A las organizaciones les promete medidas de mitigación pero a un grupo de congresistas les dice que la única alternativa disponible es la reubicación

Mientras que a las organizaciones que luchan por los derechos de las comunidades les prometió medidas de mitigación que eviten reubicar a las familias que viven en zonas de riesgo, el Secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, le dijo a un grupo de influyentes congresistas que su plan de mitigación consiste en reubicar a estas familias, denunció Ayuda Legal de Puerto Rico (Ayuda Legal).

Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, acusó al Secretario Gil Enseñat de mantener un doble discurso. “A nosotras (las comunidades y sus organizaciones) nos dice que minimizarán los desplazamientos con medidas de mitigación y a los congresistas les dice que es a través de la reubicación que atenderá el problema de las familias que viven en zonas designadas como inundables o con algún otro riesgo”, advirtió. “¿Cómo el Secretario Gil Enseñat va a lograr credibilidad y respeto con este peligroso doble discurso?”, preguntó y añadió que el lunes solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced su intervención urgente en este asunto.

El congresista mexicoamericano Raúl Grijalva, quien preside la Comisión de Recursos Naturales, con jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal, las representantes puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y el senador cubanoamericano Robert Menéndez le habían escrito al Secretario Gil Enseñat en octubre para expresar su preocupación, precisamente, por la ausencia de una política clara que evite desplazamientos en las normas que creó el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda) para administrar el programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3).

En su respuesta, Gil Enseñat alegó que sí hay una política para minimizar desplazamientos y que esa política consiste en reubicar familias. El Secretario Gil Enseñat descartó la mitigación y la reconstrucción o reparación de hogares de las familias que vivan en zonas inundables o con otros riesgos, o que carezcan de título de propiedad. La única alternativa de ayuda para estas familias es la reubicación, según la carta del funcionario a los congresistas.

Godreau Aubert recordó que hace dos semanas, después de meses de exigencias para que se estableciera una política pública de evitar el desplazamiento de las familias, altos funcionarios de Vivienda anunciaron, en reuniones con Ayuda Legal y con otras organizaciones afines, así como en apariciones en medios de comunicación, que harían cambios en la política de diseño e implementación del programa R3 y que esos cambios buscarían mitigar antes de reubicar a las familias afectadas en sus viviendas.

Gil Enseñat también dijo que la reubicación es una alternativa siempre “voluntaria”. Sin embargo, Godreau Aubert preguntó cómo puede calificarse de acto voluntario el que una persona tenga que escoger entre quedarse en una casa con un toldo viejo en el techo o reubicarse con ayuda gubernamental. También cuestionó cómo es posible que en zonas designadas como inundables o de riesgo se le impida a una familia pobre reconstruir o reparar su casa pero se promueva la construcción de hoteles y viviendas de lujo.

Según Godreau Aubert lo que está en juego es el derecho a una recuperación justa de las familias que perdieron su hogar o que sufrieron daños considerables en sus viviendas a causa del huracán María. Algunas de estas familias todavía tienen por techo los toldos azules que en su día entregó o pagó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y que hoy están en tan malas condiciones que se cuela el agua de lluvia, abundó.

De acuerdo a las normas que Vivienda estableció para el programa R3, la única alternativa para las familias que viven en zonas designadas por FEMA como inundables o consideradas en riesgo de deslizamiento es la reubicación. Estas normas, explicó Paula Fournier del Valle, quien coordina el programa de Recuperación Justa de ALPR, prácticamente hacen imposible la reconstrucción en estas zonas, donde se ubican aproximadamente 250,000 hogares. Asimismo, las personas que no tienen títulos de propiedad tienen que enfrentar barreras adicionales para solicitar y podrían no recibir asistencia para reubicación si no logran formalizar su título. Fournier del Valle destacó que la inmensa mayoría de las familias que viven en zonas de riesgo o que carecen de títulos de propiedad son familias pobres que se han empobrecido aún más durante la espera de 27 meses por una recuperación justa.

El Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) ha asignado hasta la fecha $9,200 millones en fondos CDBG-DR. Sin embargo, HUD solamente ha desembolsado $1,500 millones, de los cuales $825 millones fueron asignados al programa R3.

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