por Rubén Colón Morales y Roberto Maldonado Nieves*

Nota Introductoria: El 4 de julio de 1776, reunidos clandestinamente en la ciudad de Philadelphia, representantes de las 13 colonias norteamericanas declararon su derecho a liberarse de la opresión colonial de Inglaterra, e iniciaron su guerra de independencia.

 El  documento que se presenta a continuación consiste de una traducción del texto original de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, actualizada a la realidad puertorriqueña de hoy. Para facilitar su entendimiento hemos mantenido en negro todo extracto proveniente del texto original, y se encuentran en azul las anotaciones y modificaciones efectuadas para su actualización al Puerto Rico de hoy.

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación.[1]

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres seres humanos son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres seres humanos los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto[2] es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; tal es ahora la necesidad que las nos obliga a reformar su anterior actual sistema de gobierno. La historia del actual Rey de la Gran Bretaña Presidente[3] y el Congreso de EU es una historia de más de 120 años de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados nuestra patria. Para probar esto, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial:[4]

Invadió nuestro territorio con su ejército y se lo adjudicó como botín de guerra, exigiendo de España le traspasara la soberanía sobre el mismo, a pesar de que ello constituía un acto ilegal pues ya Puerto Rico había alcanzado un gobierno soberano. De hecho, bajo el gobierno autonómico teníamos el poder de negociar con España qué leyes nos aplicaban o debían ser modificadas (Art. 29(3)), de formar parte de la negociación de  tratados comerciales con otros países y de optar porque tratados comerciales de España con otros países no fueran aplicables a Puerto Rico (Arts. 37 y 38). De tal modo, a pesar de que ni Puerto Rico como gobierno ni los puertorriqueños como pueblo llevaron a cabo acto de guerra alguno contra el pueblo o el Gobierno de Estados Unidos, ese país invadió a Puerto Rico, destituyendo nuestro gobierno civil autónomo e imponiéndonos un régimen militar tras la ocupación de nuestro territorio por sus tropas.

Devaluó la moneda en Puerto Rico y nos impuso su moneda, descapitalizando así a los comerciantes, empresarios y al pueblo en general; con el objetivo de endeudarnos y adquirir nuestras propiedades a precios de irrisorios.

Sustituyó la amplia economía agrícola local de pequeños comerciantes que abastecía nuestro mercado interno, fortaleciendo un sistema de haciendas de monocultivo cañero por compañías norteamericanas para suplir las necesidades de azúcar de su mercado. Con ello, nos obligaron a que, para poder satisfacer nuestras necesidades alimentarias, tuviésemos que depender de la importación de productos estadounidenses de menor calidad, con los que inundan nuestro mercado.

Nos sometió a un proceso forzoso de transculturación para que adoptáramos obligatoriamente la cultura e idioma anglosajón, pretendiendo destruir nuestra identidad y herencia cultural como pueblo caribeño y latinoamericano. Instauraron la educación pública en inglés por varias décadas, y se llegó al punto de que prohibieron exhibir la bandera puertorriqueña.

Estableció una educación de contenido colonizante, que nos representa a l@s boricuas como personas vagas, inferiores e incapaces; procurando así corromper la autoestima y el alma del pueblo puertorriqueño.

Controlan el desarrollo de nuestra economía para ponerla al servicio de los intereses y prioridades económicas coyunturales de las clases dominantes en Estado Unidos. Con sus leyes nos han impedido establecer una economía controlada por nosotros en función de nuestras necesidades y potencialidades de desarrollo autóctono, para forzarnos a depender económicamente de la de Estados Unidos. Igualmente, han permitido la contaminación de nuestros suelos y acuíferos por las industrias norteamericanas.

Ha atentado de forma genocida contra nuestro pueblo, imponiéndonos políticas de control poblacional, condenándonos a la pobreza y al papel de siervos en nuestra propia patria y promoviendo la emigración masiva de los puertorriqueños para que sirvan de mano de obra barata en los Estados Unidos. En sentido opuesto, hoy decenas de multimillonarios norteamericanos llegan a desplazarnos y a adquirir nuestros mejores bienes, los cuales “pagan” con el dinero que se ahorran con las exenciones contributivas que les conceden las leyes 20 y 22.  

Utilizaron nuestra población para la experimentación científica como el caso del médico militar Cornelius P. Rhoads que propagó células cancerosas entre sus pacientes, o como cuando las puertorriqueñas fueron utilizadas como conejillas de indias para probar el desarrollo de la píldora anticonceptiva, o al someter a nuestros próceres como Don Pedro Albizu Campos a descargas radioactivas.

