Una coalición de organizaciones universitarias adscritas al Recinto de Río Piedras de la UPR (UPR-RP), grupos magisteriales, sindicatos y portavoces del tercer sector defendieron la educación pública del país y rechazaron cualquier intento de privatización en el sistema estatal de enseñanza.

En un documento suscrito por cerca de 20 entidades, se destaca que la gerencia y la administración de la educación pública debe “permanecer en manos del pueblo puertorriqueño”. La misiva enumeró el caso de  la compañía ONDEO, en Puerto Rico y las escuelas charter en Estados Unidos, como ejemplos de la ineficacia de los modelos educativos privados.

“No es necesario privatizar el Sistema Educativo Público para transformarlo de manera exitosa. Estamos convencidos que esta transformación se puede lograr con un mayor apoyo a la formación y gestión educativa del magisterio del País y con el fortalecimiento de la autonomía y base comunitaria de la escuela pública, principios, por cierto, ya promulgados por la vigente Ley Orgánica del Departamento de  Educación (Ley 149 de 1999), aunque muy pobremente atendidos por el Departamento de Educación y el gobierno de Puerto Rico”, indica el escrito de siete páginas.

La Coalición salió al paso a las críticas sobre la manera en que opera el sistema público de educación, y recalcó que el espacio idóneo de transformación educativa se debe articular desde el propio sistema estatal de enseñanza.

“En días recientes, sin embargo, la educación pública en Puerto Rico ha sido amplia e injustamente cuestionada por diversos sectores de nuestro País. Somos conscientes de que nuestra educación pública adolece de grandes problemas que requieren de cambios profundos.  Consideramos no obstante que dichos cambios deben hacerse desde la escuela pública y protegiendo el carácter público, democrático e igualitario de la misma“, detalla el comunicado.

También abogaron por la discusión de nuevos modelos educativos que beneficien a las presentes y futuras generaciones. Para ello se convoca a un Congreso sobre Prácticas Exitosas de las Escuelas Públicas, a llevarse a cabo el 6 de noviembre de 2015 en la Facultad de Educación de la UPR-RP.

“Es necesario empoderar a las comunidades y escuelas para que cumplan con la aspiración que ellas tienen: contribuir a la educación de calidad de las generaciones del presente y del futuro y al pleno desarrollo de todas las personas”, concluye el documento.

La  Facultad de Educación UPRRP, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, la Escuela Graduada de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UPRRP, Nuestra Escuela, Inc., y la Asociación de Maestros de Puerto Rico son algunas de las organizaciones que respaldan el documento. A continuación la declaración íntegra.

PRONUNCIAMIENTO EN AFIRMACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN PUERTO RICO

Las organizaciones y personas que suscriben este pronunciamiento reconocen la necesidad de destacar y educar sobre el valor que tiene la educación pública en el desarrollo de la sociedad puertorriqueña. En días recientes, sin embargo, la educación pública en Puerto Rico ha sido amplia e injustamente cuestionada por diversos sectores de nuestro País. Somos conscientes de que nuestra educación pública adolece de grandes problemas que requieren de cambios profundos.  Consideramos no obstante que dichos cambios deben hacerse desde la escuela pública y protegiendo el carácter público, democrático e igualitario de la misma. La educación pública puertorriqueña ha sido un eje transformador, democratizador y de igualdad social en el desarrollo de nuestra sociedad. Desde la época agraria hasta la era digital y del conocimiento en que vivimos la escuela pública ha logrado elevar nuestra escolaridad, ha contribuido a la formación económica y ciudadana de nuestra gente y ha expandido las oportunidades de vida de la juventud en Puerto Rico.

Dentro del contexto de la crisis económica, política y social que vive Puerto Rico, entendemos necesario afirmar el valor de la educación pública de calidad y de la institución de lo público como el más amplio espacio que puede defender el proyecto de un país pacífico, solidario, seguro, productivo y próspero y que propenda al pleno desarrollo. La educación pública, como responsabilidad del Estado, tiene que garantizar acceso con equidad a servicios de calidad, principalmente para los sectores más desventajados. Afirmamos, de esta manera, que la educación pública es la piedra angular para robustecer nuestros vínculos  como sociedad y el desarrollo de la democracia en la diversidad.

La educación pública de calidad garantiza valores como la justicia social, la libertad y la equidad para que propenda al libre desarrollo de nuestra niñez y nuestra juventud y de sus comunidades, a la vez que afianza las aspiraciones de educación a través de todos los ciclos de la vida. La educación pública de gestión estatal es la mejor garantía para la formación de una ciudadanía que contribuya a la construcción de un Puerto Rico democrático, justo, equitativo y sostenible. Abogamos porque el contexto socioeconómico en el que se produce y desarrolla la educación pública contribuya a cerrar la brecha de las diferencias socioeconómicas de clase, raza, género, orientación o preferencia sexual, capacidad funcional, entre otras.

