San Juan, Puerto Rico — Plan B Independencia repudia de manera categórica las recientes expresiones del Brigadier General Arturo Garffer, actual secretario de Seguridad Pública, que sugieren la reapertura de la base de Roosevelt Roads y otras instalaciones militares en Puerto Rico. Tales propuestas no solo representan un retroceso histórico, sino que constituyen un intento desesperado de los sectores anexionistas por impedir el camino de nuestro pueblo hacia la libertad y la soberanía.

La conversión nuevamente de Puerto Rico en fortaleza militar estratégica del imperialismo estadounidense surge ahora como la carta de los estadistas ante la crisis del régimen colonial y el colapso de la estadidad como opción descolonizadora, especialmente tras la negativa del presidente Donald Trump a respaldarla. Pretender resucitar la militarización, incluso con el apoyo de think tanks como la Heritage Foundation, es una maniobra para cerrar el paso a la independencia.

Nuestro pueblo ya derrotó la militarización con las luchas históricas de Vieques, Culebra, Ramey y Ceiba, que lograron el cierre de esas bases militares y el fin del servicio militar obligatorio. La muerte de David Sanés en Vieques en el año 1999 desató un movimiento multitudinario que culminó con la salida de la Marina en 2003. Pretender ignorar ese sacrificio colectivo es una afrenta a la memoria de quienes lucharon y a las comunidades que aún sufren las secuelas de la contaminación y la alta incidencia de cáncer.

El rotundo éxito de la Marcha por la Independencia celebrada el pasado domingo, 31 de agosto de 2025, donde miles de independentistas se lanzaron a las calles, ratifica el repudio del pueblo tanto a la remilitarización como al coloniaje. Esta demostración masiva de unidad y determinación no deja duda de que Puerto Rico exige libertad, soberanía y el fin de las imposiciones del régimen colonial.

“Remilitarizar a Puerto Rico es insistir en atarnos a un modelo de subordinación colonial, cuando lo que necesitamos es pensar en una seguridad centrada en el bienestar humano. La seguridad de un pueblo no se mide en portaaviones ni en bombarderos, sino en escuelas, hospitales y justicia social”, puntualizó el Dr. Carlos Rivera Lugo, filósofo y analista político de Plan B Independencia.

El General Garffer y quienes lo secundan desconocen —o prefieren callar— que la presencia militar nunca trajo desarrollo económico sostenible. Por el contrario, dejó desempleo tras los cierres, terrenos contaminados y comunidades empobrecidas. Reabrir las bases significaría condenar nuevamente a Puerto Rico a ser blanco de ataques militares ajenos, bajo pretextos de amenazas inexistentes. No hay evidencia de que Venezuela, Rusia o China representen una amenaza real a nuestra seguridad. Nicolás Maduro no constituye peligro alguno para Puerto Rico ni para el Caribe.

“La experiencia económica es clara: las bases militares no generan desarrollo económico real. Todo lo contrario, crean dependencia artificial y profundizan la desigualdad. Puerto Rico necesita inversión productiva en energías renovables, agricultura, ciencia y tecnología, no la falsa ilusión de empleos militares que desaparecen con el tiempo”, subrayó la Dra. Marta Quiñones, economista y portavoz de Plan B Independencia.

Resulta además inaceptable que un funcionario de gobierno civil como Garffer, con historial de mando militar en la OTAN y operaciones bélicas, hable como si Puerto Rico fuera una base avanzada del Pentágono. Sus expresiones carecen de autoridad legal y moral y contradicen el espíritu democrático que debe prevalecer en la administración pública. Puerto Rico no puede ser reducido a una pieza en el tablero militar de Estados Unidos.

“El derecho internacional reconoce que un pueblo colonizado tiene derecho a vivir en paz y a decidir libremente su destino. Volver a abrir bases militares en Puerto Rico sería no solo un retroceso histórico, sino una violación directa a nuestro derecho a la autodeterminación. Nuestro futuro no puede seguir hipotecado a la estrategia militar de otra potencia”, declaró el Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado y portavoz de Plan B Independencia.

Plan B Independencia afirma que la verdadera seguridad y el verdadero desarrollo del pueblo puertorriqueño no se encuentran en la militarización, sino en la libertad política, la soberanía nacional y la construcción de un modelo económico justo, sostenible y descolonizado.

La Gobernadora tiene el deber de desautorizar de inmediato al Brigadier General Arturo Garffer. Sus expresiones no solo carecen de fundamento legal y moral, sino que también colocan al gobierno de Puerto Rico en la vergonzosa posición de avalar la subordinación colonial y militar. Guardar silencio ante estas declaraciones equivaldría a legitimar una agenda contraria a los intereses de nuestro pueblo y a la paz en la región.

Por tanto, rechazamos con firmeza cualquier intento de reactivar la base de Roosevelt Roads, de ocupar nuevamente a Vieques o Culebra, o de reinstalar instalaciones militares en nuestro territorio. La voz del pueblo ya fue clara: ¡Ni una bomba más, ni una base más en Puerto Rico!

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