Por Carol E. Ramos Gerena, Estudiante de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR-RP

El pasado viernes 20 de septiembre de 2019, a dos años del paso del huracán María, cientos de jóvenes en Puerto Rico respondieron al llamado mundial para exigirle acciones concretas y conscientes a los tomadores de decisiones con el fin de garantizar calidad de vida justa y digna para las presentes y futuras generaciones.

Ante este contexto, planificadores profesionales, estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico hemos hecho un llamado para detener los cambios de calificación y clasificación que propone la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR), ya que aumentan la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el cambio climático.

Este próximo 24 de septiembre culmina el periodo de comentarios para los cambios que ha propuesto la Junta de Planificación, luego de un proceso limitado y poco accesible para que el pueblo participara sometiendo sus comentarios. De aprobarse, estos cambios limitarán la capacidad de adaptación de la sociedad puertorriqueña a largo plazo.

Según Verónica González, profesora de la Escuela Graduada de Planificación, “Herramientas como la calificación y la clasificación son precisamente unas de las más importantes que tenemos para evitar que se cometan los errores del pasado. Sin embargo, estos cambios propuestos a través del Reglamento Conjunto y el mapa de distritos de calificación de suelo, viabilizarían los permisos de construcción de forma ministerial, a costa de poner a Puerto Rico en una posición más vulnerable ante el cambio climático.”

Los cambios de calificación de suelo del archipiélago implican cambiar los usos y actividades autorizadas en el territorio. La calificación dicta dónde se permiten ciertos usos de suelo y el tipo o intensidad de construcción permitida. Estos cambios son propuestos por la Junta de Planificación de Puerto Rico sin respetar cabalmente los principios establecidos por el Plan de Uso de Terrenos aprobado en el 2015. Estos mapas de calificación propuestos estarían prácticamente permitiendo cualquier tipo de actividad sin considerar las consecuencias sociales, económicas y especialmente ambientales que tendrían a largo plazo en el país.

Los planes vigentes, como el Plan de Uso de Terrenos, que define las clasificaciones, y los Planes de Ordenamiento Territorial,  están alterando los distritos propuestos por la Junta de Planificación según analizado por planificadores, arquitectos, abogados y agricultores. Sin embargo, la presidenta de la Junta de Planificación, la planificadora María Gordillo insiste en que están haciendo equivalencias y consolidaciones, no cambios.

“Estos cambios de calificación traen consigo, a su vez, cambios en la clasificación aprobada en el 2015, y permiten: 1) la destrucción de dunas de arena; 2) la construcción de proyectos que implica la entrada de agua de mar tierra adentro afectando los acuíferos y la fertilidad de los terrenos; 3) fomentará la destrucción de bosques lo cual alterará los microclimas y aportará con ello al calentamiento global; 4) permitirá construcciones y usos que implican la remoción de árboles y la cubierta forestal, por ende, provocará mayor erosión en las cuencas hidrográficas lo que afectará los arrecifes de coral y, por tanto, permitirá mayor erosión costera…” según resaltara el planificador ambiental José Rivera Santana.

El llamado ha sido que se le exija a la gobernadora Wanda Vázquez que anule el mapa de calificación, pero que también se cuestione el Reglamento Conjunto recién aprobado, ya que es el Reglamento Conjunto el documento que contiene las 22 calificaciones consolidadas, reducidas para calificar a todo Puerto Rico.

Por su parte, el profesor Carlos Guilbe expresó: “El Plan de Uso de Terrenos es el instrumento de planificación que da mayor poder a la sociedad puertorriqueña ante la crisis que estamos viviendo y ante la realidad de una Junta de Control Fiscal y las futuras aprobaciones de “proyectos críticos” amparados bajo la ley PROMESA. Si hay un momento clave para asegurar, una adaptación efectiva y justa a largo plazo, es ahora. En el momento que la juventud reclama equidad transgeneracional y sostenibilidad socio-ecológica. La comunidad universitaria no finalizará sus expresiones contra la iniciativa gubernamental el 24 de septiembre, sino se seguirán fomentando reuniones con comunidades y escuelas para alertar sobre las implicaciones que tienen estos cambios sobre el quehacer diario en el país”.

Nos urge detener este proceso y cuestionar a las y los autores de esta mala planificación o no-planificación en Puerto Rico.

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