Comunidades loiceñas sienten preocupación por la falta de personal y las designaciones a la dirección de la Junta de Planificación, señala Taller Salud.

A sólo un día de culminar el periodo para la confirmación de nombramientos en el Senado de Puerto Rico, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, no ha realizado los nombramientos necesarios para ocupar la presidencia de la Junta de Planificación de Puerto Rico.

“Este puesto es de suma importancia para el desarrollo, implementación, y ejecución de la política pública de la Junta de Planificación, en cumplimiento con los derechos humanos, y a través de la protección del desarrollo sostenible de las comunidades con un enfoque en la protección ambiental”, señaló Jenifer de Jesús, directora de iniciativas de comunidad y liderazgo en Taller Salud.

Entre sus reclamos, la organización puntualiza el riesgo que supone la composición del ente, por personas que únicamente responden a intereses económicos y partidistas. “Es indispensable reforzar la Junta de Planificación de Puerto Rico y hacer valer el Artículo V de su Ley Orgánica, la cual señala que sus integrantes deben ser personas capacitadas, con conocimiento y experiencia en las áreas relacionadas a su propósito,” indicó de Jesús.

La Junta de Planificación de Puerto Rico tiene la obligación de establecer la política pública con respecto al desarrollo sostenible del país. La sostenibilidad, a su vez, incluye el uso, desarrollo y subdivisión de terrenos, así como la evaluación para la construcción de edificios y estructuras en toda la isla.

Según la organización, el deber de las personas nominadas a la Junta de Planificación, es asegurar que las actividades del sector privado no afecten el cumplimiento de los derechos humanos, rechacen el desalojo forzoso de las tierras y garanticen la vivienda digna.

Actualmente, el Senado de Puerto Rico considera a Manuel Hidalgo Rivera y a Rebecca Rivera Torres como miembros asociados de la Junta de Planificación. La organización comunitaria señaló que Hidalgo Rivera, en su rol de jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico del municipio de Canóvanas, enmendó de manera inconstitucional, las clasificaciones de suelos de áreas agrícolas protegidas y autorizó construcciones en zonas inundables.

“A través de sus trayectorias, Hidalgo Rivera y Rivera Torres han demostrado patrones de privación e inequidad en el cumplimiento de los derechos humanos en su desempeño público”, afirmó Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud.

Para la organización, estos nombramientos representan un problema para el desarrollo de las comunidades en desventajas. “De ser aprobados los nombramientos por el Senado, estos tendrán una gran influencia en el diseño de la política pública de planificación, el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales”, sentenció Rosario Méndez.

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