Profesores del campo del derecho concuerdan en que no haber juramentado como abogado licenciado al joven Francisco Santiago Cintrón pone en peligro su presunción de inocencia, a la vez que envía un mensaje a futuros abogados que sean activistas.

El caso de Santiago Cintrón tomó notoriedad esta semana luego que la Comisión de Reputación del Tribunal Supremo le notificara que emitiría una recomendación negativa a su juramentación como abogado licenciado. La decisión responde a que Santiago Cintrón forma parte de un grupo de cinco exalumnos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acusados por los sucesos de una protesta durante una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR. La manifestación se dio en el contexto de la Huelga de 2017, cuando dicho cuerpo aprobaría un aumento en los costos de matrícula.  Desde entonces, la investigación de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia ha estado marcada por serios señalamientos de persecución selectiva y carpeteo cibernético.

Inicialmente, la Comisión de Reputación celebró una vista informal junto a Santiago Cintrón el 12 de enero de 2021. Para ese entonces el caso se encontraba en el Tribunal de Apelaciones, luego que la jueza del Tribunal de Primera Instancia, Eloína Torres Cancel, desestimara los cargos contra las cinco personas acusadas. Santiago Cintrón recibió la decisión el 3 de febrero de 2021, la cual incluye un periodo de 10 días para solicitar una vista formal.

“La recomendación de la Comisión de Reputación no debe ser seguida por el Tribunal Supremo por ser clara y patentemente errónea”, reza una publicación del Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto, profesor de la Escuela de Derecho de la UPR y especialista en el campo de la ética.

Figueroa Prieto añade en su publicación que “ningún abogado que sea acusado de delito grave es despojado de su título con la mera acusación pues le aplica la presunción de inocencia. Este derecho constitucional no distingue entre ciudadanos que son abogados y ciudadanos que aspiran a la abogacía”.

Además de la presunción de inocencia, Figueroa Prieto argumenta el Tribunal Supremo no está obligado a acoger la recomendación de la Comisión de Reputación y que existen mecanismos para tomar acciones en caso de que la persona en cuestión resulte culpable. La publicación también denuncia el corto periodo que se le otorgó a Santiago Cintrón para responder al dictamen ya que los actos de juramentación se celebraron el sábado, 6 de febrero de 2021.

Académicos de otras escuelas de derecho también se han expresado ante la determinación de la Comisión de Reputación en este caso, enfatizando que la decisión de por sí constituye un castigo.

“Acciones de esa naturaleza tienden a desvirtuar la esencia de la presunción de inocencia porque, aunque después pueda ser juramentado, ya recibió un castigo totalmente injustificado. No puede haber un castigo sin que haya una adjudicación en los méritos del otro caso (el caso criminal contra los cinco exalumnos de la UPR)”, expresó el Lcdo. Julio Fontanet, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Fontanet destacó que el caso de Santiago Cintrón es más grave considerando que, además de la desestimación del TPI y las irregularidades de la investigación criminal, la UPR nunca presentó acciones disciplinarias o cargos contra el ahora egresado del Recinto de Río Piedras.

El impacto de esta situación va más allá de los planteamientos en derecho, ya que podría limitar el activismo de personas que aspiren a una carrera en la abogacía. “Esto va a inhibir el que los estudiantes de derecho estén activos en reclamos importantes de asuntos que atañen al país. Esto puede convertir a los estudiantes de derecho en entes pasivos cuando deben estar activos en esos reclamos. Hay que felicitar a personas como Francisco, en vez de castigarlos”, añadió Fontanet.

Santiago Cintrón completó sus estudios en la Escuela de Derecho de la UPR en 2019 y aprobó la reválida profesional en el 2020. La determinación de no juramentar al joven pospondría indefinidamente el que comience a ejercer la profesión, pues tendría que esperar la culminación del caso criminal. El caso contra el grupo de exalumnos de la UPR comenzó el 9 de mayo de 2017 y continúa activo a pesar de las constantes ausencias del agente investigador del caso y testigo clave, Luis Muñiz.

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