Una decisión del Trubunal Superior, sala de San Juan, favorece a las comunidades más vulnerables del país y exige la reapertura de todos los comedores escolares, según se anunció en un comunicado de prensa distribuido por los abogados de los demandantes.

“Las personas que están pasando hambre en medio de estas circunstancias extraordinarias, que no tienen acceso a un plato de comida y las familias puertorriqueñas en general, salieron victoriosas con la decisión emitida hoy (viernes 22 de abril) por el juez superior Anthony Cuevas que ordena la reapertura de todos los comedores escolares como siempre debió haber sido”, dijo la abogada Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.

“Esta sentencia llegó en un momento oportuno. Precisamente hoy (ayer viernes) estábamos recibiendo las llamadas de madres y padres de toda la Isla preocupados por la falta de alimentos. Esta noticia nos llena de alegría y al compartirla con esas familias sus expresiones son de profundo agradecimiento. Esta es una victoria para el pueblo”, dijo Carmen Warren del Comité Timón Padres y Madres de Educación Especial.

Por su parte,  Janice Soliván Roig, de Casa Juana Colón, afirmó: “En esta demanda se habló por aquellas personas que han sufrido, una vez más, la falta de sensibilidad y acción del Estado. Casa Juana Colón y otras organizaciones hermanas fuimos parte de algo histórico y vital para garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Como bien dijera el juez en la vista del viernes 15 de mayo en la que el Departamento de Educación debió ir preparado para demostrar que estaba cumpliendo con su deber de alimentar, ‘el enemigo es el COVID-19, no el pueblo’.  Cuando se cree en la justicia social hay que dar la batalla, el pueblo nos necesita, nos necesitamos”.

Lucía Santana, portavoz de Solidaridad Humanitaria del Residencial Manuel A. Pérez, añadió: “Esta victoria será parte del historial de nuestro residencial. En nuestro residencial hay una población de más de 2,000 niños y entre las tres extensiones hay alrededor de más 4,000 personas. Este logro quedará para la historia como el único Residencial, que fue parte de esta demanda y con la cual mis niños, jóvenes y adultos de la tercera edad han ganado… Mis lágrimas son de alegría”.

Por su parte, Giovanni Roberto de Comedores Sociales expresó que “hay que celebrar que más gente comerá gracias a esta decisión mientras nos aseguramos que se implemente con la urgencia que amerita. El estado tiene recursos para hacer incluso más, si enfrentara las situaciones con responsabilidad y sensibilidad, pero es lo contrario, deciden reabrir la economía de manera apresurada mientras han puesto excusas tras excusas durante los pasados dos meses”.

Osvaldo Burgos Pérez, uno de los abogados que encabezó la sesoría legal de esta demanda explicó que “este caso no es un caso típico entre dos partes en controversia. Se trataba de reivindicar algo tan básico como el derecho al alimento en Puerto Rico. Un derecho que el Gobierno se negaba a reconocer a pesar de los reclamos de personas de todo el país y de la evidencia que cada día recogían los medios de comunicación. El Tribunal dio sentido a las leyes y les dio valor humano frente a la insensibilidad del Gobierno”.

“El hambre del pueblo nunca debió llegar al tribunal”, añadió otra también abogada del caso, Mary Cele Rivera Martínez.

El Tribunal reconoció la importancia de los reclamos de las organizaciones y personas demandantes al expresar que: “En este caso, no se trata exclusivamente de la reivindicación de un derecho, se trata de la supervivencia misma que tanto invocan las diversas órdenes ejecutivas que nos han mantenido aislado, manteniendo al pueblo encerrado sin la oportunidad de traer el sustento a su hogar. No nos parece justo que el gobierno utilice como defensa que, le corresponde a los padres y madres ser quienes, en primer orden, brinden los alimentos a sus hijos y, al mismo tiempo, tenerlos incapacitados económicamente”.

En su decisión el juez recalcó: “… entendemos que existe un deber ministerial del Estado de alimentar a las personas que lo necesiten mientras dure el estado de emergencia en el cual se mantiene sumido el país. Este surge de la misma política pública que ha establecido el Gobierno a través de los estatutos antes citados. Cuando los padres o familiares se vean imposibilitados de llevar los alimentos a su hogar, es deber del Estado hacerlo. Además, es el Estado quien tiene que velar por el bienestar general del menor y, a la misma vez, de las personas que no tienen lo suficiente para sobrevivir durante estos tiempos extraordinarios. Solo de esta forma, el Estado estaría cumpliendo con su deber”.

Según Pagán Jiménez, aunque han pasado más de dos meses desde que se decretó la cuarentena general que limitó el acceso a las escuelas, a los comercios y a fuentes de ingreso de una gran parte de la población, esta es una decisión necesaria que se tiene que implementar ya. “Urge que el Gobierno rinda cuentas y que diga qué día abren los comedores”.

El grupo de demandantes incluyó a las organizaciones Proyecto Matria, Casa Juana Colón, Solidaridad Humanitaria, Comedores Sociales, el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial y personas de varios pueblos alrededor de la isla.

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