San Juan, Puerto Rico (13 de noviembre) - La Conferencia Legislativa Municipal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) manifestó su rotunda oposición al Proyecto del Senado 0777 (PS 777) que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). El proyecto aprobado por el Senado, representa un retroceso en materia de derechos constitucionales, protección ambiental, transparencia fiscal y equidad administrativa.

“La medida presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a petición de la Federación de Alcaldes, otorga facultades a los municipios para adjudicar propiedades declaradas estorbos públicos o abandonadas tras solo un año, si nadie la reclama, y en casos de sucesiones reduce de 5 a 2 años. Estas disposiciones vulneran el debido proceso de ley y exponen a ciudadanos, herederos y poseedores legítimos, a la pérdida de su propiedad sin defensa efectiva”, denunció Nelly Díaz Adorno, legisladora municipal de Trujillo Alto y coordinadora de la Conferencia Legislativa Municipal del MVC.

Díaz Adorno también denunció que el PS 777 “debilita el derecho al debido proceso en expropiaciones sumarias obligando a los Tribunales a decidir en 48 horas y también limita la participación de la ciudadanía en paralizar proyectos que podrían no cumplir con leyes y reglamentos imponiendo fianzas prohibitivas, ascendentes al mínimo del 10% del valor del proyecto”.

Según Daisy Sánchez, legisladora municipal de San Juan, “el proyecto también permite la construcción o desarrollo de proyectos catalogados como “estratégicos” en suelo rústico especialmente protegido, aunque se afecten recursos naturales. Esto pone en riesgo ecosistemas valiosos, zonas arqueológicas y áreas de alto valor estético, debilitando el rol técnico de la Junta de Planificación y la evaluación ambiental independiente.”

El colectivo de legisladores municipales también rechazó que se elimine la escala salarial de los alcaldes basada en población y los requisitos de auditoría, liquidez y cumplimiento fiscal para aprobar aumentos. “Este proyecto permite incrementar el salario del alcalde hasta un 25% si el municipio tiene presupuesto superior a $95 millones, sin exigir evidencia de buena gestión. Esto abre la puerta a decisiones arbitrarias y desproporcionadas, sin controles técnicos ni participación ciudadana”.

Las legisladoras y los legisladores municipales del MVC, de municipios como San Juan, Trujillo Alto, Aguada, Guayanilla, Vega Baja, Dorado, Humacao, Quebradillas, Vieques y Orocovis, advirtieron que este proyecto representa una transformación profunda del modelo municipal en Puerto Rico, con implicaciones serias para la propiedad privada, el medio ambiente, la equidad fiscal y derechos constitucionales. Aunque alega buscar fortalecer la autonomía municipal, lo hace a costa de debilitar controles institucionales, garantías procesales y principios de justicia social.

La Conferencia Legislativa del MVC solicitó públicamente a la Cámara de Representantes y a su Presidente Johnny Méndez que el PS 777 sea sometido a revisión profunda y celebre las correspondientes vistas públicas con amplia participación ciudadana, incluyendo la técnica y ambiental. La autonomía municipal no debe construirse a costa de los derechos fundamentales, la equidad fiscal ni la protección de nuestros recursos naturales.

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