Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, recomendó la realización de una auditoría independiente, ante los señalamientos político-partidistas relacionados a la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que examina la compra de pruebas para detectar el COVID-19.

La exigencia nace luego que integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) argumentaran que la pesquisa cameral responde a la contienda primarista a la gobernación entre Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Esto generó reacciones de diversos sectores dentro del PNP que se acusan mutuamente de persecución política y de tener intereses económicos vinculados a la primaria. Jorge Dávila, director de campaña de Vázquez Garced, expresó a los medios de comunicación que la investigación cameral es un montaje político para afectar a la actual gobernadora.

La investigación es liderada por el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud, quien a su vez apoya la candidatura de Pedro Pierluisi. El Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del “Task Force” Médico, circuló una comunicación recientemente en la que solicita ser citado a testificar, a la vez que señala que el propio Morales Rodríguez les refirió posibles vendedores de equipo médico.

“Estamos enfrentando una de las peores emergencias de salud pública y el pueblo sigue sin poder confiar en sus instituciones. En plena investigación legislativa se han levantado serios cuestionamientos sobre conflictos de intereses del representante Juan Oscar Morales”, señaló Prados, quien también es candidata al precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana.

Prados solicitó la intervención inmediata de la Oficina del Contralor o que, en su lugar, entidades ciudadanas sin intereses político-partidistas tengan acceso a la documentación pertinente para que conduzcan una investigación rigurosa y fidedigna.

“La corrupción es un crimen, sin embargo, cuando ocurre durante etapas de emergencias es imprescindible que cualquier investigación y procesamiento sea imparcial y libre de cualquier cuestionamiento”, expresó Prados.

Durante la investigación cameral han trascendido una serie de irregularidades referentes a la compra de pruebas rápidas a la compañía Apex Contractors. Dicha firma no contaba con experiencia en equipo médico al momento de la transacción. Sin embargo, se les desembolsó un inusual adelanto de $19 millones, el cual tuvieron que devolver. En el transcurso del proceso cameral se han mencionado diversos nombres vinculados a la compra. Esto incluye vendedores, personal de Fortaleza y del Departamento de Salud, contratistas, donantes del PNP e integrantes del “Task Force” Médico.

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