San Juan, Puerto Rico— Ante un contexto de retrocesos acelerados en derechos fundamentales y una profundización de la crisis de vivienda, Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó su agenda de trabajo para el 2026, centrada en insistir en el derecho a permanecer y en responder a un riesgo creciente de desplazamiento que hoy se manifiesta en tres frentes interrelacionados: la vivienda, la tierra y el cuerpo.

Durante el 2025, la organización acompañó legalmente a 6,771 personas, de las cuales el 70% fueron mujeres y cerca de una cuarta parte, adultos mayores. A través de su plataforma ayudalegalpr.org, más de un millón de personas accedieron a información y herramientas legales. Sin embargo, Ayuda Legal Puerto Rico advierte que estos números reflejan solo una parte de una crisis estructural que continuará intensificándose en el 2026.

“Permanecer ya no es una condición garantizada, es una disputa abierta. Hoy vemos cómo el desplazamiento opera desde la pérdida de la vivienda, desde transformaciones territoriales que expulsan comunidades, y desde el control de los cuerpos, particularmente de inmigrantes, mujeres y personas gestantes. Frente a eso, insistir se convierte en una tarea urgente”, expresó la Lcda. Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

Vivienda digna y derecho a permanecer

Ayuda Legal Puerto Rico alertó que el 94% de las personas enfrentando procesos de desalojo en Puerto Rico no cuenta con representación legal, mientras aumenta la necesidad de vivienda asequible, aumentan las prácticas predatorias por parte de caseros y el ataque a la vivienda pública. Sobre esto último, la organización resaltó cómo se han utilizado casos particulares para adelantar una narrativa de los residentes como responsables de la crisis y ocultar señalamientos sobre deficiencias de agentes administradores, poca fiscalización y exposición de familias y niños a condiciones peligrosas como es la presencia de plomo en los residenciales.

Para el 2026, la organización priorizará acompañamiento legal en desahucios, ejecuciones hipotecarias y discrimen en la vivienda, tanto en vivienda privada como pública; fiscalización de agentes administradores, caseros corporativos y procesos de estorbos públicos; incidencia ante la crisis federal de la vivienda pública y el desmantelamiento de protecciones a residentes; y apoyo legal en contextos de desastres, justicia climática y recuperación justa.

Incidencia legislativa y Observatorio de Política Pública

En un año marcado por una actividad legislativa intensa y poco transparente, Ayuda Legal Puerto Rico fortalecerá su Observatorio de Política Pública, con énfasis en vivienda, trabajo, derechos reproductivos

y justicia climática. Esta herramienta digital permite monitorear, visibilizar y movilizar para que organizaciones puedan incidir en la política pública. A través del Observatorio, la organización mide las prioridades en la agenda legislativa y dedica recursos a la abogacía con perspectiva de derechos humanos. La herramienta está disponible en ayudalegalpuertorico.org/observatorio-alpr.

Justicia económica y condiciones materiales para una vida digna

La agenda 2026 también aborda los vacíos persistentes en materia de justicia económica, incluyendo el debilitamiento de servicios para sobrevivientes de violencia doméstica, la ausencia de políticas que reconozcan el trabajo de cuido y la amenaza a la asistencia nutricional para miles de familias.

ALPR continuará el acompañamiento legal a mujeres desplazadas por violencia doméstica, trabajadoras afectadas por desempleo y familias beneficiarias de asistencia pública, integrando vivienda, trabajo y alimentación como condiciones mínimas para el derecho a permanecer. Además, este será el año para adelantar un proyecto de ley que extienda una licencia de cuido, con el fin de eliminar barreras para personas que cuidan, especialmente mujeres.

Acción legal, respuesta rápida y defensa de derechos fundamentales

La organización ampliará significativamente su capacidad de acción legal y respuesta rápida para enfrentar retrocesos en derechos fundamentales, con un énfasis particular en la defensa del derecho al aborto y la autonomía de las embarazadas. En un contexto de creciente desinformación, presiones institucionales y criminalización, Ayuda Legal Puerto Rico continuará acompañando a mujeres embarazadas, proveedoras de servicios de salud y organizaciones defensoras de derechos reproductivos, asegurando que el acceso al aborto legal en Puerto Rico sea real y seguro.

Durante el 2026, ALPR fortalecerá sus herramientas de litigio estratégico, educación legal y acompañamiento directo, incluyendo su línea de apoyo legal, talleres especializados para personal médico y abogadas, y espacios de formación dirigidos a organizaciones comunitarias. La organización también mantendrá su labor de fiscalización y denuncia pública frente a prácticas que limiten el acceso a servicios de salud reproductiva o vulneren la libertad de expresión y el derecho a la información, reconociendo que el control de los cuerpos es una de las formas más directas de desplazamiento.

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