Entidades comunitarias, activistas por los derechos humanos e iglesias exigen la apertura de los comedores escolares, ante las limitaciones que generan el distanciamiento social y el toque de queda para obtener alimentos.

La organización Firmes, Unidos y Resilientes, Inc. (FURIA), la cual hace trabajo de cabildeo por las comunidades pobres de Puerto Rico, envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced exigiéndole que atienda esta problemática alimentaria. En la misiva expresan que uno de los grupos más afectados por esta situación es el de los adultos mayores

“Al consultar a los líderes comunitarios de Puerto Rico por el Derecho a una Vida Digna (PRODEV) sobre los retos de esta nueva emergencia, muchos nos indicaron que tienen gran cantidad de adultos mayores que necesitan acceso a alimentos y que no tienen formas de moverse para adquirirlos dentro de las restricciones presentes”, señala en la misiva Carmen Villanueva Castro, líder comunitaria de Hill Brothers Sur en Río Piedras.

Precisamente, Villanueva Castro repartió decenas de compras en su comunidad durante los pasados días. Los víveres no los proveyó ninguna entidad gubernamental, sino que fueron el resultado de una colaboración entre un supermercado local y el esfuerzo de un grupo de activistas por los derechos humanos. Según Villanueva Castro, los residentes de su comunidad son trabajadores que se han visto gravemente afectados por las restricciones del toque de queda, ya que no han podido salir a trabajar. Esta señaló que a diferencia de lo que muchos creen, “la gente en la comunidad (Hill Brothers Sur) trabaja y no cogen cupones. La gente está desempleada y sin ayuda”.

La niñez es otro grupo que le preocupa al liderato comunitario, pues los comedores escolares aseguran al menos una comida diaria a este sector. “Por esto, solicitamos que el gobierno dedique fondos de emergencia para coordinar esfuerzos de entrega de alimentos a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que los necesiten”, expresó Villanueva Castro en la carta. La comunicación señala que las organizaciones comunitarias pueden colaborar en la coordinación y entrega de los alimentos, pero necesitan los recursos gubernamentales para poder impactar más personas necesitadas.

El liderato de las comunidades del Caño Martín Peña, agrupado en el G8,  también levantó su voz exigiendo acción gubernamental ante esta problemática. El G8 exigió al gobierno que abra los comedores escolares y provea alimentación a la población en general.

La misiva enviada por el G8 señala que en las comunidades del Caño Martín Peña viven “más de 20,000 residentes, entre los cuales existe un alto porcentaje que son inmigrantes que no podrán acceder a los incentivos presentados tanto por el Gobierno de Puerto Rico como por el de Estados Unidos. Esto hace que aumente aún más la crisis en miles de hogares, en los cuales hoy en día no tienen dinero para comprar alimentos”.

Para el liderato comunitario del Caño Martín Peña, es imprescindible abrir los comedores de las escuelas Federico Asenjo, Ernesto Ramos Antonini, Manuel Boada, Albert Einstein, Juanita García Peraza y la Emilio Del Toro y Cuebas.

“Luego del paso del huracán María y de los recientes terremotos, salimos a la calle sin dudarlo e hicimos todo lo que estaba en nuestro poder para el bienestar y beneficio de la gente; porque, como dice el refrán, ‘estamos en el mismo barco y hay que remar en la misma dirección’. En esta ocasión no es viable que toda esta responsabilidad sea asumida o recaiga en las organizaciones de base comunitaria, quienes ya hemos estado haciendo lo que podemos.”, señala la carta.

Los índices de pobreza en Puerto Rico validan el reclamo de estas comunidades. Según datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, el 58% de nuestra población infantil y juvenil vive bajo los niveles de pobreza. A esto se añade que el 46.9% de esta población vive en hogares cuyos padres o madres son desempleados.

A continuación, las cartas del G8 y FURIA Inc. a la gobernadora Wanda Vázquez Garced:

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