargo de representante que ocupaba en las elecciones del 2012.  No obstante esas penas, le permitieron postularse nuevamente en el 2016, y en la Cámara de Representante está, representando el distrito representativo 17 correspondiente a Moca y Aguadilla.  Desde allí está sirviendo como legislador y dando codazos y recibiendo golpes.  Veremos cuál será la secuela del incidente de violento de esta semana y cuántos padrinos tendrá que lo protejan.

Mientras tanto el Gobernador Rosselló Nevares ha estado recibiendo golpes de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en lo relativo al plebiscito del 11 de junio.  Está recibiendo golpes  del Congreso en torno a la necesidad de fondos para los servicios de salud en Puerto Rico.  Está recibiendo golpes  de parte de   la Junta de Control Fiscal,  que con el paso de las semanas le hace cada vez más pequeño el cuarto de Puerto Rico.  Recordemos que él expresó a la prensa que la Junta habría de establecer el tamaño del cuarto, de Puerto Rico, y que a él le correspondería poner los muebles del a cuarto en orden.  Está recibiendo golpes  de  los bonistas institucionales que quieren que se les pague lo más posible  y del propio Presidente Trump a través de unos “Tweets” publicados por él durante la  semana pasada haciendo referencia a Puerto Rico.

Ante esos golpes, recordemos que Rosselló fue el candidato el año pasado que se ufanaba durante la campaña electoral del 2016 de que sería el último gobernador de la colonia.  Fue el candidato que decía que la deuda pública de Puerto Rico se podía pagar y se iba a pagar.  Fue el candidato que decía  que haría  uso del Plan Tenesí, un plan que nunca ha explicado claramente a la ciudadanía, para traer la estadidad a Puerto Rico creando una crisis al gobierno federal y al Congreso con unos representantes y senadores que enviaría a Washington para sentarse en el Congreso como representantes de los puertorriqueños.  Fue el gobernante que sometió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de título Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, que fue aprobada en pocos días  el 2 de febrero de 2017, para llevar a cabo un plebiscito el 11 de junio de 2017, y al día de hoy, más de tres meses después, no obstante la inmediatez de la que se refiere la ley, el país sigue siendo colonia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Como parte de ese logro legislativo, estableció un ultimatum para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica se expresara en torno a dicho plebiscito y la validez de las fórmulas seleccionadas para la votación del pueblo.  La fecha límite era el 17 de abril de 2017, pero ya para el 13 de abril de 2017, un Jueves Santo, le tenían una respuesta.  En la misma un oficial de ese Departamento de Justicia le indicó   entre otras cosas que la estadidad según definida por el PNP confunde.  No es la única alternativa que garantiza la ciudadanía de los EUA.  De hecho, en  esa parte del texto de la carta se desmienten todas las campañas del PNP a esos efectos.  En segundo lugar le requirieron que en la consulta había que incluir al ELA, aunque se refieren a él como territorio.   En tercer  lugar,  al incluir el territorio como alternativa se diluye el apoyo a la estadidad y   la esperanza de obtener una super mayoría se aleja.  Además, en la misma carta se le advierte al PNP que los resultados del plebiscito del 2012, que como parte de su campaña se proclama como un triunfo para la estadidad,  además de no ser concluyentes  por una variedad de razones  que no detallan, ponen en entredicho la validez del ejercicio electoral del 2012 cuyos resultados “han sido objeto de controversias” y debate.  La carta a su vez provocó que el Gobernador y su partido se quedaran solos por el reclamo de los demás partidos y organizaciones políticas de dar curso a un boicot electoral.

El Gobernador se molestó con el contenido de la carta y de inmediato se expresó públicamente en particular por el requerimiento del gobierno federal de que se incluyera al ELA como territorio en la consulta.  No obstante,  pocas horas después, junto al resto del liderato del PNP aceptaron las instrucciones del Departamento de Justicia Federal y la semana siguiente,  el 19 de abril de 2017,  enmendaron la legislación.  Posteriormente le remitieron las enmiendas a la Ley y las nuevas definiciones nuevamente al Departamento de Justicia Federal, para solicitar una vez más la bendición federal para llevar a cabo el plebiscito.

El 28 de abril de 2017 se publicó en el periódico El Nuevo Día una entrevista que le hiciera el periodista José Delgado a Ricardo Rosselló.  En la misma se le pregunta dónde queda su plan Tenesí tras el Departamento de Justicia de EUA. desechar la vigencia de los resultados del plebiscito de 2012 –en el que el Partido Nuevo Progresista (PNP) considera que venció la estadidad.  El Gobernador  expresó que  la posición del Departamento de Justicia  no representa a la administración de Donald Trump.

Delgado reportó que en la  conversación del martes 25 de abril por el Gobernador  con el Secretario Asociado Interino de Justicia Federal, Jesse Panuccio, Rosselló reafirmó su intención de esperar por el análisis de la oficina del secretario Jeff Sessions, lo que hace evidente que, al menos, tendrán que legislar para cambiar la fecha de la consulta.  De modo que es posible que la inmediatez provista por la Ley se aleje  más.  De hecho en la entrevista, en cuanto a la viabilidad de la consulta, el Gobernador admitió que eso estaba en discusión.

Termina Delgado  la entrevista con las siguientes preguntas y contestaciones por parte del Gobernador. Delgado pregunta: “¿En qué medida se trastocó su plan de que se ratificara un voto por la estadidad? ¿Pueden venir aquí a implantar un plan Tenesí cuando, para el Ejecutivo federal, los resultados de 2012 no se toman en cuenta?

Contestó Ricardo Rosselló que esas son premisas falsas y añadió que el Ejecutivo federal no rechazó el plebiscito de 2012, que eso fue una carta del Departamento de Justicia.  Le preguntamos al Gobernador, pregunta que desconozco si Delgado se la hizo, si acaso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no forma parte de la Rama Ejecutiva Federal.

Finalmente pregunta Delgado: “¿Pero Justicia federal es la agencia que tiene que lidiar con el tema?”   Y el Gobernador responde: “El que tiene la injerencia sobre esto es Casa Blanca. La Casa Blanca y el presidente (Donald Trump) han establecido, tanto en su plataforma como en otros componentes, que esto es un proceso válido.”  ¿A cuál plataforma se refiere el Gobernador?  ¿Y si la última palabra está en la Casa Blanca, si el que se expresará como cuando el Papa habla,  es el Sr.  Donald Trump, ¿por qué cuando redactaron y aprobaron la Ley que inmediatamente nos habría de descolonizar, en lugar de referir la consulta para revisión y bendición con ultimatum y todo al Departamento de Justicia, no lo hicieron para que el Presidente fuera quien se expresara?

El Gobernador evidentemente está más solo que nunca, sin padrinos para conseguir ayuda, salvavidas, para la administración de la colonia, y evidentemente no tiene padrinos que lo asesoren correctamente en lo que a la conducta e historia del imperio del cual él quiere formar parte, conducta e historia que evidentemente no aprendió en los colegios y  universidades en las que estudió.

Por Roberto Maldonado Nieves

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