(San Juan, Puerto Rico —noviembre de 2025) El centro de pensamiento para la acción Plan B: Independencia denuncia que el informe anual de la Junta de Supervisión Fiscal publicado esta semana constituye un intento deliberado de suprimir información crítica sobre su gestión y su permanencia en Puerto Rico. La Junta publica un documento cuidadosamente elaborado para proyectar logros, mientras oculta aquellos elementos que revelarían con claridad la ineficacia de su modelo de intervención, los costos sociales de su actuación y la naturaleza antidemocrática de su autoridad. Como expresó el Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez, portavoz de Plan B: Independencia, “después de casi una década, la Junta no puede mostrar un solo indicador estructural de éxito; su legado es un país más pobre, un Estado más débil y un futuro más incierto.”

El informe proclama avances en materia fiscal, reformas estructurales y disciplina presupuestaria. Sin embargo, ignora el hecho determinante de que Puerto Rico continúa sin un crecimiento económico sostenido que permita superar el estancamiento crónico de la última década. La política de austeridad impulsada por la Junta no ha sido un proceso neutro ni técnico, sino una estrategia ideológicamente dirigida contra sectores esenciales, particularmente la Universidad de Puerto Rico y los pensionados. El economista Dr. José Caraballo Cueto ha documentado que la UPR sufrió recortes de casi un 50 % entre 2017 y 2025, demostrando que “la austeridad de la JCF era para la UPR” y los municipios, mientras agencias menos estratégicas recibían aumentos presupuestarios. Esa austeridad selectiva ha reducido y debilitado el aparato gubernamental, ha frenado la inversión pública, ha afectado la formación profesional del país y ha limitado la capacidad del Estado para atender necesidades básicas. Es imposible hablar de “estabilidad” cuando la intervención federal ha contribuido simultáneamente a la contracción de servicios esenciales, al deterioro institucional y a la pérdida continua de población activa. Estas realidades no están presentes en el informe porque contradicen la narrativa optimista y autocomplaciente que la Junta insiste en promover.

La Junta también evita admitir su responsabilidad en el debilitamiento de la gestión pública. Durante años ha impuesto congelación de plazas, erosión del salario real y recortes sistemáticos en áreas vitales del servicio gubernamental, erosionando capacidades técnicas esenciales para la ejecución de políticas públicas. En el caso de la UPR, el Dr. Caraballo Cueto advirtió que la política fiscal impuesta desde la Junta —incluyendo la reducción drástica de aportaciones patronales al sistema de retiro universitario— llevaba a la institución “hacia la destrucción… incluso si cerraban todos los recintos pequeños y despedían su personal y estudiantado”. Esa predicción se ha ido materializando: el déficit de personal, la pérdida de talento y la incertidumbre de los pensionados universitarios son consecuencias directas del marco de supervisión federal. El informe anual no aclara que el deterioro en la contabilidad del gobierno, la falta de modernización de sus sistemas de información y la pérdida de capital humano especializado no son fallas inherentes del Estado puertorriqueño, sino el efecto acumulado de una política de austeridad rígida e ideologizada. La omisión deliberada de estos hechos busca distorsionar la percepción pública, presentando a la Junta como un agente de rigor cuando, en realidad, ha contribuido decisivamente al debilitamiento de la gestión gubernamental.

Del mismo modo, el informe evade una rendición de cuentas completa sobre el costo real de la propia Junta. Aunque presenta su presupuesto operativo anual, no ofrece un desglose detallado y transparente de los honorarios multimillonarios pagados a consultores externos, de los gastos asociados a litigios prolongados ni de los costos indirectos derivados de procesos de reestructuración que se han extendido por años. En los apéndices del informe no aparece información pública suficiente que permita evaluar la eficiencia, necesidad o proporcionalidad de esas erogaciones, lo que impide al país conocer si los recursos invertidos en la operación de la Junta han producido beneficios tangibles o medibles. El documento opta por resaltar metas intermedias y declaraciones generales sobre “ahorros”, sin examinar los efectos adversos de su intervención ni el impacto financiero acumulado, creando así una narrativa incompleta que evita el escrutinio que merecen sus decisiones y su permanencia en Puerto Rico.

