Líderes comunitarios de distintas partes de la isla se encuentran decepcionados ante el clima de incertidumbre en relación a las alegadas irregularidades en el proceso electoral del pasado 3 de noviembre.

Mediante comunicado de prensa, el liderato comunitario señaló sentirse defraudados por las decenas de denuncias, las cuales muestran un patrón de fraude utilizando personas fallecidas solicitando el voto. El grupo reportó el caso de una persona fallecida desde febrero del 2020, que aparece solicitando voto por adelantado.

Ante estas denuncias, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer,  aceptó no tener los recursos suficientes para detectar deficiencias, irregulares o fraudes electorales que podrían afectar los resultados de las elecciones.

Los líderes de las comunidades expresaron sentir desconfianza en los resultados electorales y en los procesos democráticos en general. “Nosotras las líderes de diferentes comunidades, estamos muy preocupadas por el fraude, la manera en que afecta la democracia puertorriqueña, y la forma en que no se le ha dado la importancia que tienen estas situaciones por estar diciendo que son meras irregularidades”, señaló la líder comunitaria de Hill Brothers Sur en Río Piedras, Carmen Villanueva Castro.

A este reclamo se unieron líderes de las comunidades de Buena Vista Hato Rey, Barrio Obrero Marina, Trastalleres de Santurce, Valle Hill de Canóvanas, Río Blanco de Naguabo, Buenos Aires de Caguas entre otras.

“Exigimos que cualquier caso de personas fallecidas que hayan solicitado voto por adelantado o encamado sea referido inmediatamente a las autoridades pertinentes, y que se verifique y se invalide cualquier voto emitido con fraude. Además, demandamos a la CEE que inmediatamente publique las lista de los que votaron en las elecciones 2020 para poder nosotros identificar como ciudadanos que no existan casos similares en nuestras comunidades”, dijo Villanueva Castro.

Para el liderato comunitario, estas acciones son necesarias para que no se continúe lacerando la confianza en las instituciones que están llamadas a velar por la voluntad política del electorado y las que tienen el deber ministerial de procesar criminalmente esas conductas catalogadas como delito en el Código Penal y Electoral.

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