El Colegio de Profesionales del Trabajo Social advierte al gobierno el impacto de la crisis por el coronavirus en las poblaciones más vulneradas en el país, ya que al igual que la propagación de la enfermedad y las propuestas de servicios de salud, son nuevamente las personas bajo pobreza y desigualdad quienes no tienen acceso a las pruebas para detectar el coronavirus.

“Existen medidas urgentes que deben tomarse con el plan de seguridad, especialmente para prevenir la violencia intrafamiliar hacia la niñez y juventud, las mujeres y las personas adultas mayores.  La situación actual puede aumentar la violencia intrafamiliar cuando nos confinamos al espacio de nuestros hogares como lo evidenció la muerte de dos mujeres en los pasados días. Asimismo, proteger a las personas sin hogar y las familias en pobreza, cuyas circunstancias de vida serán seriamente afectadas, incluyendo la atención particular que ameritan las zonas afectadas por el terremoto y los residentes de los municipios de Vieques y Culebra, los cuales carecen de servicios de salud y quienes al estar en islas separadas a la isla grande, reconocemos que enfrentan una situación más compleja”, sostuvo la presidenta del CPTS, la doctora Mabel López Ortiz.

López Ortiz, en representación del Colegio, sostuvo que es por esto, que el gobierno debe aumentar su capacidad y acceso a los servicios esenciales que requieren estas familias y personas, tales como alimentación, vivienda, servicios de apoyo socioemocional, salud mental y educación para la niñez y juventud. Estos servicios deben estar garantizados, no solo a las familias más empobrecidas, sino además, al amplio sector de familias que dependen del ingreso de sus salarios o pequeños negocios familiares y que comúnmente no cualifican para prestaciones del Estado.

Por otra parte, los y las profesionales forman parte de los cientos y miles de empleados de gobierno que deben continuar desempeñándose en el apoyo y ofrecimiento de servicios esenciales. Sin embargo, al igual que los demás profesionales de la salud y seguridad activos ante la emergencia, debe de garantizársele las medidas necesarias para protegerles del riesgo de contagio.

“Los y las profesionales en las áreas de protección de la niñez y juventud, asistencia a sobrevivientes de violencia doméstica, seguridad de adultos mayores y salud mental, deben contar con los recursos para la prevención del contagio, tales como mascarillas, guantes, desinfectantes de manos, toallas de limpieza, entre otros.  Además, las personas asistidas o intervenidas por profesionales del trabajo social que requieran de asistencia médica, deben poder dirigirse a centros de salud en los cuales no se expongan a contagio. La Naciones Unidas han puntualizado que esta situación es vehículo para múltiples violaciones a los derechos de la ciudadanía si en el análisis y los planes del gobierno no se consideran los aspectos antes descritos”, precisó.

Por último, enviaron un mensaje a la Legislatura, la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de los Estados Unidos, el acuerdo o plan fiscal con la Junta de Control Fiscal, no es la prioridad en este momento, “la prioridad son nuestras vidas. Exhortamos a la gobernadora a considerar la protección de todas las personas en el país, sin estrategias punitivas, sino preventivas y desde los derechos que tenemos desde los más pobres hasta los más ricos para vivir y… y vivir con dignidad, no solo sobrevivir. No podemos olvidar exigir el derecho a una vida digna que tenemos todas las personas, el momento de los valores es ahora, equidad, respeto, solidaridad y bien común”.

El Colegio en su deber de brindar apoyo a la comunidad profesional y comunidad en general estará haciendo uso de sus redes sociales para la transmisión de información que permita a la sociedad, sentirse informada en la multiplicidad de elementos que se enfrentan durante esta emergencia.

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