EU convirtió al territorio de Puerto Rico en un gran bastión militar antes de la Segunda Guerra Mundial, tomando posesión de terrenos a lo largo de toda la Isla para fines bélicos llenándonos de bases militares que mantuvo sin pagar ninguna renta.  Además utilizaron el suelo puertorriqueño para probar la eficacia de armas de guerra y para ejercicios militares con bala viva, como lo fueron las pruebas con agente naranja en el Yunque, o la utilización de Vieques y Culebra como campos de tiro de su armada. Todo ello, sin luego preocuparse de realizar verdaderos procesos de limpieza y descontaminación.

Por imponernos impuestos sin nuestro consentimiento, tales como sus leyes de cabotaje que constituyen un impuesto a toda la importación de mercancías a Puerto Rico, al obligarnos a utilizar su marina mercante que es la mas costosa del mundo; manteniéndonos así prácticamente como mercado cautivo de los producto de EU.

Al reprimir con sus agencias de seguridad a todos los que han objetado su sistema injusto y opresivo de dominio y explotación colonial, incluyendo la imposición de leyes como la de la mordaza, el carpeteo y la persecución por razones ideológicas, y el encarcelamiento y asesinato de luchadoras y luchadores boricuas. Igualmente, sometieron a los puertorriqueños a la jurisdicción de un tribunal federal en el que los procedimientos se llevan a cabo en inglés y que prevalece sobre nuestros tribunales, y pusieron a Puerto Rico bajo la jurisdicción de una policía federal (el FBI).

Al imponernos su ciudadanía para poder forzar a nuestra juventud a incorporarse a su ejército y sacrificarles como carne de cañón en sus guerras imperialistas; a los que por muchos años obligó a prestarle servicio militar al ejercito invasor. Al imponer su autoridad foránea sobre las aspectos mas relevantes de nuestra sociedad, tales como el control de la moneda, puertos y aeropuertos, aduanas, comunicaciones, seguridad pública, agricultura e inmigración, entre otras. Además, continuamente han interferido en los procesos electorales y políticos de Puerto Rico, e impedido toda iniciativa de los puertorriqueños para alcanzar su autodeterminación, con el propósito de promover y mantener sus intereses imperiales.

Al engañar a nuestro pueblo, al pueblo norteamericano y a la Organización de Naciones Unidas sosteniendo falsamente que en 1952 Puerto Rico dejó de ser colonia y alcanzó un gobierno propio; para luego con sus actos negar cualquier derecho de Puerto Rico a mínimamente gobernarse autónomamente, hasta el punto de recientemente obtener de su propio Tribunal Supremo que declarase que continuamos siendo un mero territorio no incorporado, sometido a los poderes plenarios del Congreso, los cuales predominan incluso sobre nuestra propia Constitución. Ello, a pesar de que en lo que a Puerto Rico respecta, EU se comprometió ante la ONU a i) asegurar el debido respeto a la cultura, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo  y su protección contra todo abuso; ii)  a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de Puerto Rico, y a ayudarle en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con sus  circunstancias especiales; iii) a transmitir regularmente al Secretario General, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de Puerto Rico; asuntos con los que nunca cumplió.

Ha rehusado su aprobación a leyes de las más saludables y necesarias para el bien de todos, incluyendo prohibirle a Puerto Rico legislar su propia ley de Quiebra Criolla para atender la crisis de la deuda fiscal del Gobierno.

Al imponernos una Junta de Control Fiscal, bajo la ley federal PROMESA, que prevalece sobre cualquier y toda autoridad local, y cuyo fin es garantizar que se le conceda prioridad al pago de la deuda pública permitida y promovida por ellos mismos; antes que atender las necesidades mas apremiantes del pueblo puertorriqueño. Al respecto, ha prohibido a Puerto Rico sus gobernadores aprobar leyes de importancia inmediata y urgente, hasta el punto de que luego de tres años de PROMESA aún siquiera se han definido cuáles son los servicios esenciales que necesita garantizar el Gobierno de Puerto Rico previo al pago de los acreedores.

Con PROMESA, ha creado una multitud de nuevos cargos y enviado aquí enjambres de funcionarios a hostigar nuestro pueblo y a comerse su hacienda.[5]

Ha mantenido entre nosotros, en tiempos de paz, ejércitos permanentes sin el consentimiento de nuestra legislatura. Ha influido para hacer a su ejército independiente del poder civil  de Puerto Rico, y superior a él.

Por impedir nuestro comercio con todas las partes del mundo.

Por quitarnos nuestras cartas [privilegios] facultades de gobierno propio, aboliendo nuestras leyes más estimables y alterando fundamentalmente las formas de nuestros gobiernos.

Por suspender a nuestras legislaturas y declararse a sí mismo investido de poder para legislar por nosotros en cualquier caso que sea, como lo es con PROMESA.

Ha abdicado al gobierno de aquí, declarándonos fuera de su protección y costeando la guerra de los acreedores y fondos buitres en contra nuestra.