Resulta igualmente preocupante que la Junta celebre la certificación de presupuestos balanceados sin aclarar que tales ejercicios no cumplen con los criterios legales que permitirían activar el mecanismo de salida dispuesto en la Ley PROMESA. Aunque habla de “presupuestos equilibrados”, la Junta omite explicar que estos han sido balanceados en la base de caja y que, según la propia ley federal, la terminación de su mandato requiere cuatro años consecutivos de presupuestos equilibrados bajo criterios de contabilidad gubernamental, además de demostrar acceso real y sostenido a los mercados de capital. Esa ausencia de precisión no es un descuido: es una estrategia para presentarse como una entidad que cumple sus metas, sin reconocer que el país no está más cerca de la salida de la Junta que hace años. El informe evita de manera absoluta indicar cuándo la Junta prevé retirarse de Puerto Rico o qué calendario sigue para cumplir con los criterios de terminación. Ese silencio es revelador: la permanencia indefinida del organismo se normaliza mientras se oculta que su continuidad contradice el espíritu de transitoriedad que PROMESA pretendía proyectar.

El documento tampoco aborda el fracaso de las políticas de privatización que la Junta ha avalado, especialmente en el sector energético. La falta de confiabilidad del servicio, los aumentos tarifarios y la ausencia de cumplimiento contractual por parte de operadores privados no figuran en el informe. La Junta omite estos hechos porque evidencian que sus decisiones no han mejorado la calidad de los servicios públicos ni han promovido la eficiencia administrativa que prometen sus defensores. La realidad es que ha supervisado procesos de privatización sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas y sin resultados medibles que justifiquen su costo social.

De igual manera, el informe omite por completo la precariedad fiscal que aún enfrenta el gobierno central a pesar del Plan de Ajuste de la Deuda aprobado bajo PROMESA. Además, casi nueve años de procesos de reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica, los resultados han sido profundamente adversos: costos energéticos más altos, ineficiencia generalizada en todos los niveles del servicio y una infraestructura dependiente de modelos operacionales fallidos. El ajuste de deuda del gobierno central tampoco garantiza estabilidad a largo plazo, pues se fundamenta en supuestos económicos frágiles y en proyecciones de crecimiento que no se han materializado. La Junta evita reconocer que esta combinación —un gobierno central que opera sobre cimientos fiscales vulnerables y un proceso de ajuste energético interminable e incapaz de producir mejoras sustantivas— coloca al país en riesgo de enfrentar otra crisis fiscal en el mediano plazo. La ausencia de esta discusión profunda en el informe evidencia un intento de proyectar una recuperación que no existe y oculta la amenaza real de que Puerto Rico pueda acercarse a una segunda quiebra si las tendencias actuales se mantienen.

Aún más grave es que la Junta continúa ocultando su naturaleza antidemocrática. El informe se presenta como expresión técnica y neutral de supervisión fiscal, pero evita reconocer que se trata de un ente no electo que tiene poder superior al gobierno que el pueblo de Puerto Rico escoge en las urnas. Ninguno de sus miembros responde políticamente ante la ciudadanía puertorriqueña y, sin embargo, las decisiones de la Junta prevalecen incluso sobre aquellas adoptadas por instituciones democráticas locales. Este ocultamiento es una estrategia clara para invisibilizar el carácter colonial del régimen fiscal vigente, pues admitirlo revelaría la contradicción esencial entre la Junta y los principios fundamentales del autogobierno. En palabras del Dr. Carlos Rivera Lugo, portavoz de Plan B: Independencia y reconocido filósofo del derecho, “la Junta es la negación institucionalizada de la democracia real a la que aspiramos los puertorriqueños; no representa al pueblo, no rinde cuentas al país y opera como un enclave colonial del siglo XXI que sirve solo a los intereses de unos pocos.”

Finalmente, el informe ignora el impacto humano de sus decisiones. Durante años, encuestas y estudios han revelado que la sociedad puertorriqueña está sumida en un profundo desánimo, caracterizado por la falta de expectativas de progreso, la incertidumbre económica y la sensación generalizada de que el país no avanza. Ese estado emocional colectivo es parte del legado de la Junta: una década de austeridad, precariedad institucional y ausencia de crecimiento ha debilitado la confianza pública en el futuro y ha erosionado el optimismo social. El silencio del informe sobre este impacto confirma su desconexión con la realidad vivida por la ciudadanía que paga el costo de su intervención.

Plan B: Independencia reafirma que Puerto Rico necesita potenciar su capacidad de autogobernarse, diseñar políticas económicas solidarias desde su propio marco constitucional y encaminarse hacia un proceso soberano de descolonización que ponga fin al control externo. La estabilidad verdadera y el desarrollo deseado solo serán posibles cuando el país deje atrás un modelo de dominación que ha fracasado en sus propios términos y que ha profundizado la distancia entre Puerto Rico y un futuro de justicia, progreso y democracia plena. Tal como afirmó el historiador y lingüista Prof. Javier Hernández, portavoz de Plan B: Independencia, “mientras Puerto Rico siga bajo un régimen territorial tutelado, no habrá desarrollo real; la salida de la crisis es inseparable del proceso de descolonización.”

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