En enero de 2025, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal de San Juan presentó una medida sencilla en su propósito, prudente en su redacción y plenamente compatible con el estado de derecho: declarar a San Juan una Ciudad Santuario para las personas migrantes. Aquel proyecto nunca recibió el debate que merecía. No fue derrotado tras un intercambio de argumentos. No fue rechazado luego de vistas públicas. No fue descartado tras escuchar comunidades, juristas o expertos en derechos civiles. Simplemente fue engavetado.

Lo más revelador es que el tiempo terminó dándole la razón a quienes impulsaron aquella propuesta.

El texto del proyecto partía de una premisa fundamental: las personas inmigrantes son parte integral de San Juan. Reconocía sus aportaciones económicas, culturales y sociales. También advertía que las políticas de persecución migratoria provocan separación de familias, pérdida de ingresos, interrupción de estudios, afectaciones emocionales y un clima de miedo que termina debilitando la seguridad pública y la confianza en las instituciones.

La propuesta establecía que los servicios municipales no debían condicionarse al estatus migratorio de una persona; que el personal municipal no debía solicitar información migratoria cuando esta no fuera necesaria para cumplir con una obligación legal; que los recursos y empleados municipales no debían utilizarse voluntariamente para colaborar en operativos cuyo único propósito fuera la detención o deportación de personas por infracciones migratorias de carácter civil; que debía protegerse la información personal recopilada por las dependencias municipales y que las familias afectadas debían recibir orientación sobre sus derechos y acceso a servicios de apoyo.

Contrario a la caricatura que algunos intentan proyectar, el proyecto no buscaba impedir la aplicación de la ley federal. De hecho, expresamente establecía que nada en la ordenanza autorizaba obstruir actuaciones federales legítimas ni pretendía conferir estatus migratorio alguno. Su objetivo era mucho más básico: garantizar que el gobierno municipal no se convirtiera voluntariamente en una extensión de la maquinaria de detención migratoria.

Visto desde la perspectiva actual, el proyecto no era un gesto simbólico. Era una advertencia. Porque mientras la medida permanecía archivada, la realidad fue evolucionando exactamente en la dirección que sus proponentes temían.

Hoy San Juan vive una de las etapas más intensas de intervenciones migratorias de las últimas décadas. Comunidades enteras han denunciado operativos de ICE en sectores de la capital, incluyendo Barrio Obrero, Villa Palmeras y Río Piedras. La presencia constante de agentes federales ha generado un ambiente de temor que ha afectado escuelas, iglesias, pequeños comercios y espacios comunitarios.

Y en medio de todo esto emerge una figura política cuya posición se ha caracterizado por una preocupante ambivalencia: el alcalde Miguel Romero Lugo.

Durante años, la administración municipal evitó impulsar o respaldar una política de ciudad santuario. El proyecto presentado por la delegación del MVC no avanzó en la estructura legislativa municipal bajo su gobierno. Sin embargo, conforme aumentaron las denuncias de intervenciones agresivas por parte de ICE y creció la preocupación ciudadana, el alcalde comenzó a expresar públicamente reservas sobre la forma en que se estaban llevando a cabo los operativos.

Hoy encontramos a un alcalde que afirma no respaldar formalmente la declaración de San Juan como ciudad santuario, pero que simultáneamente cuestiona actuaciones específicas de ICE. Un alcalde que rechaza el concepto jurídico que habría permitido establecer protecciones institucionales claras, pero que critica algunas de las consecuencias que precisamente ese proyecto intentaba evitar.

La contradicción es evidente.

Cuando la delegación del MVC propuso prohibir el uso voluntario de recursos municipales para fines de persecución migratoria civil, la medida fue ignorada.

Cuando la propuesta estableció mecanismos para proteger información personal de residentes y usuarios de servicios municipales, no hubo interés en convertir esas garantías en política pública.

Cuando el proyecto advirtió que el miedo impediría que personas denunciaran delitos, buscaran servicios médicos o acudieran a instituciones gubernamentales, esas advertencias tampoco parecieron suficientes para provocar acción legislativa.

Pero ahora, cuando ese miedo ya es una realidad cotidiana en comunidades de San Juan, el alcalde intenta colocarse simultáneamente en ambos lados del debate.

No puede ser ambas cosas a la vez.

No puede rechazarse una política de protección institucional y luego sorprenderse cuando las consecuencias que dicha política buscaba prevenir terminan ocurriendo.

La manifestación más dramática de esta crisis ocurrió en Río Piedras, cuando agentes federales armados ingresaron a una iglesia en medio de una intervención migratoria. La presencia de agentes con armas largas dentro de un espacio de culto provocó denuncias de líderes religiosos, organizaciones de derechos civiles y residentes que presenciaron los acontecimientos.

