El cambio climático avanza con la fuerza de un huracán que no conoce fronteras ni treguas. Los científicos han advertido que el planeta se acerca a superar el umbral de 1,5 grados de calentamiento global y que los próximos años serán los más calurosos jamás registrados. Puerto Rico ya lo siente en su piel: las olas de calor que superan los 95 grados, los índices de calor que rebasan los 110, la erosión que devora las costas y la fragilidad de una infraestructura que se derrumba con cada tormenta. No son pronósticos, son realidades que se viven en carne propia.

La Ley 33 de 2019 fue concebida como un escudo frente a esta amenaza, con un plan de mitigación, adaptación y resiliencia que debía guiar la transición hacia energías renovables, reforzar la infraestructura crítica, proteger las comunidades costeras y garantizar que la salud pública estuviera preparada para enfrentar el calor extremo y los huracanes más intensos. Ese plan también buscaba fortalecer al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, dotarlo de recursos y coordinar acciones entre agencias y alianzas público‑privadas. Era, en esencia, la hoja de ruta para que Puerto Rico no quedara a merced de la crisis climática.

Pero la política ha convertido esa urgencia en un expediente que se arrastra por los pasillos legislativos. El Proyecto de la Cámara 1914 en 2023 amplió las obligaciones a las alianzas público‑privadas, y el Proyecto del Senado 78 en 2025 evitó que el plan se aprobara automáticamente, exigiendo revisión legislativa y asignación de fondos. Lo que debía ser acción inmediata se transformó en posposición, en debate interminable, en un juego de poder donde unos pocos ganan y la mayoría pierde.

Los sectores favorecidos a corto plazo son claros: la industria energética fósil que evita regulaciones más estrictas, la construcción privada que pospone inversiones en estándares de resiliencia, las alianzas público‑privadas que operan con menos requisitos ambientales y los comercios pequeños que se libran de gastos adicionales. Pero esos beneficios son efímeros, porque el impacto acumulado golpea con fuerza a las comunidades costeras que ven cómo el mar se acerca cada día más, a los agricultores que luchan contra sequías y lluvias impredecibles, a los hospitales que enfrentan un aumento en enfermedades respiratorias y cardiovasculares, al turismo que observa cómo las playas desaparecen y a la infraestructura crítica que sigue siendo vulnerable a apagones y colapsos.

El retraso en la aprobación del plan no es un asunto técnico ni burocrático, es una decisión política que protege intereses económicos inmediatos y sacrifica la seguridad y el bienestar de la población. Cada día sin un plan aprobado significa más vulnerabilidad, más desigualdad y más dependencia externa. La política ha convertido la urgencia climática en un tablero de negociación, mientras el calor, el mar y los huracanes avanzan sin pausa.

Puerto Rico no puede seguir atrapado en esa dinámica. El reloj climático no se detiene y la isla necesita un plan aprobado, financiado y ejecutado. No mañana, no en 2030, sino ahora. Porque los retrasos favorecen a unos pocos, pero el impacto acumulado golpea a todos. Y porque la política, cuando se convierte en obstáculo frente a la emergencia climática, deja de ser gobernanza y se convierte en irresponsabilidad histórica.

La discusión del proyecto tiene que atenderse en la sesión legislativa que comenzó hace unos días; no debe retrasarse más, porque cada minuto perdido es un golpe directo al futuro de Puerto Rico.

Sobre Daisy Sánchez

Su labor profesional en el campo del periodismo y la investigación le han merecido varios reconocimientos. Dos de sus libros han sido premiados: "Cita con la Injusticia" y "La que te llama vida: In?