Dr. René Pinto-Lugo

Asumamos y consideremos, aunque tengamos diferentes opiniones, que la aseveración del título de este breve artículo pueda ser parcial o totalmente correcta. ¿Quién entonces debería ser parcial o totalmente responsable de la “deuda” colonial? ¿Aquel que la incurrió, o quién provocó la deuda con su control colonial? ¿El colonizador, Estados Unidos, que no obstante, el proceso de descolonización en el mundo de la post II Guerra Mundial, aun persiste en mantener un colonialismo mutado y encubierto por una Constitución Federal colonial para simular su cumplimiento y atenuar las presiones de la Organización de las Naciones Unidas; o el colonizado, Puerto Rico?

¿Cómo puede ser justo en derecho y equidad que los Estados Unidos haya impuesto y aun mantenga un régimen de control colonial por mas de 120 años y que ahora pretenda pasarle la cuenta a Puerto Rico y escaparse de las consecuencias de sus actos e incumplimiento de sus deberes con respecto al pago de la deuda y el desarrollo sostenible del colonizado? NO, el colonialismo tiene consecuencias.

En la misma línea de razonamiento anterior, preguntémonos además, ¿por qué se promovieron y aprobaron las emisiones de deuda pública por los diferentes gobiernos insulares de turno? ¿Fueron esas emisiones de deuda pública, actos necesariamente resultantes de crasa ineptitud, ignorancia, errores o corrupción, o al menos también pudieron resultar como una reacción defensiva al estado de legitima necesidad por la grave reducción en ingresos fiscales causada por, entre varias otras razones de control colonial, la eliminación por el Congreso Federal de los incentivos a las llamadas corporaciones 936 y la fuga de inversiones?

Claro, también pudo haber contribuido que ante la crisis fiscal, fue políticamente más conveniente emitir deuda pública que reducir servicios y beneficios del gobierno o aumentar los tributos. ¿Pero, en última instancia, sería razonable pensar que los gobiernos de turno y sus asesores legales, actuariales y  financieros, etc., a todos se les haya escapado negligentemente pensar que la acumulación agregada de sobre 70 billones de dólares en emisiones de deuda pública para cubrir principalmente gastos recurrentes y sin capacidad de repago, podría ser “ultra vires”, ilegal e impagable?

¿Qué es una trampa de pobreza? La trampa de pobreza se refiere a aquellas situaciones que conforman un ciclo inescapable que mantiene a las personas, comunidades y naciones ahogadas en un estado de pobreza, no obstante intentan desesperadamente superarlas. ¿Por qué Puerto Rico está inmerso en una trampa de pobreza? ¿Será porque somos inferiores e incapaces de dirigir nuestros destinos como país, o por el desarrollo de una cultura de dependencia, u otras razones externas a nuestro control? ¿Tendrá algún vínculo la trampa de pobreza en la que Puerto Rico está inmerso con su estatus colonial?

¿Por qué no se ha llevado a cabo una auditoria forense de las emisiones de deuda pública? Aun asumiendo que mañana nos liberáramos totalmente de la “deuda”, ¿debemos hacer una auditoria forense o, en contra posición no debemos hacerla para así premiar con impunidad a las personas y entidades responsables de este singular embrollo y desbarajuste económico? Sino auditamos no sabremos  con precisión cómo y por qué sucedió, y qué hicimos con el dinero, y consecuentemente estaremos vulnerables a repetir los mismos errores y horrores.

¿Por qué permitimos legarle a nuestras futuras generaciones una “deuda” misteriosa, injustificable constitucionalmente, sin auditar y sin la participación económica de las partes responsables, Estados Unidos, las instituciones financieras, las firmas asesoras y sus aseguradores? ¿Puerto Rico tiene la capacidad de pago de la deuda a ser reestructurada y hacerle frente a los retos de una economía global cada día mas competitiva; los retos de los cambios climáticos; pandemias, etc.? ¿Por qué se continua subestimando la opinión pericial de los mas reconocidos economistas en el mundo que afirman que la deuda es impagable? ¿Nos dirigimos a otra quiebra y masiva emigración?

¿Por qué la emisión de nueva deuda publica (deuda reestructurada) conforme presentada en el proyecto de la Cámara 1003 no debe ser aprobada? ¿De aprobarse el PC 1003, estaríamos renunciando a defensas y estrategias validas para refutar una deuda dudosa, debatible, que fue provocada por los Estados Unidos y de la cual es responsable?

Durante el periodo 2014-2018, entre las características económicas de Puerto Rico y sus municipios, el U.S. Census encontró que 36 de los 78 municipios contaban con 50% o más de su población en niveles de pobreza. De esos 36 municipios, en 6 de ellos el nivel de pobreza alcanzó entre 60% a 64%. Solo un 40% de las personas constituían la participación laboral. La situación al presente no ha mejorado, mas bien ha empeorado sin un asomo al aspirado desarrollo sostenible, dejando atrás las cadenas de una cultura de dependencia que limita y empobrece a nuestro Pueblo.

Las preguntas aquí presentadas sugieren contestaciones, pues el propósito es que se consideren alternativas que se fundamenten en que la deuda remanente (luego de auditada) es la responsabilidad de múltiples partes y no de Puerto Rico. Es vital, en esta etapa de la reestructuración de la deuda colonial,  que en forma solidaria y democrática defendamos la Ley por un Retiro Digno, Ley 7 de 2021; consolidemos la oposición al PC 1003; se rechace el Plan de Ajuste de Deuda, y se robustezca el reclamo a los Estados Unidos para que asuma la deuda que le corresponde, no como un acto de piedad y benevolencia del colonizador, sino como un acto fundamentado en su responsabilidad y deber de reparaciones por el daño causado. Este seria parte del comienzo para que comencemos a salir de la trampa de pobreza y forjemos un futuro digno para nuestras futuras generaciones y Puerto Rico.

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