El movimiento Una sola voz urgió hoy a la Legislatura y al Ejecutivo, así como a la Asociación de Suscripción Conjunta (ACS), a tomar acción inmediata para hacer disponibles los $21 millones en fondos asignados por la Ley 157, que permitirán a 788 entidades sin fines de lucro continuar ofreciendo servicios esenciales a nuestras comunidades.

Anteriormente, estos fondos eran asignados por la Oficina de Donativos Legislativos, pero a partir de este año la distribución se haría a través de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos de Impacto Comunitario. Luego de que las entidades presentaran sus propuestas, la Ley 157 decide cuales entidades recibirán fondos y la cantidad de la subvención aprobada a cada una.

Debido a la crisis fiscal que enfrenta el gobierno, dicha ley establece que los $21 millones en fondos provendrán de una parte de los dividendos generados por la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), entidad que maneja el seguro compulsorio. Sin embargo, la junta de directores la ASC ya determinó recientemente no emitir los dividendos. De sostenerse,  esta postura significaría una estocada final a estas organizaciones y amenaza su capacidad de apoyar a las comunidades con servicios tales como: medicamentos para pacientes VIH, servicios médicos, servicios educativos, programas de desarrollo y prevención para la niñez y juventud, psicológicos, promoción de la salud y el apoyo a pacientes con limitaciones físicas, la protección al patrimonio artístico y cultural, entre muchos otros.

“Si estos fondos no se hacen disponibles, 788 organizaciones se verían adversamente afectadas, lo que se traduciría en la ausencia del auxilio que hoy día solo es provisto por organizaciones como las que agrupa Una sola voz”, alertó José J. Oquendo, portavoz del movimiento y presidente de P.E.C.E.S.

“Las organizaciones que representa nuestro grupo son producto del esfuerzo y el compromiso de la gente de nuestro país y nacen con el propósito de hacer valer entre sus comunidades, derechos fundamentales y satisfacer necesidades básicas que han sido desatendidas por los sectores público y privado; no podemos dejarlas desprovistas”, acotó.

“Confiamos en que la pronta acción de nuestros legisladores contribuya a que la junta de directores de la ASC reconsidere su determinación.  Entendemos que cualquier decisión en detrimento de las OSFL sería contraria a la finalidad de servicio y protección que promueven las propias aseguradoras. Es momento de asegurar un futuro mejor para Puerto Rico, aprobando el dividendo que hará disponibles estos fondos tan vitales para atender a los sectores más necesitados de nuestro país”, añadió Socorro Rivera Rosa, del centro de servicios a personas sin hogar La Fondita de Jesús.

La ASC tiene 45 días a partir de la fecha en que el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley 157 para transferir los fondos, plazo que vence el próximo 5 de noviembre. A pesar de la incertidumbre que reina en torno a la disponibilidad de los fondos, la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos de Impacto Comunitario ha continuado solicitando documentos y planes de trabajo a las organizaciones sin fines de lucro a las que se les aprobaron fondos a través de esta ley. Sin embargo, los adiestramientos que estaban programados para esta semana relacionados con la rendición de informes sobre la implantación y el uso de los fondos fueron cancelados.

La Ley 157 quedó fuera de la aprobación de las medidas relacionadas con el presupuesto del país al 30 de junio de 2015. En ese momento, varios legisladores, entre los que figuran los presidentes de ambos cuerpos legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló, y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Rafael Nadal Power, se comprometieron a atenderla como prioridad en la próxima sesión que comenzó en agosto.

La incertidumbre en torno a la asignación de estos fondos de impacto comunitario se suma a la precaria situación que ya viven las entidades sin fines de lucro que reciben fondos públicos. Estas sufrieron un recorte de entre 10 a 20% de los fondos que tradicionalmente les asignaba la Legislatura para este año fiscal. Y también han estado sujetas a la retención por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de entre el 10% y el 35% de los fondos asignados para las reservas que se han creado para hacerle frente a la crisis fiscal y problemas de flujo de efectivo por los que atraviesa el gobierno.

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