Más allá del impacto visual de aquellas imágenes, el incidente provocó una discusión jurídica de enorme importancia. Aunque las autoridades federales poseen facultades para hacer cumplir las leyes migratorias, esas facultades no son ilimitadas. Los agentes continúan sujetos a requisitos constitucionales relacionados con registros, allanamientos, privacidad y debido proceso. El hecho de que una intervención sea de carácter migratorio no elimina las protecciones fundamentales que amparan a cualquier persona dentro de territorio estadounidense.

La propia razón de ser de una política de ciudad santuario consiste precisamente en establecer una separación clara entre los servicios locales y los procesos migratorios federales. No para impedir la aplicación de la ley federal, sino para proteger la confianza entre las comunidades y los gobiernos locales.

La directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, ha sido particularmente contundente al denunciar lo que considera un patrón de hostigamiento y criminalización contra las comunidades inmigrantes. Sus planteamientos han insistido en que los derechos constitucionales no desaparecen por razón del estatus migratorio y que la ciudadanía tiene derecho a documentar e impugnar actuaciones gubernamentales que considere abusivas.

Precisamente por eso resulta tan significativo que una de las medidas centrales del proyecto presentado por el MVC fuera la protección de la información personal recopilada por el municipio.

Ese aspecto cobra relevancia a la luz de la controversia surgida por la entrega de información relacionada con licencias de conducir de inmigrantes por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Lo que se conoció posteriormente mediante litigios impulsados por la ACLU fue que las autoridades federales obtuvieron acceso a miles de registros relacionados con beneficiarios de la Ley 97. Aquella revelación provocó una intensa controversia pública sobre la utilización de datos gubernamentales para fines migratorios.

La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón defendió la entrega de la información argumentando que respondió a requerimientos federales. Sin embargo, para organizaciones de derechos civiles la controversia nunca fue exclusivamente procesal. El problema fundamental era otro: si el gobierno de Puerto Rico debía actuar como facilitador de una política federal de persecución migratoria que ya estaba generando miedo y desconfianza en amplios sectores de la población.

La pregunta política que enfrenta hoy Miguel Romero Lugo ya no es si aprueba o desaprueba determinadas actuaciones de ICE.

La verdadera pregunta es por qué, cuando tuvo ante sí una propuesta concreta para establecer protecciones institucionales, optó por no impulsarla.

Porque la historia de esta controversia no comenzó con las recientes intervenciones migratorias. Comenzó cuando se decidió no actuar y sse optó por engavetar una medida que advertía exactamente los problemas que hoy están ocurriendo.

Sin embargo, la historia aún no está escrita del todo.

Esta misma semana, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en la Legislatura Municipal de San Juan presentó un proyecto sustitutivo que vuelve a colocar sobre la mesa la propuesta de declarar a San Juan como Ciudad Santuario. La medida retoma los principios fundamentales del proyecto original engavetado en 2025: proteger la información personal de los residentes, garantizar el acceso a servicios municipales sin discrimen por estatus migratorio, evitar el uso voluntario de recursos municipales para fines de persecución migratoria civil y ofrecer orientación y apoyo a las familias afectadas.

La diferencia es que hoy nadie puede alegar desconocimiento. Lo que hace apenas un año algunos consideraban una preocupación hipotética es ahora una realidad visible en nuestras comunidades. Las intervenciones de ICE, los arrestos en sectores de San Juan, la entrada de agentes armados a una iglesia en Río Piedras, la entrega de información gubernamental sobre miles de inmigrantes y el clima generalizado de temor han demostrado que las advertencias contenidas en aquella primera propuesta no eran exageraciones ideológicas. Eran alertas legítimas sobre lo que ocurre cuando los gobiernos optan por la pasividad.

La presentación de este nuevo proyecto representa una oportunidad para que la administración municipal rectifique. Una oportunidad para que el alcalde Miguel Romero Lugo abandone la ambivalencia que ha caracterizado su posición hasta ahora y asuma una postura clara en defensa de los derechos humanos y las comunidades vulnerables de la ciudad. No basta con expresar preocupación por algunos excesos de ICE mientras se rechazan las herramientas institucionales que podrían ayudar a prevenirlos. No basta con cuestionar los efectos mientras se evade el debate sobre las causas.

Gobernar implica tomar decisiones. Y pocas decisiones son tan importantes como determinar si el gobierno municipal utilizará su autoridad para proteger a una comunidad que hoy se siente acechada.

Publicado originalmente en Desde el Hemiciclo Municipal

Sobre Daisy Sánchez

Su labor profesional en el campo del periodismo y la investigación le han merecido varios reconocimientos. Dos de sus libros han sido premiados: "Cita con la Injusticia" y "La que te llama vida: In?