por Rafael A. Torrech San Inocencio

No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, dice el refrán. La reglamentación propuesta para los fondos CDBG-DR de mitigación valida este viejo refrán. La severidad de sus requisitos refleja la seria aprensión del gobierno federal sobre el manejo de los fondos federales en Puerto Rico

Algunos de sus requisitos son estándar y  parte de la reglamentación genérica del gobierno federal para la administración de subvenciones.  Reiterarlas explícitamente en esta propuesta de reglamentación es como decir: por si no las habías leído, o se te olvidaron, aquí te las recuerdo.

Otro refrán dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. El gobierno federal aprendió de sus errores con FEMA en María y no está dispuesto a repetirlos.  Por ejemplo, requiere una reforma cabal y uniforme del sistema de titularidad de la propiedad, apoyado por sistemas GIS, que incluya la vivienda informal.  No proceden más parchos a nuestro arcaico sistema. Si no se hace bien de una vez, no hay acceso a los fondos.

Se aprietan los tornillos de los requisitos de gerencia, auditoría, monitoría, adiestramiento, transparencia, informes periódicos, detección y resolución de deficiencias, e implantación de acciones correctivas, entre otros. Los aplican a todos los posibles sub-recipientes (agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro).  Todo el que administre o reciba estos fondos tiene que rendir cuentas, estar debidamente adiestrado, tener experiencia previa y demostrar que está capacitado para hacerlo.  Y se plantean estrictos procedimientos para verificar toda la información provista.

El uso de los fondos requiere garantías sobre la operación y el mantenimiento posterior de toda infraestructura desarrollada. Ya no aplica el usual eufemismo del mantenimiento diferido. Aunque HUD reconoce que esto será muy difícil para un gobierno en quiebra, aún así lo exige.

Dos nuevos actores supervisarán. Toda obligación de fondos CDBG-DR debe ser revisada por el monitor de HUD que, a su vez, debe atender las recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal y ser consistente con sus planes fiscales y presupuestos certificados, dentro del ámbito de la Ley Promesa.

El sistema eléctrico de Puerto Rico queda vedado explícitamente de acceder a los fondos de CGBG-DR hasta que se regule otra asignación de $2 billones para su rehabilitación.  Pero hay un problema: dicha reglamentación aún no existe y mientras no se articule, la AEE no puede pellizcar estas galletas.  Parecería que su mala fama trasciende la ínsula.

HUD pide mejorar los procesos de participación ciudadana. Hay que actualizar las normas para recibir insumos de la ciudadanía, para gestarlos y para que consten en la identificación de las necesidades de mitigación. Es como si se tratara del fin de las consultas ciudadanas proforma.

La razonabilidad se coloca por encima de la autoridad local.  La aplicación del salario mínimo de $15 la hora en la construcción queda subordinado a una determinación independiente fundamentada, entre otros, en sueldos comparables y en datos del mercado laboral.

Sí, son muchas trabas.  Pero una reglamentación propuesta no está escrita en piedra ni bajó del Monte Sinaí. Los proyectos de reglamentación federal se publican en el Federal Register para comentario público. Usualmente los primeros que las cuestionan son los legisladores que aprobaron las asignaciones. Tampoco se arriesga un “grant agreement” al objetar una reglamentación preliminar.  Es democrático objetarla, pero con evidencia y argumentos.

La corrupción ha erosionado la confianza del gobierno federal en nuestra honestidad y en nuestra competencia en la administración de los fondos federales. Las viejas aguas traen estos lodos. Ante el abuso y del fraude recurrente, el gobierno federal va a velar muy de cerca el uso de fondos federales en Puerto Rico. Lo que procede es convencer al gobierno federal de que podemos administrar sus recursos. De tanto llamarlo, ya el diablo apareció.

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