Afirmamos la necesidad de contar con un magisterio sólidamente formado, con capacidades diversas de conocimiento y aptitudes, que cuenten con condiciones laborales dignas y alto reconocimiento social. Iguales condiciones demandamos para el personal no docente, administrativo y de apoyo social. Así mismo, creemos necesario contar con una cultura gerencial transparente, ágil y enfocada en la rendición de cuentas que desarrolle escuelas como comunidades de aprendizaje creativas, críticas, productivas, autónomas, responsables y emprendedoras.

Es necesario destacar el valor de la educación pública a partir de experiencias exitosas que se construyen a diario en nuestras escuelas y comunidades. Afirmamos una institución de educación pública que sea un instrumento para el desarrollo de conocimientos, el desarrollo humano, la equidad y la democracia, así como base para el desarrollo de los recursos humanos que contribuyan al desarrollo socio económico de Puerto Rico.

Afirmamos, también, que la gerencia y administración de la educación pública debe permanecer en manos del pueblo puertorriqueño sin ser delegada a manos privadas, garantizando así el interés público que es un principio básico de nuestra educación. Experiencias anteriores como ONDEO en Puerto Rico o las escuelas charter en Estados Unidos no han demostrado ser más eficaces o de mayor calidad que las agencias manejadas por entidades públicas. No es necesario privatizar el Sistema Educativo Público para transformarlo de manera exitosa. Estamos convencidos que esta transformación se puede lograr con un mayor apoyo a la formación y gestión educativa del magisterio del País y con el fortalecimiento de la autonomía y base comunitaria de la escuela pública, principios, por cierto, ya promulgados por la vigente Ley Orgánica del Departamento de  Educación (Ley 149 de 1999), aunque muy pobremente atendidos por el Departamento de Educación y el gobierno de Puerto Rico.

Esta es una oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico se una en respaldo a la institución de la educación pública que tan bien le ha servido al País. Invitamos al personal de las escuelas públicas, a las familias y a las diversas entidades comunitarias, así como a los programas de Educación de la Universidad de Puerto Rico y de otras universidades a unirse a este movimiento que emerge. Exhortamos a todas las y los educadores(as) que tengan interés en un cambio autónomo de la escuela, a que continúen profundizando y reflexionando sobre los saberes generados en estas experiencias exitosas.

Como aportación a la discusión sobre modelos de cambio valiosos en la educación públicas llevaremos a cabo un Congreso sobre Prácticas Exitosas de las Escuelas Públicas que se celebrará el próximo 6 de noviembre. Les invitamos a que asistan a este Congreso que se llevará a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es necesario empoderar a las comunidades y escuelas para que cumplan con la aspiración que ellas tienen: contribuir a la educación de calidad de las generaciones del presente y del futuro y al pleno desarrollo de todas las personas.

Suscribientes:

Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz Rivera, Presidenta

Asociación de Profesores Universitarios, Miguel Hernández Mercado, Presidente

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Ivelisse R. Varela Torrez, Coordinadora de la Comisión de Acción Social y Derechos Humanos para la Inclusión

Decanato Facultad de Educación UPRRP, Roamé Torres González, Decano y Loida M. Martínez Ramos, Decana Asociada de Asuntos Académicos

Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Nelson Colón Tarrats, Presidente

Instituto de Política Social, Escuela Graduada de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UPRRP, Doris Pizarro Claudio, Coordinadora

Nuestra Escuela, Inc., Justo Méndez Aramburu, Presidente y Ana Yris Guzmán Torres, Directora Ejecutiva

Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán, Presidente

Gladys Capella Noya, Catedrática, Facultad de Educación UPRRP

María García Padilla, Facultad de Educación UPRRP

Margarita Moscoso Álvarez, Catedrática, Facultad de Educación UPRRP

Melanie M. Mercado, Estudiante Doctoral, Facultad de Educación UPRRP

Ileana Quintero Rivera, Catedrática, Facultad de Educación UPRRP

Ana Quijano Cabrera, Catedrática, Facultad de Educación UPRRP

Gloria Rosado Ortiz, Estudiante Doctoral, Escuela Graduada de Trabajo Social, UPRRP

Eloy Ruiz Rivera, Estudiante Doctoral, Facultad de Humanidades, UPRRP

Lizzette Velázquez Rivera, Catedrática, Facultad de Educación UPRRP

Anita Yudkin Suliveres, Facultad de Educación UPRRP

Nellie Zambrana, Catedrática, Facultad de Educación UPRRP

10 de septiembre de 2015

*Este texto fue originalmente publicado por el portal www.uprrp.edu. 

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