Ha saqueado nuestros mares, devastado nuestras costas, incendiado contaminado nuestras ciudades y destruido las vidas de nuestra gente.

En este momento, transporta grandes ejércitos de mercenarios extranjeros para concluir su obra de muerte, desolación y tiranía, iniciada ya en condiciones de crueldad y perfidias apenas igualadas en las más bárbaras épocas y totalmente indignas del jefe de una nación civilizada. A tales efectos, sin nuestro consentimiento, reiteradamente utiliza el territorio puertorriqueño como punta de lanza para atacar criminalmente otras naciones hermanas latinoamericanas, con las cuales nuestro pueblo no mantiene ninguna disputa.

Ha obligado a nuestros conciudadanos capturados en alta mar reclutados a sus ejércitos y fuerzas de seguridad a empuñar las armas contra su propio país, a convertirse en verdugos y perseguidores de sus amigos y hermanos o a perecer bajo sus manos.

Ha sembrado la división dentro del pueblo puertorriqueño, y nos mantiene peleándonos sobre opciones irreales de relaciones política con ellos; con el fin de impedir una verdadera unión de pueblo en defensa de nuestros propios intereses como boricuas, y poder así continuar controlándonos y sirviéndose de nosotros.

En cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en los términos más humildes: a nuestras repetidas peticiones se ha contestado solamente con repetidos agravios. Un Príncipe Presidente y un Congreso, cuyo carácter está marcado por todos los actos que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante de un pueblo libre.

Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos norteamericanos. Los hemos prevenido de tiempo en tiempo de las tentativas de su poder legislativo para englobarnos en una jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra emigración y radicación aquí allí. Hemos apelado a su innato sentido de justicia y magnanimidad, y los hemos conjurado, por los vínculos de nuestro parentesco nuestra historia, a repudiar esas usurpaciones, las cuales interrumpirían inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y de la consanguinidad historia. Debemos, pues, convenir en la necesidad, que establece nuestra separación y considerarlos, como consideramos a las demás colectividades humanas: enemigos en la guerra, en la paz, amigos.

Por lo tanto, los Representantes de los Estados Unidos de América del Pueblo de Puerto Rico, convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas Colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: Que estas Colonias Unidas son es, y deben serlo por derecho, Estados Libres e Independientes; que quedan libres de toda lealtad a la Corona Británica al Gobierno Norteamericano, y que toda vinculación política entre ellas nosotros y el Estado de la Gran Bretaña los Estados Unidos de Norteamérica queda y debe quedar totalmente disuelta; y que, como Estados Libres o Independientes, tienen tenemos pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a que tienen derecho los Estados independientes.

Y en apoyo de esta Declaración, con absoluta confianza en la protección de la Divina Providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor.

Compatriotas, conozcamos la historia y tomemos conciencia de cómo en su trato hacia Puerto Rico, durante mas de un siglo Estados Unidos se mantiene violentando continuamente su propia Declaración de Independencia al no reconocer que los puertorriqueños tenemos iguales derechos políticos inalienables que los que reclama para sí el pueblo norteamericano. Que entre esos derechos inalienables nuestros también están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos los puertorriqueños tenemos el mismo derecho de  instituir nuestro propio gobierno en función de nuestros intereses como país y nación latinoamericana; y que ese gobierno, para ser legítimo y democrático, necesariamente tiene que derivar sus poderes del consentimiento libre de los y las boricuas.

*Rubén Colón Morales es abogado, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de maestría de la Universidad de Harvard y profesor de Cooperativismo; Roberto Maldonado Nieves es abogado y notario público con oficinas en San Juan, Puerto Rico. 

[1] Sí, Washington y los demás fundadores de la nación norteamericana eran independentistas.

[2] No olvidemos que con la aprobación de PROMESA, nos gobierna con poderes supremos una Junta de 7 personas no electas por nosotros, sino nombradas por el Presidente de EU sin consentimiento del Senado Federal, y que mandan por encima de cualesquiera representantes que podamos elegir nosotros al Gobierno de Puerto Rico; concentrando facultades legislativas y ejecutivas en un solo cuerpo en violación del sistema republicano de separación de poderes en el gobierno.

[3] Al igual que el entonces Rey de Inglaterra George III era conocido por sus comportamiento errático y por padecer de sus facultades mentales; hoy podemos decir lo mismo del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

[4] Los independentistas norteamericanos incluyeron 25 denuncias pertinentes al momento histórico que vivían.  Basadas en el espíritu de las enumeradas por ellos, procedemos a actualizarlas con las aplicables a nuestro Puerto Rico.

[5] Recordemos que la Directora Ejecutiva de la JCF cobra $650,000 al año, mucho mas que el salario del Presidente de EUA es de $400,000. ¿Será que dirigir la JCF es más difícil que ser Presidente de los EUA?

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