La Unión Americana de Libertades Civiles (“ACLU” por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico radicaron una demanda sobre violación a la Primera Enmienda por las dos leyes recientes contra ‘fake news’ en Puerto Rico. Las leyes, una de las cuales fue aprobada durante la cobertura mediática sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico, criminaliza compartir información sobre las emergencias que el gobierno considere “falsa”, incluyendo la actual pandemia global de COVID-19. Los violadores podrían enfrentarse a hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5,000.

La demanda fue radicada a nombre de dos periodistas, Sandra Rodríguez Cotto y Rafelli González Cotto, quienes temen que las leyes se usarán para castigarlos por sus reportajes sobre la crisis de COVID-19, sobre todo por reportajes que reflejan las actuaciones impropias o negligentes del gobierno. Argumentan que las leyes violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debido proceso de ley, y procuran una orden judicial que impida la aplicación de estas leyes.

“Durante tiempos de crisis, como la pandemia a la que ahora nos enfrentamos, la gente necesita recibir más información sobre cómo su gobierno está operando”, dijo la demandante Sandra Rodríguez Cotto. “La prensa tiene que ser libre para ejercer su trabajo, sin miedo a represalias del gobierno. Estas leyes le colocan una barrera importante a la información de interés público y al debate que debe llevarse a cabo”, agregó Cotto.

ACLU argumenta que las leyes de Puerto Rico contra “fake news”, las cuales no le requieren al gobierno que demuestre que el hablante sabía que su expresión era falsa, viola la Primera Enmienda y la Cuarta Enmienda por su terminología imprecisa y alcance tan amplio.

“Una sociedad libre y democrática depende de una prensa libre, especialmente durante tiempos de emergencia”, dijo Brian Hauss, abogado del proyecto de expresión, privacidad y tecnología de ACLU. “Estas leyes contra ‘fake news’ violan el principio cardinal de la Primera Enmienda, que establece que no puede confiársele al gobierno  la regulación del diálogo sobre asuntos de interés público”.

Aunque las leyes aparentemente solo aplican a “información falsa”, ACLU advierte que inevitablemente podrían suprimir una porción importante de información verdadera sobre asuntos de gran interés público. ACLU añade que “la transparencia del gobierno, no la censura, sería una manera más efectiva de combatir la desinformación”.

Por su parte, William Ramírez, director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, señaló: “Por demasiado tiempo la gente de Puerto Rico ha tenido que tolerar administraciones que legislan en la oscuridad de la noche, sin rendir cuentas al pueblo por sus acciones, ni responder a cualquier forma de supervisión. Estas leyes solo sirven para alentar el temor en aquellos que exigen respuestas y gobierno limpio”.   

Rodríguez Cotto es la anfitriona el programa de radio en red “En blanco y negro con Sandra” y publicó las primeras once páginas de la conversación de Telegram entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus asesores, revelando el uso de lenguaje misógino y expresiones violentas en contra de mujeres. Es además una profesional de larga trayectoria no solo en periodismo sino también en el campo de las relaciones públicas.

Rafelli González Cotto ha publicado numerosos escritos sobre la respuesta de Puerto Rico ante el brote de COVID-19. Su reportaje reveló, por ejemplo, que el porcentaje de muertes por casos publicado por el Departamento de Salud estaba significativamente sub-valorado con respecto al porcentaje real de muertes por casos.

La demanda se radicó en el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico y en ella tuvo especial participación el licenciado Fermín Arraiza, de ACLU-Puerto Rico.

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Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, ACLU y sus 54 capítulos estatales han entablado más de 110 acciones legales en toda la nación para salvar vidas, asegurar el derecho al voto, proteger el derecho al aborto y vigilar extralimitaciones gubernamentales injustificadas. Más información sobre esas acciones disponible aquí.

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