SAN JUAN — El Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitió este lunes, 22 de diciembre, una nueva orden que obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a cumplir con la sentencia del 18 de noviembre de 2022, mediante la cual se le ordenó actualizar y publicar el Inventario anual de emisiones de gases de efecto invernadero por tipo y fuente en Puerto Rico, conforme a los dispuesto en la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019).

La determinación responde a una moción informativa y solicitud de orden presentada por la organización de justicia climática El Puente Puerto Rico el pasado 1 de diciembre de 2025, tras constatar que la agencia no había cumplido con sus deberes legales.

Tras evaluar los escritos de las partes, el Tribunal emitió la orden en la que concluyó que han transcurrido más de tres años desde la sentencia original sin que el DRNA haya cumplido plenamente con lo ordenado. En consecuencia, le concedió a la agencia un término final e improrrogable de 30 días para presentar el inventario actualizado, advirtiendo que, de no hacerlo, podría emitir una orden de arresto e ingreso por desacato civil contra el secretario de la agencia, Waldemar Quiles Pérez.

“Es evidente que el secretario del DRNA está torpedeando intencionalmente el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático. Desde que entró en funciones no ha llenado las vacantes, ni ha reunido al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC). Tampoco ha solicitado presupuesto para llevar a cabo las medidas exigidas por la ley, como el Inventario anual de gases de efecto invernadero. Por el contrario, ha tomado decisiones administrativas que aumentan la vulnerabilidad del país”, denunció Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico.

La sentencia original del 18 de noviembre de 2022, declaró ha lugar una petición de mandamus radicada por la organización de justicia climática para obligar al DRNA a cumplir con la Ley de Cambio Climático de Puerto Rico, incluyendo la actualización y publicación periódica del inventario de emisiones. Aunque durante los procedimientos posteriores el DRNA realizó y publicó los inventarios correspondientes a los años 2019 y 2021, el Tribunal continuó supervisando el cumplimiento de la agencia ante la falta de consistencia en la actualización del informe.

En el curso de esos procedimientos, el DRNA informó al Tribunal que la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) había aprobado fondos mediante el programa “Climate Pollution Reduction Grants”, asegurando financiamiento para el inventario hasta el año 2026, y notificó fechas específicas para retomar el proceso de actualización y publicación. A raíz de esa información, el Tribunal determinó detener las vistas de seguimiento. Sin embargo, el DRNA incumplió con lo representado, y al día de hoy el inventario no ha sido actualizado ni publicado desde el año 2022.

“Recordemos que la Ley de Cambio Climático requiere que para el final de este año (2025) los gases de efecto invernadero se hayan reducido en un 50% en comparación al 2005. El último informe publicado sobre las emisiones del año 2021, ya alertaba que de no tomar acciones urgentes, esa meta no se iba a cumplir. El gobierno no sólo no ha hecho nada para disminuir las emisiones, sino que enmendó la ley de energía para prolongar la contaminación de la carbonera AES y aumentó la inversión en gas metano–ambas fuentes principales de emisiones”, expresó Cintrón Moscoso.

El Puente Puerto Rico reiteró que el Inventario de Gases de Efecto Invernadero es una herramienta esencial para la planificación climática, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones establecidas por ley. La organización advirtió que continuará utilizando todas las vías legales disponibles para asegurar que el gobierno cumpla con su deber de proteger la vida, la salud y el futuro de las comunidades en Puerto Rico frente a la crisis climática.

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