Organizaciones defensoras de la salud ambiental y los sistemas naturales denunciaron que el secretario saliente del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Lcdo. Rafael Machargo Maldonado, firmó de manera secreta la Orden 2020-17, la cual elimina la consideración de los impactos ambientales de los proyectos que se aprueben.

Portavoces de Ciudadanos del Karso (CDK) y de Sierra Club exigen al todavía secretario que deje sin efecto esta orden, que permita que científicos evalúen la misma y que el público pueda dar sus recomendaciones tal como lo requieren las leyes vigentes.

“El gobierno saliente nos ha mantenido en vilo durante el último año, buscando aprobar reglamentos y órdenes ejecutivas a las cuales no les encontramos sentido ni explicación – a menos que sea para atender pedidos e intereses particulares”, comentó Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso. Añadió que han presentado un recurso en el tribunal cuestionando la legalidad de la forma de aprobación de esta última orden y sus consecuencias.

Según las organizaciones, la orden administrativa de referencia fue aprobada el 2 de noviembre, un día antes de las elecciones generales, sin avisar a ninguna parte interesada fuera del DRNA. La orden administrativa enmienda el reglamento vigente, el cual exige que se prepare y divulgue un documento ambiental en el que se evalúen los efectos y mejor localización de los proyectos tanto como las medidas de mitigación. De acuerdo con las organizaciones, la redacción de la orden no establece límites, poniendo en riesgo zonas naturales protegidas como el Karso para permitir construcciones de carreteras, gasoductos, tanques, líneas y tuberías eléctricas.  Por otro lado, elimina el requisito de una certificación ambiental a las labores de corte y poda de árboles.

“Además, la orden utiliza un lenguaje técnico que limita el entendimiento a los ciudadanos; quienes necesitan conocer cómo les afectan estas decisiones de manera inmediata”, señaló Vale, quien expresó preocupación por la variación en el uso y cambios de calificaciones y consultas de ubicación. “Los ciudadanos desconocen que su parque recreativo puede convertirse en un cementerio, por ejemplo”. Incluso, la orden administrativa exime  de evaluación ambiental la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones en torres o estructuras existentes, y las construcciones de estructuras cónsonas con la calificación del lugar donde ubicarán.

Por su parte, el Lcdo. Pedro Saadé Llorens, director de la Clínica de Asistencia Legal Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, hizo un llamado al gobernador entrante, Pedro Pierluisi, para que destituya a Machargo.

“La orden administrativa del secretario Machargo se aprobó a escondidas y sin análisis legal o científico previo y en medio de las elecciones con el objetivo de que nadie se enterara. Todo indica que es una orden de encargo que tendrá muy serias consecuencias para la tranquilidad de la gente y el medio ambiente. Debe ser revocada por la administración entrante”, comentó Saadé.

Añadió que en vez de trabajar de la mano con las organizaciones ambientales para proteger el país, el gobierno lo que está haciendo es atacar al sector ambiental, obligándolo a reaccionar continuamente a pobres decisiones que tienen impactos nefastos para el país. Según destacó, algunas de esas decisiones incluyen un reglamento conjunto de permisos plagado de errores, una tala de árboles indiscriminada en nuestros parques nacionales sin un plan de mitigación adecuado, y ahora esta orden ejecutiva. “Es como si estuviesen ensañados con el ambiente y el bienestar de nuestros ciudadanos”, añadió Saadé.

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