por Rosanna Torres

A medida que las ramificaciones de la pandemia mundial continúan apareciendo, la atención se centra rápidamente en el hambre generalizada. En Puerto Rico, aún antes de los recientes despidos y cierres de empresas, los niveles de pobreza superaban los de cualquiera de los 50 estados. La pobreza nunca ha sido invisible en la isla. Pero como hemos informado a través de los años, colectivamente, hemos escogido hacernos de la vista larga.

Las historias desgarradoras de la semana pasada sirven como recordatorio de los desafíos que enfrentan más de 1.3 millones de personas en Puerto Rico que dependen de la asistencia alimentaria para dar de comer a sus familias. A pesar de los admirables intentos de los bancos de alimentos y los líderes comunitarios para alimentar a los pobres, nada puede reemplazar el papel del gobierno en la promoción del bienestar general, según lo estipulado en nuestra Constitución.

El gobierno de los Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad. A diferencia de los estados que participan en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés), Puerto Rico recibe una asignación global anual para implementar un Programa de Asistencia Nutricional (PAN) mucho más pequeño. El monto arbitrariamente asignado a Puerto Rico no garantiza que el gobierno local pueda salvaguardar adecuadamente a su población más vulnerable contra la insuficiencia nutricional, especialmente cuando hay aumentos inesperados en las necesidades.

Los beneficios en Puerto Rico son, de hecho, muy modestos. Para poner esto en contexto, aquí hay algunas cifras notables (e inquietantes):

• Tasa de pobreza en Puerto Rico: 43%
• Tasa de pobreza de niños menores de 5 años: 64%
• Beneficio promedio mensual del PAN para una familia de tres: $315

[Por qué se debe aumentar la cantidad de fondos / ver video abajo]

En un esfuerzo por brindar la asistencia necesaria, los senadores estadounidenses Kamala Harris, Kirsten Gillibrand y Bernie Sanders presentaron un proyecto de ley complementario a un proyecto de ley de la Cámara que amplía los beneficios nutricionales en los EE.UU. Su proyecto de ley aumenta los beneficios básicos en un 30 por ciento, ajusta los requisitos de elegibilidad y permite que los gobiernos de Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte puedan solicitar participación en SNAP. El proyecto de ley también considera el costo de los alimentos en los beneficios del programa, una disposición importante según aumenta el costo de vida.

A medida que el Congreso delibera sobre un cuarto paquete de ayuda para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, debería considerar aumentar los beneficios del PAN existentes en Puerto Rico y desarrollar una transición cuidadosa al programa SNAP.

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