Por: Paul Figueroa

Como si fuera una continuación programada del cuento de nunca acabar, cada año al inicio del curso escolar surgen imágenes y denuncias en los medios de comunicación sobre las condiciones de las escuelas públicas del país. Sin embargo, este año se distingue de los demás porque abrimos las escuelas durante la pandemia del Covid 19.

Se reporta que desde el reinicio de clases hay más de 300 casos confirmados de coronavirus entre estudiantes y personal escolar, y cuatro maestros han fallecido. Si en el pasado, el reinicio de clases provocaba debates sobre cuáles son las condiciones aptas o no para una escuela, ahora se ha convertido en una conversación seria sobre la salud pública para todo Puerto Rico y si como pueblo, estamos dispuestos a dejar al Departamento de Educación, a exponer diariamente a las comunidades escolares en situaciones de vida o muerte. Esta crisis aunque predecible fue evitable.

En las últimas semanas, la senadora independentista María de Lourdes Santiago, ha realizado varias vistas oculares en distintas escuelas públicas del país. En sus vistas, la senadora Santiago ha identificado varios fallos estructurales como grietas y columnas cortas, que no han sido debidamente reportados e identificados luego de los terremotos del 2020. También encontró escuelas sin un servicio adecuado de energía eléctrica y baños inoperantes, además ha recibido informes sobre la falta de protocolos de bioseguridad en las escuelas, como por ejemplo la falta de estaciones de lavado de manos, purificadores de aire, y distanciamiento físico.

También se han filtrado imágenes por las redes sociales de escuelas inundadas como en el caso de la Escuela Segunda Unidad Sanamuertos en Orocovis, estudiantes forzados a comer en el piso para mantener el distanciamiento físico y salones con pupitres y materiales rotos. Mediante una transmisión de su oficina, la senadora Santiago expresó que “esto es inaceptable en cualquier circunstancia y absolutamente escandaloso en tiempos de pandemia”. Aunque las condiciones de las escuelas son escandalosas, según cuenta la senadora, es aún más doloroso cuando el Departamento de Educación contaba con todo el tiempo y recursos posibles para evitarlas.

El pasado 22 de marzo el Departamento de Educación Federal anunció mediante un comunicado de prensa que el Secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, estaría otorgando  $390 millones al Departamento de Educación de Puerto Rico, bajo varias provisiones de la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio, y Seguridad Económica del Coronavirus) y también sostiene que desembolsará “los fondos de subvenciones para el año fiscal 2019, de los programas del Departamento que (en total) suma a $522 millones”.  Sabemos que el Gobierno de Puerto Rico tuvo seis meses y sobre 500 mil millones de dólares para tomar medidas adecuadas de bioseguridad en los planteles escolares y no lo hicieron.

Para contextualizar las implicaciones de esta cantidad de dinero para la totalidad del sistema de educación pública: en Puerto Rico hay 856 escuelas públicas operantes, si dividimos los $522 millones de dólares en porciones iguales a todas las escuelas, se supone que cada una reciba más de $600,000. La Presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, indicó que los fondos de ayuda son divididos por factores siendo la matrícula escolar uno de los más importantes. Sostiene Martínez, que el reinicio de clases presenciales ha sido desastroso ante la falta de la preparación adecuada por parte del DE y las condiciones paupérrimas en las que se encuentran cientos de escuelas, algunas de ellas, inoperantes y cerradas actualmente. Además señala que  la distribución de fondos de la Ley CARES se ha caracterizado por su falta de transparencia e información al pueblo por parte del Departamento de Educación.”

Por su parte, Liza Fournier, presidenta del sindicato UNETE expresó que la distribución de los fondos de la Ley CARES, desde su punto de vista como maestra activa, “no ha sido adecuados”. Expone que la burocracia siempre atenta con la urgencia de la utilización de los fondos. Aunque inicialmente llegaron materiales a las escuelas, no son suficientes, porque no existe un plan concreto que atiendan las necesidades de infraestructura y académica de los estudiantes.

La líder sindical también señaló que solicitó al Secretario de Educación un informe sobre los gastos de la Ley CARES, pero el Departamento aún no ha contestado su solicitud. Los testimonios que han ofrecido la senadora Santiago, las líderes sindicales y el magisterio demuestran que hace falta una mejor fiscalización del uso de los fondos para que los servicios lleguen a las escuelas adecuadamente.

Hubo tiempo y dinero para evitar que alguien se enfermara o peor, muriera debido a la falta de preparación de los planteles escolares. Los grupos sindicales y los líderes políticos también hicieron denuncias y propuestas para evitar una catástrofe. Sin embargo, el gobierno nunca respondió a sus reclamos.

En Puerto Rico se habla mucho de  los fondos federales, pero el reinicio de las clases presenciales, ha demostrado que los que más abogan por más fondos federales, son los que menos los distribuyen. El aumento abrumador de contagio del coronavirus entre estudiantes y los fallecimientos de personal docente son desgracias para el país; le toca al Departamento de Educación rendir cuentas sobre la distribución de fondos para la bioseguridad de las escuelas y responder a la situación con más sensibilidad y responsabilidad para evitar más tragedias, especialmente cuando tiene todos los recursos a su alcance para evitarlas.

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