(25 de marzo de 2026, San Juan) — El Puente Puerto Rico radicó este martes una petición de mandamus contra la Cámara de Representantes y la gobernadora, Jenniffer González Colón, con el fin de que cumplan con lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019) en torno al Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC).

La organización explicó que la demanda busca que la Cámara de Representantes remita el PMARCC a la Gobernadora, y que esta proceda a aceptarlo y firmarlo o vetarlo, conforme establece el Artículo 16 de la Ley 33-2019.

“Se acabaron las excusas. La gobernadora y el presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez) saben el costo político que tiene seguir apoyando la destrucción del ambiente y por eso prefieren mantener en el limbo la aprobación del PMARCC. Pero el pueblo sí sabe lo importante que es aprobar este plan, que lo que busca es adelantar, de manera organizada, la adaptación climática”, expresó Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.

Según detalló la organización, el 18 de noviembre de 2025 la Comisión Conjunta de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático recomendó la aprobación del PMARCC y lo sometió a la consideración de ambos cuerpos legislativos. Ese mismo día, el Senado votó a favor del plan, mientras que la Cámara de Representantes no llevó a votación la medida.

Aun así, al concluir la sesión ordinaria ese 18 de noviembre, el plan quedó aprobado conforme a la ley. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, el Senado remitió el PMARCC a La Fortaleza. Sin embargo, al día siguiente, el Secretario Auxiliar de la Gobernación para Asuntos Legislativos, Carlos E. Rivera Justiniano, devolvió el documento a la Cámara de Representantes al alegar que solo había sido aprobado por uno de los cuerpos legislativos.

El Puente Puerto Rico indicó que, pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó que dicha devolución no procedía, y a que la organización le solicitó a la Gobernadora que reclamara el plan o actuara sobre este, el PMARCC permaneció en manos de la Cámara de Representantes. Asimismo, señalaron que también solicitaron a la Cámara que enviara el plan a Fortaleza, sin recibir respuesta.

La organización recalcó que, conforme a la intención legislativa, el PMARCC debió aprobarse hace al menos cuatro años, y que, a casi siete años de la aprobación de la Ley 33-2019, Puerto Rico aún carece de un plan integrado para atender la crisis climática.

“La inacción del Gobierno es extremadamente irresponsable y contraria a los deberes ministeriales que tienen. La Cámara de Representantes no tiene autoridad para mantener secuestrado el PMARCC ni de modificarlo, y la Gobernadora tiene que aceptar dicho plan y decidir si lo va a firmar o no. Esto es lo que le estamos solicitando al Tribunal”, expresó la licenciada Ninoshka G. Picart Pérez, abogada de El Puente Puerto Rico.

La entidad subrayó la urgencia de que Puerto Rico cuente con un plan integrado para atender los efectos del cambio climático, dado que el archipiélago se encuentra entre los territorios más afectados por el calentamiento global. El PMARCC busca coordinar sectores como infraestructura, salud, turismo, agricultura, educación y energía para mitigar riesgos y proteger la vida, la propiedad y la economía del país.

El Puente Puerto Rico advirtió que la ausencia del plan agrava las condiciones de las comunidades más vulnerables, exponiéndolas a impactos como el calor extremo y la mala calidad del aire, que aumentan las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en personas adultas mayores.

Además, señaló que no contar con una estrategia planificada también tiene implicaciones económicas, incluyendo posibles pérdidas en infraestructura, turismo y agricultura, así como afectaciones a la capacidad operacional del transporte aéreo.

“El Plan identifica prioridades claves y le permite a las agencias enfocar sus esfuerzos y comprometer sus recursos para proteger las vidas y propiedades más vulnerables. La gobernadora ya no puede evadir su responsabilidad, tendrá que tomar una decisión en favor de la vida o de sus intereses personales”, concluyó el director de la organización.

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