Panamá vive hoy un momento crucial. Una huelga nacional, iniciada el 23 de abril por el magisterio, ha desatado una ola de movilizaciones que se extiende por todo el país. Docentes, trabajadores de la construcción, obreros bananeros, estudiantes, pueblos indígenas, mujeres y comunidades enteras se han unido para rechazar un paquete de medidas que representa un retroceso histórico: la Ley 462, que reduce drásticamente las pensiones; la reapertura de la mina operada por First Quantum, clausurada en 2023 tras una histórica revuelta ecológica; y un acuerdo con Estados Unidos que reinstala bases militares, en violación a la soberanía panameña.

El gobierno de José Raúl Mulino, electo con apenas el 34% del voto y sin mayoría legislativa, ha respondido con represión brutal. Hay cientos de heridos y detenidos, incluyendo menores y estudiantes, mientras líderes sindicales han sido perseguidos, encarcelados o forzados al exilio. A pesar del cerco mediático, el descontento popular crece. La Universidad de Panamá se ha convertido en centro de deliberación y resistencia, y el respaldo social a la huelga es masivo.

En las calles se discute cada vez con más fuerza la posibilidad de una revocatoria de mandato presidencial, o incluso un juicio político por la entrega de soberanía al firmar el Memorando militar con EE. UU. La contradicción es clara: la burguesía panameña y los intereses financieros presionan para aplastar la rebelión y reactivar la extracción de riquezas, pero el costo social y político de hacerlo podría poner en riesgo la gobernabilidad del régimen.

Desde los movimientos sociales panameños se hace un llamado urgente a la solidaridad internacional. Este 9 de junio, se convoca a acciones frente a embajadas y consulados de Panamá en todo el mundo para romper el cerco mediático y hacer visible la lucha de un pueblo que no se rinde. Panamá resiste. No lo dejemos solo.

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