En nuestro país hay toda una retórica montada para combatir la corrupción. Surge constantemente en las editoriales de los periódicos, lanzan en cada una de las campañas electorales, fue una de las justificaciones para la imposición de la Junta de Control Fiscal y aún hoy, forma parte de las preocupaciones principales de nuestra ciudadanía. Y con razón. La corrupción no sólo tiene el efecto de minar la confianza en lo público, sino que redirige recursos destinados al mejoramiento colectivo hacia manos privadas. Más aún, tiene un efecto acumulativo. Por lo general, quienes se acomodan gracias a la corrupción terminan asegurando sus privilegios hacia sus herederos, mientras que quienes sufren la falta de recursos, también trasladan su condena hacia el futuro. Por ello siempre resulta indignante cuando quienes se suponen velen por los mejores intereses del país, sean activos defensores de la corrupción.

Quizás, en lo que va de semana, la muestra más visible de la defensa férrea y corrupta en pro de intereses particulares, se lo lleva el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y la Policía de Puerto Rico en Rincón. En el espacio de las últimas dos semanas, el país ha sido espectador, paso por paso, de la coherencia gubernamental en defensa de la corrupción. El pecado original: la otorgación de permisos para la construcción en zona marítimo terrestre. Luego de ello, el intento de invisibilización de los señalamientos hechos por manifestaciones en el área. A ello, le siguió la persecución y arresto de manifestantes y la activación innecesaria de recursos para intentar someter cargos criminales.

Pero el evento no concluyó ahí, luego de que se logrará que se emitiera una orden de desistir de la construcción, en pocas horas llega una nueva orden enmendada diciendo exactamente lo contrario. A ello se le sumó las expresiones públicas hechas por el Secretario del DRNA, Rafael Machargo, quien parecía pedir disculpas por el atrevimiento de cumplir con las funciones de su puesto.

Para quienes de alguna manera nos hemos relacionado con procesos administrativos, basta decir: es altamente irregular la conducta observada por el DRNA y Machargo, con el cambio de la orden administrativa aún, cuando bien sabemos que en este país hay llamadas telefónicas, que si bien no mueven montañas, bien pueden mover la ley.

Más irregular aún es la actuación de la policía. En el día 21 de julio, un manifestante fue empujado por un guardia de seguridad privado, mientras se manifestaba pacíficamente parado encima de la pared en controversia. Acto seguido, el manifestante perdió el balance y cayó encima del muro. En lo inmediato, los policías no tomaron querella alguna por la agresión, mucho menos arrestaron al guardia de seguridad privada. Eso sí, no tardaron en someter querellas contra manifestantes y arrestar a un manifestante por el delito de tirar arena en la playa.

Ese es el estado presente de las cosas. Desde la Junta de Control Fiscal hasta la Policía de Puerto Rico; desde el Tribunal Supremo hasta el Departamento de Recursos Naturales, vivimos en un país en el cual el sector acomodado hace lo innombrable para darle sello de estampa “valido” a actos de corrupción.

Es así como se le da sello de estampa a los proyectos de Playa Almendro en Rincón y Playuela en Aguadilla. En defensa de la corrupción, el gobierno de Puerto Rico, y sus representantes del PNP y el PPD, no dudan en jugar todas sus cartas en para proteger sus propios intereses. Entonces si el gobierno defiende la corrupción las y los protestantes nos muestran cómo defender la justicia.

Sobre Francisco Santiago Cintrón

Natural de Guayama, Puerto Rico, Francisco Andrés Santiago Cintrón cursó estudios de ciencias políticas y relaciones laborales para luego completar estudios en la Escuela de Derecho en la Univers