El caso contra exalumnos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por sucesos ocurridos durante la huelga de 2017 ha revelado posibles irregularidades que levantan cuestionamientos relacionados a derechos civiles.

Los acontecimientos responden al 27 de abril de 2017, cuando un grupo de manifestantes interrumpió una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR en la que aprobarían un aumento en los costos de matrícula. El caso tomó notoriedad en las pasadas semanas luego que la defensa revelara un listado de más de 3 mil personas que obtuvo el Departamento de Justicia de la red social Facebook mediante una orden de allanamiento. Sin embargo, esta no es la única posible irregularidad que se desprende del proceso judicial que comenzó el 9 de mayo de 2017. A continuación, algunos aspectos más llamativos del caso:

1. El proceso de identificación

Los testimonios presentados por fiscalía concuerdan en que el día de los hechos asistieron cerca de 100 manifestantes. La totalidad de las personas acusadas desde el inicio del caso ocuparon cargos de liderato en la huelga estudiantil. La defensa ha cuestionado por qué se acusaron a nueve personas solamente, de las cuales quedan cinco en el caso. Durante un contrainterrogatorio, el agente de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía de Puerto Rico, Luis Lassalle Vargas, expresó que utilizó videos obtenidos de Facebook para hacer acercamientos de pantalla, tipo zoom, a rostros de personas específicas entre la muchedumbre.

2. Citaciones a las personas acusadas

Varias de las personas acusadas recibieron sus citaciones a través del correo electrónico institucional de la UPR. Se desconoce cómo el Departamento de Justicia obtuvo estas direcciones de correo electrónico y si la UPR facilitó estas u otra información privada de las personas acusadas. Abogados criminalistas consultados por PRTQ coincidieron en que la práctica de citar acusados por correo electrónico es muy rara.

“En 45 años como abogado, nunca había visto que se citara una persona a través de correo electrónico. Esta es la primera vez que lo veo”, expresó el Lcdo. Juan Ramón Acevedo Cruz, integrante de la defensa.

3. Justicia interviene más de 3,000 cuentas de Facebook

El agente Luis Lassalle Vargas testificó durante la etapa de Regla 6 que, siguiendo órdenes del fiscal Ángel García Rodríguez, solicitó a Facebook toda la data de las páginas del Centro de Comunicación Estudiantil, Pulso Estudiantil y Diálogo, correspondiente a tres días antes y tres días después de la manifestación. La data que obtuvieron incluye un listado de más de 3 mil perfiles de personas y todas sus interacciones con estas páginas. Los materiales que obtuvo Justicia de Facebook incluyen nombres, numeración de cuentas, comentarios, mensajes privados y reacciones tipo like, entre otros datos personales. La documentación también ilustra interacciones borradas. Lassalle Vargas expresó en sala que utilizó el listado para establecer posibles vínculos con la manifestación. Sin embargo, nunca especificó cuáles eran los criterios para identificar conexión o vínculo a la manifestación.

4. El expediente de investigación

El fiscal Ángel García Rodríguez expresó en sala que el expediente de la investigación contra los ahora exalumnos de la UPR desapareció de las oficinas del CIC de San Juan. Según detalló, el exagente a cargo de la investigación, Luis Muñiz, dejó una caja en su oficina al renunciar a la Policía. Dicha caja contenía el expediente de investigación y hasta el momento se desconoce qué sucedió con el mismo. El exagente Muñiz, quien actualmente reside en la Florida, no se ha presentado a ninguna de las vistas luego del proceso de Regla 6 en alzada.

Durante la última vista del caso, fiscalía solicitó que se citara a Muñiz so pena de desacato. Según supo PRTQ, el exagente expresó que se estaba asesorando legalmente ya que el gobierno le estaba obligando a testificar. Sin embargo, el fiscal Ángel García Rodríguez le expresó a la jueza Eloína Torres Cancel que Muñiz quería asesorarse legalmente previo a testificar.

5. La confidencia

Muñiz expresó durante la etapa de Regla 6 que una persona fue hasta su oficina en el CIC de San Juan y dejó una nota con un número de teléfono. Cuando el exagente se comunicó, le contestó una persona que le solicitó reunirse para brindarle los nombres de las personas implicadas en la manifestación. Muñiz alegó que se reunió con la persona y que fue esta quien identificó a los entonces estudiantes. Durante el contrainterrogatorio no precisó dónde ni cuándo se reunió con la persona. La defensa le cuestionó si llevó su libreta de apuntes para la reunión, a lo que Muñiz expresó que sí. La libreta del exagente nunca se presentó en sala y, alegadamente, forma parte de los materiales extraviados en el expediente investigativo.

6. Turno especial de fiscales

La entonces jefa de fiscales, Wanda Castellón, circuló un memorándum ordenando que cada distrito designara un fiscal para situaciones relacionadas a manifestaciones, esto en el contexto de la huelga de 2017 en la UPR. Esto alteró la rotación de fiscales, de manera que el caso quedó a cargo del fiscal Ángel García Rodríguez. En sala trascendió también que Justicia, entonces bajo el mandato de la actual gobernadora Wanda Vázquez Garced,  había creado un task force de fiscales y policías para situaciones de manifestaciones.

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