El Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico obtuvieron nombres, numeraciones de cuentas e interacciones de perfiles de menores de edad en Facebook, como parte de una investigación contra universitarios, por sucesos de la huelga de 2017 en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La defensa de los ahora exalumnos de la UPR identificó personas menores de edad en un listado de más de 3 mil nombres que entregó Facebook a Justicia. Entre los nombres figuran también familiares de varias de las personas acusadas, como madres y hermanos y hermanas. Así mismo, aparecen abogados y abogadas que colaboraron en la defensa de las personas acusadas.

“La defensa le va a solicitar al tribunal que desarrolle un sistema o un método para comunicarse con las personas cuyos nombres están en la lista, notificarles y dejarles saber lo que sucedió.  Esto salvaguardando su intimidad. El tribunal está en obligación de notificarle a estas personas”, expresó el Lcdo. Juan Ramón Acevedo Cruz, integrante de la defensa.

Los sucesos responden a una protesta durante la huelga estudiantil de la UPR en 2017, en la que manifestantes interrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno en la que se aprobaría un aumento a los costos de matrícula. Justicia peticionó a Facebook información de tres días antes y tres días después de los hechos.  La información en poder del ministerio público detalla todo tipo de interacción con las páginas del Centro de Comunicación Estudiantil, Diálogo y Pulso Estudiantil. Esto incluye tanto material publicado, como mensajes privados a estas páginas y comentarios o likes borrados.

“El agente de la División de Delitos Cibernéticos de la Policía, Luis Lassalle, dijo en sala que pidió toda esa información para identificar posibles sospechosos o buscar personas relacionadas a los hechos. Eso es carpeteo”, expresó el Lcdo. Acevedo Cruz.

Al momento se desconoce si la Policía y Justicia cuentan con algún protocolo para manejar, almacenar o destruir la información obtenida. De igual forma, se desconoce si existe un protocolo uniforme para la recopilación de este tipo de información. La entonces secretaria de Justicia y actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, ha defendido constantemente la práctica del rastreo de manifestantes en redes sociales. Recientemente, indicó que el proceso de obtener información de redes sociales es anónimo. Sin embargo, esto contrasta con la evidencia del propio fiscal Ángel García Rodríguez.

La defensa ha cuestionado constantemente la selectividad del proceso, ya que se acusaron solo nueve personas que tenía roles de liderato durante la huelga. Los testimonios y evidencia presentada por fiscalía concuerdan en que el día de los hechos habían entre 50 y 100 manifestantes.

Según el Lcdo. Acevedo Cruz, este caso es una versión moderna del carpeteo de mediados del siglo XX. En ese entonces, la Policía de Puerto Rico rastreaba toda persona que tuviera vinculación mínima con el movimiento independentista u organizaciones de izquierdas. Bastaba llevar una bandera de Puerto Rico para ser carpeteado. Esta práctica incluía la realización de listados de personan que denominaban como posibles subversivos, lo que incluía familiares de activistas, artistas y deportistas, entre otras personas.

Una investigación del fenecido legislador pipiolo David Noriega destapó dicho esquema, el cual se decretó como ilegal por los tribunales de la isla. El juicio del caso está pautado para el 31 de agosto de 2020. Sin embargo, no se ha completado la vista de supresión de evidencia debido a las constantes ausencias del agente investigador del caso, Luis Muñiz.

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