La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), publicó un comunicado en el que expresan su oposición a la propuesta de retorno al trabajo y reapertura de los negocios no esenciales.

Según la directiva del CAAPR, la credibilidad de las estadísticas oficiales relacionadas a los casos de COVID-19 está en entredicho, por lo que las proyecciones gubernamentales para la reapertura de la economía son poco confiables. Al momento, Puerto Rico es una de las jurisdicciones de Estados Unidos donde menos pruebas se han realizado.

“Hasta el pasado lunes, se habían hecho pruebas a 305 personas por cada 100 mil habitantes en la isla, mientras que en la jurisdicción de los Estados Unidos con menor número de pruebas por cada 100 mil habitantes, que fue Kansas, se habían hecho 664”, señala el comunicado.

El CAAPR reconoce que son muchas las personas afectadas  por las medidas de distanciamiento social, ya que no han podido trabajar y generar ingresos. “Somos conscientes de las pérdidas de ingresos, ganancias, dividendos y salarios sufridos por dicho sector (comerciantes) y la clase trabajadora por la pandemia y la política de distanciamiento. La abogacía no es la excepción. El levantamiento de las medidas de distanciamiento, en este momento, puede acarrear no solo la muerte, sino incluso, el tener que regresar más adelante a la misma situación de cierre de negocios por un repunte en los contagios”, expresa la comunicación.

Para atender esta situación económica, el CAAPR exhorta al gobierno a ser más ágil en la entrega de ayudas económicas para atender las necesidades esenciales de la población. Una de las recomendaciones de la organización es recurrir a los fondos públicos destinados al pago de la deuda, para redirigirlos como ayudas o incentivos a trabajadores, empresas y negocios durante el periodo de emergencia.

Además de exponer su posición en relación a la reapertura de la economía, la organización mostró preocupación por el uso desmedido de las órdenes ejecutivas de parte de la gobernadora Wanda Vázquez.

“El uso extraordinario de las órdenes ejecutivas para asuntos que requieren de legislación ha sido la norma desde que se decretó la emergencia. La gobernadora no cuenta con la facultad constitucional para imponer un toque de queda, muy similar a una ley marcial, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Tampoco, de imponer medidas de control que laceran derechos fundamentales y no resultan razonables para alcanzar un objetivo salubrista. Algunas disposiciones de las órdenes ejecutivas son ambiguas y contrarias a derecho o provocan un choque innecesario y ciertamente injustificado de las ramas constitucionales de gobierno”, expresa la comunicación de la Junta de Gobierno del CAAPR.

La organización emplazó a la Asamblea Legislativa para que asuma su rol constitucional y no abdique sus poderes y responsabilidades.

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