(San Juan, Puerto Rico - 15 de abril de 2026) La organización sin fines de lucro Sembrando Sentido solicitó hoy, mediante un recurso de mandamus, que el Tribunal de Primera Instancia le ordene al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) entregar información pública que arrojaría luz sobre el impacto social y económico de los incentivos contributivos ofrecidos en las Leyes 20 y 22 de 2012 y la Ley 60-2019.

El 20 de noviembre de 2025, con el apoyo del Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Sembrando Sentido le cursó dos peticiones de información al DDEC, las cuales fueron parcialmente respondidas el 8 de enero de 2026. La agencia se limitó a entregar una lista de beneficiarios de decretos contributivos con las fechas en que otorgó dichos privilegios y copias redactadas de los informes anuales de Individuos Residentes Inversionistas (conocidos como Ley 22), así como información incompleta sobre puestos en la Oficina de Incentivos y gastos para la promoción y fiscalización de los decretos. Mediante el recurso judicial, Sembrando Sentido busca que el DDEC entregue las copias de los informes anuales de las corporaciones con decretos para Servicios de Exportación (conocidos como Ley 20), así como solicitudes de exención, información sobre los salarios de los puestos en la Oficina de Incentivos, el desglose de los gastos de dicha dependencia e información adicional sobre los procesos de promoción, auditoría y fiscalización.

La directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, señaló que el Gobierno de Puerto Rico ha afirmado repetidamente que las Leyes 20 y 22 de 2012 son beneficiosas para el país, pero obstaculiza el acceso a datos clave para demostrarlo. “La evidencia internacional ha señalado consistentemente los riesgos asociados a jurisdicciones que reducen artificialmente la carga contributiva para ciertos actores, particularmente cuando esto se combina con altos niveles de opacidad, limitada fiscalización y beneficios concentrados. En muchos casos, estas dinámicas se asocian con lo que se conoce como paraísos fiscales”, afirmó Masses. Según explicó Sembrando Sentido, el Gobierno ni evalúa estos beneficios con la regularidad y rigurosidad establecida en ley, ni divulga el impacto real de las estructuras contributivas que implementa. “Aun así, seguimos otorgando incentivos contributivos multimillonarios, mientras aumentan las rentas, se reduce la

vivienda disponible y se promueven proyectos que afectan a comunidades y al ambiente”, explicó Masses.

La Ley 20-2012, conocida como la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, concedió tasas contributivas reducidas a corporaciones que movieran sus operaciones a Puerto Rico o ampliaran sus servicios dirigidos a clientes extranjeros, mientras que la Ley 22-2012, Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, le proveyó a inversionistas que se mudaran a Puerto Rico una exención total de contribuciones sobre ingresos producto de dividendos, intereses y ganancias de capital. Disposiciones equivalentes a ambas leyes fueron incluidas en la Ley 60-2019, conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, la cual consolidó múltiples beneficios fiscales en un solo estatuto.

El Departamento de Hacienda estima que este año el erario dejará de recibir alrededor de $3 mil millones que los beneficiarios de las Leyes 20 y 22 y de las disposiciones equivalentes en la Ley 60-2019, hubieran tenido que pagar en impuestos sobre sus ganancias. “Los estimados de Hacienda crecieron sustancialmente de un año a otro y superan por mucho los costos calculados por el DDEC, pero no se ha provisto explicación alguna para estas discrepancias. La poca información publicada por el DDEC consiste en cálculos de costo-beneficio que no toman en cuenta los costos de implementación y fiscalización de los incentivos, ni los múltiples efectos de la actividad de estos individuos y corporaciones para el país. Simultáneamente, organizaciones internacionales, como el Tax Justice Network, señalan que Puerto Rico es una de las 20 jurisdicciones que más contribuyen al problema global de los paraísos fiscales, a la vez que es una de las que más ingresos al fisco ha perdido producto de las políticas contributivas”, explicó la analista de política pública de Sembrando Sentido, Nicole Díaz.

Masses recordó que el impacto de estas políticas estaba supuesto a ser evaluado con profundidad de manera periódica y lo responsable hubiese sido evaluarlas antes de aprobar una extensión como la que provee la recién firmada Ley 38-2026. “Sembrando Sentido asumió ese trabajo a través de un proyecto que busca evaluar el impacto social, económico y ambiental de políticas contributivas, pero para ello necesitamos información que nos permita ver y comparar dónde se establecen, a qué se dedican, cuánto se llevan y cuánto aportan estas personas. La negativa a entregar esta información se inserta en un patrón cada vez más marcado de opacidad y de resistencia a compartir información pública a través del aparato gubernamental", detalló Masses.

Para más información, puede visitar www.sembrandosentido.org o seguir sus redes sociales en Facebook, LinkedIn e Instagram.

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